(RSF/IFEX) – En una carta dirigida a Winston Spadafora Franco, Ministro de Gobierno y Justicia, RSF protesto «por las irregularidades que vician las diligencias judiciales entabladas contra los periodistas Miren Gutiérrez, Monica Palm, Gustavo Gorriti y Rolando Rodríguez del diario ‘La Prensa'». Estos profesionales están accusados de calumnia e injuria por el Procurador General de […]
(RSF/IFEX) – En una carta dirigida a Winston Spadafora Franco, Ministro de Gobierno y Justicia, RSF protesto «por las irregularidades que vician las diligencias judiciales entabladas contra los periodistas Miren Gutiérrez, Monica Palm, Gustavo Gorriti y Rolando Rodríguez del diario ‘La Prensa'». Estos profesionales están accusados de calumnia e injuria por el Procurador General de la Nacion, José Antonio Sossa. La organizacion pidio al Ministro que tome las disposiciones necesarias para que «la instruccion judicial se ajuste a las normas impuestas por la equidad». Habida cuenta de que estos cuatro periodistas pueden ser condenados a una pena máxima de dos años de cárcel, Robert Ménard, Secretario General de RSF, pidio una vez más al gobierno panameño «que sean derogadas las leyes que sancionan los delitos de prensa con penas de prision».
Según las informaciones recogidas por RSF, a las seis de la mañana (hora local) del 8 de agosto del 2000, varios agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ) se presentaron en el domicilio del director afiliado de «La Prensa», Gorriti, y en los de Gutiérrez, Palm y Rodríguez, periodistas de ese mismo diario. Los policías iban provistos de una «orden de conduccion» expedida el 1° de agosto por el fiscal Armando Fuentes. La orden judicial se ejecuto, pese al recurso de Habeas Corpus presentado la víspera por el abogado de los periodistas, Alejandro Watson, ante el Segundo Tribunal de Justicia. Además, en la estructura de la administracion de justicia panameña, el fiscal Fuentes es un subalterno del autor de la denuncia, el Procurador General Sossa.
La denuncia fue presentada el 25 de octubre del 1999 y está basada en el Artículo 175 del Codigo Penal, en el que se dispone que toda persona que publique o difunda informaciones perjudiciales para la reputacion de otra puede ser sancionada con una pena de 18 a 24 meses de prision. Sossa acusa a «La Prensa» de haber publicado una serie de artículos en sus ediciones del 7 y 8 de agosto del 1999, en los que se le acusaba de proteger a un hombre de negocios estadounidense, sobre el que pesan sospechas de vinculacion con narcotraficantes.
