En un evento organizado por el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, participantes discutieron cómo y hasta dónde se regulan, y cómo se implementan las leyes de comunicación. La periodista Silvia Chocarro cubrió la discusión para IFEX.
¿Es la mejor ley de comunicación aquella que no existe? Claramente, no. La regulación es necesaria. La cuestión es cómo y hasta dónde se regula, y cómo se implementa. Éste fue el punto de partida del debate sobre los desafíos de la libertad de expresión en América Latina organizado el 11 de febrero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Diálogo Interamericano en Washington DC (Estados Unidos).
Según explicó a IFEX el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, los objetivos de reunir a un grupo de especialistas fueron tres: exponer el plan de trabajo de la relatoría, debatir sobre los retos en materia de libertad de expresión y proponer recomendaciones, en especial sobre la elaboración e implementación de leyes de comunicación. Además, se debatió sobre el impacto de Internet en el ejercicio de la libertad de expresión y los retos en torno a su gobernanza.
Legislar para el pluralismo y la diversidad
“Actualmente se acepta que la regulación es necesaria, pero no siempre fue así”, reconoció Santiago Cantón, Director Ejecutivo del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos y primer relator para la libertad de expresión de la CIDH (1998-2001). En efecto, como añadió Edison Lanza, no fue hasta hace pocos años que América Latina inició el proceso de modernización de las legislaciones en materia de comunicación. No obstante, dijo, hoy se ha convertido en un debate de actualidad, “fundamental para promover el pluralismo y la diversidad de medios de comunicación como vía para promover la democracia”.
“La diversidad y el pluralismo son una cuestión central”, afirmó Guilherme Canela, Asesor de Comunicación e Información de la UNESCO para la oficina regional en Montevideo (Uruguay), aunque matizó que “no es sólo un tema de concentración de la propiedad de los medios”, es también una cuestión de “concentración de poder”. “Tampoco –añadió- es sólo un asunto de transmisión de información sino también de recepción y búsqueda de información”, los tres pilares del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es más, “sin pluralismo y diversidad, no hay participación ciudadana y, por tanto, no hay democracia”, manifestó Frank La Rue, ex-relator para asuntos de libertad de expresión de Naciones Unidas (NU) y actualmente en el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos en Florencia (Italia).
No hay “recetas mágicas” cuando se trata de regular la comunicación y los medios de comunicación, manifestó Canela, aunque enumeró algunos de los ingredientes imprescindibles, como son garantizar un proceso legislativo participativo, promover la autorregulación, regular el uso de la publicidad estatal, tener medios verdaderamente públicos, fomentar un periodismo de calidad, fortalecer a la sociedad civil para monitorear los procesos comunicativos y en última instancia, tener un órgano regulador independiente.
Argentina, Ecuador y Uruguay: las primeras leyes de comunicación
En los últimos años, Argentina, Ecuador y Uruguay aprobaron leyes de comunicación y el debate legislativo está abierto en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. En el encuentro, se escucharon voces señalando que la recién aprobada ley audiovisual de Uruguay podría ser un buen modelo para otros países. Para Gustavo Gómez, director de Observacom (Uruguay), más que un “modelo” puede servir de “referencia”, pero adaptada a cada contexto específico. En su opinión, el aspecto más interesante fue su concepción participativa, que incluyó al gobierno, los medios de comunicación, la sociedad civil y la academia; aunque reconoció a IFEX que hubo aspectos más difíciles de consensuar, principalmente relacionados con los límites a la concentración y el reparto del espectro radioeléctrico. No obstante, en su opinión, es un logro que se garantice la coexistencia equitativa de medios públicos, privados y comunitarios, bajo la supervisión de un órgano de regulación independiente.
A diferencia de la ley uruguaya, la ley ecuatoriana no fue resultado del consenso, según César Ricaurte, Director Ejecutivo de Fundamedios (Ecuador). Sobre el papel promueve la democratización de los medios de comunicación, pero Ricaurte matizó que contiene importantes brechas que han permitido al gobierno ecuatoriano ejercer control y censura sobre la información, los periodistas y los medios, por ejemplo “imponiendo” normas deontológicas a los periodistas y estableciendo la obligación de cubrir los asuntos “de interés público”, según los criterios del propio gobierno. “Por un lado garantizan y por otro castigan”, afirmó Ricaurte.
Por su parte, Damián Loreti, abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), consideró un hecho positivo que en el proceso de elaboración de la ley argentina se tomaran en cuenta las demandas de la sociedad civil, definidas en lo que se llamó la Declaración de los 21 puntos.
Colombia y Guatemala, trabajo por hacer
Los casos de Colombia y Guatemala fueron objeto de discusión. En Colombia, según contó Carlos Cortés, representando a IFEX-ALC, se sigue pensando que “la mejor ley, es la que no existe” y esta falta de regulación se refleja en una fuerte concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Aun así, se mostró optimista porque la expansión de medios gracias a Internet está abriendo el debate sobre los medios de comunicación. Asimismo, destacó que las conversaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla pusieron también en la agenda el tema del acceso a los medios de comunicación y la distribución del espectro radioeléctrico.
La Rue, por su parte, calificó la situación de Guatemala de “trágica” debido a la falta de pluralismo y diversidad en los medios de comunicación en un país donde conviven numerosos grupos étnicos que no están representados. Como ejemplo, contó cómo el parlamento decidió crear una televisión maya, pero no le dieron presupuesto para funcionar, sin darle la posibilidad de funcionar.
Lo que está por venir: ¿regulación en Internet?
El encuentro dedicó un espacio para debatir el impacto de Internet en la libertad de expresión, un tema relevante ante la celebración en América Latina de la conferencia internacional Internet Governance Forum (IGF). Para Eduardo Bertoni, director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo (Argentina), es una oportunidad que no se debe dejar pasar porque puede permitir colocar temas relativos a Internet en la agenda latinoamericana. En su opinión, es el momento de discutir cómo se regula Internet y en particular, la neutralidad en la red, el rol de los intermediarios, el derecho al olvido, el acceso a la red, la censura y el bloqueo de contenidos así como la cuestión del anonimato.
A la hora de regular Internet, según explico Carolina Botero, directora del Grupo Internet y Sociedad de la Fundación Karisma, es importante que la sociedad civil esté alerta para que no se impongan los intereses comerciales sobre los derechos. El reto y la urgencia, según dijo, es que la sociedad civil aprenda y entienda la complejidad de Internet para apropiarse de la red y garantizar que las legislaciones en la materia estén formuladas en beneficio de las personas, con especial atención en los grupos más vulnerables y las cuestiones de género. Como concluyó Paula Martins, de Artículo 19 de Brasil, cualquier regulación debe estar hecha desde la perspectiva de los derechos humanos.
Silvia Chocarro Marcesse es periodista y consultora en temas de libertad de expresión. @silviachocarro
