El reciente asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres ha demostrado muy claramente que cualquiera que se oponga a los intereses de los poderosos en Honduras está en peligro. Pero, al mismo tiempo, la respuesta desafiante ante su asesinato ha demostrado que el valor de los hondureños y su compromiso para resistir a la dictadura y defender la tierra es inquebrantable.
La primera vez que fui a Honduras fue en 2009, a raíz del golpe militar. Yo era parte de una delegación de derechos humanos, y sería el primero de varios viajes que haría a Honduras entre 2009 a 2016 como investigador, periodista y observador de derechos humanos. Sabía muy poco de la política hondureña antes del golpe, y mientras que me apuraba para estar al tanto de lo que estaba ocurriendo, el primer artículo que recuerdo leer fue la transcripción de un discurso de Berta Cáceres, en el que señaló que «ningún país del mundo se habría sentado a hablar de Honduras … si no hubiera sido por la lucha del pueblo hondureño». El golpe de Estado, insistió, había sido una respuesta a la fuerza y el compromiso de los activistas, la defensa de su tierra, el medio ambiente y sus comunidades.
Si avanzamos al 2016 y de cara a una dictadura militar en curso, Berta era uno de los nombres más destacados en Honduras, con una reputación internacional que incluyó ganar el Premio Goldman para el Medio Ambiente por su trabajo protegiendo a su comunidad indígena del destructivo proyecto de presa hidroeléctrica Agua Zarca. Las empresas como la que trata de construir Agua Zarca ofrecen sobornos a funcionarios, llevan a cabo procesos de consulta falsos, compran tierras ilegalmente, y a veces se las apropian directamente.
Mientras tanto, los activistas comunitarios del medio ambiente como Berta están sujetos a todo tipo de violencia y manipulación en sus esfuerzos por defender la tierra. Las amenazas de muerte son comunes, muchas veces contra las familias de los activistas, y los defensores de la tierra se ven muy seguido arrastrados a través del sistema de justicia bajo cargos falsos. Las empresas en cuestión utilizan fuerzas de seguridad privada para imponer su voluntad y, en algunos casos, incluso tienen el apoyo directo de la policía y los militares hondureños.
Luego de reportar innumerables amenazas contra su vida, más recientemente por parte de hombres conectados a la compañía canadiense Blue Energy, Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016. Si bien es sólo uno de cientos de casos de hondureños que han sido asesinados por defender la tierra, el asesinato de Berta ha provocado una respuesta internacional importante, en parte debido a su alto perfil. El hecho de que se haya matado a Berta impunemente, envía un mensaje claro: si pueden salirse con la suya en este caso, pueden salirse con la suya siempre.
Sombras imperiales
¿Cómo se deterioró tanto la situación en Honduras? En América del Norte, tendemos a pensar que los otros países se meten ellos mismos en estos líos, quizá debido a su experiencia limitada con la democracia o porque tienen una tendencia cultural hacia la irracionalidad y el conflicto. Estas explicaciones absurdas a menudo enmascaran la verdadera causa de la inestabilidad y la violencia: el legado del imperialismo.
Honduras ha tenido un encuentro problemático de 500 años con el «Occidente». Después de tres siglos de violenta conquista española, Honduras emergió como un Estado independiente, que rápidamente llegó a ser conocido como una «República bananera» debido a su completa dominación por parte de compañías de frutas estadounidenses. Las dictaduras sucesivas patrocinadas por los magnates bananeros, privaron a los hondureños de sus derechos durante la mayor parte del siglo 20, mientras que las plantaciones asolaron las costas y llenaron los bolsillos de los propietarios de negocios estadounidenses y de unos pocos propietarios hondureños.
No fue sino hasta la década de 1990 en que se le brindó la oportunidad a los hondureños de llevar a cabo elecciones libres, crear un sistema legal de alguna manera funcional, y construir estructuras significativas de la sociedad civil.
