La Sociedad Interamericana de Prensa condenó una medida judicial que censuró en Brasil a la revista IstoÉ, obligándola a retirar del mercado su publicación semanal, por registrar informaciones sobre un caso de corrupción en la administración pública.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó una medida judicial que censuró en Brasil a la revista IstoÉ, obligándola a retirar del mercado su publicación semanal, por registrar informaciones sobre un caso de corrupción en la administración pública.
La jueza Maria Marleide Maciel Queiroz, de Fortaleza, en el estado de Ceará, ordenó el 15 de septiembre a IstoÉ, una de las revistas más prestigiosas del país, a retirar su edición de esta semana, así como una nota de su portal de internet. La medida judicial responde a una demanda por calumnia, difamación y daño moral presentada por el gobernador del estado, Cid Gomes, quien se sintió ofendido por un reportaje en el que se le vincula a actividades corruptas en Petrobras, la empresa petrolera brasileña.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, condenó la “frecuencia con la que en Brasil los jueces protegen a los funcionarios públicos en desmedro de los medios de comunicación y, en especial, en contra de la garantía constitucional que permite a todo brasileño gozar de su derecho a recibir y divulgar información libremente”.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, dijo que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”, poniendo énfasis en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH en su artículo 11, agregando que “le corresponde a los medios de comunicación ejercer su papel fiscalizador y a los jueces que se garantice ese valor democrático”.
El gobernador Gomes demandó a IstoÉ luego que periodistas de la misma revista le enviaran un correo electrónico solicitándole su reacción sobre las declaraciones a la justicia que hizo el ex director de Petrobas, Paulo Roberto Costa, que lo vinculó a una lista de autoridades que habrían participado de tráfico de influencias y sobornos. Costa, acusado por corrupción, dio sus declaraciones en el marco de un régimen de confesión que le permite obtener una reducción de su sentencia.