Las autoridades peruanas deberían llevar a cabo una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de la muerte de tres personas durante un enfrentamiento ocurrido el 28 de septiembre de 2015 entre policías y manifestantes.
Este artículo fue publicado originalmente en hrw.org el 6 de octubre de 2015.
Las autoridades peruanas deberían llevar a cabo una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de la muerte de tres personas durante un enfrentamiento ocurrido el 28 de septiembre de 2015 entre policías y manifestantes que se oponen a un proyecto de minería, señaló hoy Human Rights Watch.
Miembros de la Policía abrieron fuego contra manifestantes que intentaban ingresar a un campamento minero en Cotabambas, en el departamento de Apurímac, en Perú, según informaron medios de prensa y organizaciones de derechos humanos de ese país. Al menos otros 15 manifestantes sufrieron heridas, en varios casos provocadas por armas de fuego. Doce policías también resultaron heridos por manifestantes que participaron en actos violentos, como arrojar piedras, según señalaron medios locales.
“Los manifestantes que cometen actos violentos deben rendir cuentas por sus actos, pero también debe hacerlo cualquier policía que haya empleado fuerza excesiva en contra de manifestantes”, observó Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch. “Por supuesto que los policías tienen derecho a defenderse, pero no tienen derecho a usar la fuerza de forma letal salvo que no exista otra repuesta proporcional ante una amenaza inminente a la vida.”
Las protestas contra supuestos cambios al estudio de impacto ambiental de la mina de cobre comenzaron en septiembre de 2015. Los hechos de violencia se desataron el 28 de septiembre, cuando los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza al campamento minero. Según trascendió en la prensa local, la policía respondió abriendo fuego contra los manifestantes.
Los tres manifestantes que murieron son Exaltación Huamaní Mío, de 32 años, Alberto Cárdenas Chaco, de 24, y Beto Chahuayllo Huillca, de 39. De acuerdo con datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo a la organización no gubernamental peruana Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh), 7 civiles y 3 policías continúan hospitalizados.
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley exigen que los funcionarios de seguridad pública, al intervenir en protestas violentas, recurran en primera instancia a un uso de la fuerza proporcionado que no sea letal. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios de seguridad pública deben ejercer la moderación y actuar en proporción a la gravedad del riesgo que enfrentan. El objetivo legítimo debe cumplirse reduciendo al mínimo los daños y las lesiones, y preservando la vida humana.
