El 5 de noviembre de 2014, la CIDH ordenó al gobierno hondureño a suspender una inhabilitación periodística de 16 meses y otras sanciones impuestas a Alvarado por supuesta difamación de un funcionario público, mientras que la Comisión investigue su caso.
Este artículo fue publicado originalmente en pen-international.org el 4 de diciembre de 2014.
Las autoridades hondureñas deben detener su acoso judicial del periodista Julio Ernesto Alvarado, que continúa a pesar de las medidas de protección jurídicamente vinculantes que le fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un mes – y la presencia de la CIDH en Honduras esta semana, dijo hoy PEN Internacional. Alvarado es miembro fundador del PEN Honduras, creada en octubre de 2014.
«Que el máximo órgano regional de derechos humanos en las Américas haya ordenado la protección del periodista, hace aún más flagrante que el continuo acoso por parte de las autoridades es una clara violación de sus derecho a la libertad de expresión,» dijo Carles Torner, director ejecutivo de PEN Internacional.
«Hacemos un llamado para que el gobierno tome medidas inmediatas para poner en práctica las medidas cautelares, suspendiendo la inhabilitación periodística de Julio Ernesto Alvarado, confirmándolo por escrito a él y a la CIDH, y para que pueda continuar su labor legítima como periodista sin temor a más persecución.»
El 5 de noviembre de 2014, la CIDH ordenó al gobierno hondureño a suspender una inhabilitación periodística de 16 meses y otras sanciones impuestas a Alvarado por supuesta difamación de un funcionario público, mientras que la Comisión investigue su caso. La sentencia también requiere que el gobierno se abstenga de realizar cualquier acción que pudiera inhibir al periodista que ejerza su profesión.
La CIDH le dio al gobierno 10 días para poner en práctica su decisión. Sin embargo, un mes después del pronunciamiento, el Estado hondureño no sólo no ha suspendido la inhabilitación periodística, sino el tribunal que dictó la sentencia contra Alvarado también está tratando activamente de implementarla.
En dos ocasiones ayer funcionarios del tribunal intentaron sin éxito entregar documentos a Alvarado en TV Globo, donde presenta el programa de noticias ‘Mi Nación’. Esto ocurrió después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa admitió por fin un amparo (recurso de inconstitucionalidad) interpuesto contra la sentencia de Alvarado en octubre, pero sin la suspensión de la inhabilitación periodística solicitada.
Este flagrante desprecio por el fallo de la CIDH se produce a pesar de la presencia de la CIDH en Honduras esta semana para una misión en el país que terminará el 5 de diciembre. El nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, ya se ha reunido con Alvarado y su abogada.
La decisión de la CIDH en el caso de Alvarado fue aclamado por PEN Internacional como un fallo transcendental y un mensaje claro a los gobiernos de la región para proteger a los periodistas y garantizar el derecho a la libertad de expresión. Es la primera vez que la CIDH ha revocado la inhabilitación de un periodista en el ejercicio de su profesión. PEN Internacional solicitó las medidas cautelares, junto con la Presidenta de PEN Honduras, Dina Meza, y la abogada de Alvarado y miembro de PEN Honduras, Kenia Oliva Cardona.
PEN pide a la CIDH y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que hagan todo lo posible para asegurarse de que el gobierno de Honduras cumpla con su histórico fallo antes de que abandonen el país.
Antecedentes
La decisión de la CIDH, emitida el 5 de noviembre de 2014, que impone una multa y la inhabilitación periodística para Alvarado durante 16 meses, es el resultado de una batalla judicial compleja entre el gobierno hondureño y el periodista.
El fallo inicial de diciembre de 2013, que impuso una sentencia privativa de libertad de 16 meses y la inhabilitación para el periodismo del director y presentador del programa de noticias ‘Mi Nación’ de Globo TV, se debió a la cobertura de presunta corrupción de la decana universitaria Belinda Flores. En abril de 2014, Alvarado pagó la multa para que la sentencia de cárcel y suspensión de su trabajo se dejaran sin efecto. Sin embargo, Flores apeló, y el 22 de agosto la Corte de Apelaciones de lo Penal en Tegucigalpa decidió que la inhabilitación periodística debería ser reestablecida. El fallo fue comunicado a la abogada de Alvarado el 26 de septiembre, más de un mes luego de haber sido emitido.
El 29 de septiembre, la abogada de Alvarado apeló pidiendo que la Corte reconsidere su decisión de reestablecer la inhabilitación periodística. Este pedido fue rechazado al día siguiente, el 30 de septiembre-un fallo dictado tan rápido que no tiene precedentes en el contexto del sistema judicial hondureño, en el que proceso de apelación suele demorar meses y hasta años. La notificación con esta decisión fue el 29 de septiembre, horas después de que Alvarado y Dina Meza debatieron en su programa de televisión sobre el caso y las irregularidades en la Corte de Apelación. Sin embargo, hubo otra demora en la notificación del fallo para la abogada defensora de Alvarado, quien no recibió el fallo hasta el 6 de octubre.
El 9 de octubre de 2014, la abogada de Alvarado presentó una solicitud para que se suspenda la implementación de la decisión pendiente una revisión por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta acción de amparo es un recurso para la protección de derechos constitucionales cuando todas las otras vías de apelación han sido agotadas.
En ausencia de una respuesta, el 17 de octubre Alvarado, junto a otros periodistas y miembros de PEN Honduras, presentaron 13 amparos más ante la Corte Suprema . Procedimiento establece que la abogada de Alvarado y los otros peticionarios deberían haber recibido una respuesta dentro de las 24 horas, pero hasta el presente todavía no ha habido respuesta de la Corte Suprema.
La Corte Suprema confirmó la inhabilitación periodística el 7 de noviembre de 2014. Sin embargo, esto es anulada por la decisión de la CIDH de conceder medidas cautelares a Alvarado.
