(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 2 de abril de 2001: LA SIP EXHORTA AL GOBIERNO COSTARRICENSE A REFORMAR LEGISLACION QUE PROTEGE A FUNCIONARIOS PUBLICOS Miami (2 de abril del 2001) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhorto al gobierno de Costa Rica a […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 2 de abril de 2001:
LA SIP EXHORTA AL GOBIERNO COSTARRICENSE A REFORMAR LEGISLACION QUE PROTEGE A FUNCIONARIOS PUBLICOS
Miami (2 de abril del 2001) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhorto al gobierno de Costa Rica a reformar la legislacion penal sobre los llamados «delitos contra el honor» y el desacato, figuras que crean un marco restrictivo para el ejercicio de la libertad de expresion y de prensa, contradiciendo así tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el país es signatario.
El pedido de la SIP surge tras un fallido encuentro que en el marco de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debían sostener el pasado 30 de marzo funcionarios del gobierno costarricense y ejecutivos del diario La Nacion. La reunion había sido convocada por la CIDH para explorar iniciativas que permitan reformar aquellas leyes que sobreprotegen a los funcionarios públicos en detrimento del derecho a la informacion.
La posicion de la SIP, expresada por su titular, Danilo Arbilla, en una carta enviada al presidente de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez, fue a raíz de que un tribunal costarricense desconocio la potestad de la CIDH después que emitiera medidas cautelares sobre una sentencia que condena al periodista Mauricio Herrera Ulloa y al diario La Nacion.
Las condenas, en ambos casos, se debieron a publicaciones que el periodista hizo en La Nacion en 1995 sobre escándalos financieros que involucraban a Félix Przedborski, un ex embajador honorario de Costa Rica ante la Organizacion Internacional de Energía Atomica, con sede en Viena, Austria. Los hechos fueron basados en denuncias efectuadas por reconocidas publicaciones europeas, Le Soire Ilustre, La Libre Belgique, Der Spiegel. En noviembre de 1999 los jueces consideraron que La Nacion no había podido demostrar los hechos mencionados por los diarios europeos.
En febrero, tras el rechazo de un recurso de apelacion hecho por los demandados ante la Corte Suprema de Justicia, la SIP califico el hecho de «desmesurado, funesto y negativo precedente de censura y un atentado a los principios básicos de la libertad de expresion».
Texto de la carta enviada hoy por Arbilla al Presidente de Costa Rica:
«La Sociedad Interamericana de Prensa observa con extrema preocupacion el desarrollo que ha tenido una sentencia contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa y, solidariamente en lo civil, el diario La Nacion, cuyos precedentes se han convertido en un elemento atemorizante contra la prensa costarricense y pueden ser usados por funcionarios públicos para eludir la crítica y amenazar a quienes la ejerzan, con graves perjuicios para la democracia de su país.
Tenemos conocimiento de que hasta el día de hoy a pesar del pedido de medidas cautelares formuladas por la Comision Interamericana de Derechos Humanos, instando a que no se ejecute la sentencia mientras se sigue el caso, el tribunal de Juicio Penal del Primer Circuito Judicial de San José ha desconocido la competencia de la CIDH y ha ordenado la ejecucion de la sentencia. Debido a ello, la CIDH pidio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decrete medidas provisionales que protejan al periodista y al diario.
Nos preocupa muy especialmente que el Gobierno de Costa Rica no haya asistido, el pasado 30 de marzo, a una reunion convocada por la CIDH para explorar formulas de solucion amistosa que deberían contemplar un cambio de la legislacion penal sobre los llamados «delitos contra el honor» y de desacato, ya que estas figuras crean un marco restrictivo para el ejercicio de la libertad de expresion y de prensa, contradiciendo así tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el país es signatario.
Confiados en la posicion de Costa Rica en materia de derechos humanos, aspecto que queda nuevamente reconocido con la asamblea general que la Organizacion de Estados Americanos realizará en su país, le exhortamos a que disponga las medidas necesarias para que, dentro del ordenamiento constitucional, ejerza su liderazgo que permita una solucion adecuada a esta situacion y se tramite de forma expedita una reforma a la legislacion con el fin de evitar privilegios y protecciones de los funcionarios públicos en detrimento del derecho del público a la informacion.
Le instamos, además, a que su gobierno se sume al pedido de la CIDH para que la Corte emita medidas provisionales, y así se resuelva favorablemente este caso.»