El resultado totalmente predecible de permitir que la gente promedio tenga cierto control sobre sus vidas fue que esa gente empezó a exigir una participación más equitativa de la riqueza del país. Exigieron la libertad de expresarse sin represalia violenta. Por encima de todo, exigían que sus tierras y el medio ambiente sean protegidos frente a las empresas extranjeras que buscan construir minas, represas y plantaciones.
Todo esto iba en fuerte contradicción con la forma en que Honduras había sido gobernada por siglos, y con cada victoria popular – una suspensión de las nuevas concesiones mineras, el aumento del salario mínimo, y sobre todo una propuesta para reformar la Constitución de Honduras – la clase dominante se volvía cada vez más incómoda.
La nueva Honduras
En junio de 2009, la vieja élite ya se había cansado del experimento de tener un gobierno responsable. Así gestaron un complot para secuestrar al presidente elegido democráticamente, y tomar el control completo del Estado. Luego, le pidieron a sus aliados – en particular los Estados Unidos y Canadá – que le digan al mundo que se trataba de una transferencia legítima del poder y que no debía haber ninguna interrupción de los «negocios como siempre» en Honduras.
No hace falta decir que en Honduras, ya nada era «como siempre». Los hondureños como Berta Cáceres habían luchado durante décadas para construir un sistema democrático funcional que le permitiera a la gente proteger a sus comunidades, y ahora se encontraban bajo el ataque de la policía y los militares.
Cientos de personas murieron cuando inundaron las calles exigiendo el regreso del presidente. El Estado hizo cumplir el toque de queda, reprimió la disidencia, equiparó todo el trabajo de activismo con «terrorismo» y escribió listas con los nombres de las personas que debían ser arrestadas por su participación.
La dictadura organizó elecciones diseñadas para crear la apariencia de una democracia, pero llevó a cabo ataques dirigidos a los candidatos de la oposición, incluyendo el principal candidato presidencial Carlos H. Reyes, que se retiró de las elecciones después de haber sido aporreado en la cabeza por el bastón de un policía.
Pero los defensores de la tierra de Honduras no dieron marcha atrás, incluso frente a la violencia. Las estaciones de radio siguieron emitiendo informes críticos, incluso mientras atacaban periodistas y se les destruía el equipamiento. Los defensores de los derechos humanos publicaron los nombres y contaron las historias de las personas que fueron amenazadas, atacadas, detenidas y asesinadas. Los abogados lucharon por el restablecimiento del Estado de derecho en los tribunales. Y mientras tanto, los defensores de la tierra crearon bloqueos para detener los destructivos mega-desarrollos que causan estragos en la tierra de la cual dependen los hondureños.
Berta no murió…
Por desgracia, la resistencia hondureña no logró su objetivo inmediato de la restauración de un Estado democrático de derecho en el país. A pesar del reconocimiento generalizado de que las elecciones realizadas bajo la dictadura fueron fraudulentas, el régimen se ha mantenido en el poder con el apoyo de los Estados Unidos y de Canadá.
De hecho, su control se ha reforzado desde el año 2009. El actual presidente, Juan Orlando Hernández, ha buscado consolidar su propio control del país a largo plazo, después de haber cambiado la constitución para poder ser reelegido y luego de haber creado una unidad de policía militar especial constituida de gente que le es leal.
Mientras tanto, se impusieron dolorosas medidas de austeridad en el país, hundiendo a los pobres de Honduras en circunstancias cada vez más graves, y se expuso el país a concesiones extranjeras cada vez más explotadoras, reduciendo los impuestos sobre sus ganancias y eliminando las regulaciones que fueron diseñadas para proteger a las personas y el medio ambiente. Aunque estas sean buenas noticias para empresas como las canadienses Goldcorp o Gildan, tienen consecuencias desastrosas para los hondureños que toman agua envenenada por la escorrentía de Goldcorp o desarrollan discapacidades permanentes en las fábricas de Gildan.
Estas empresas no tienen miedo a las represalias debido a que el Estado de Honduras está ahora firmemente en el bolsillo de las grandes empresas, y ha demostrado estar más que dispuestos a utilizar la violencia para proteger sus intereses. Un ejemplo: el asesinato de Berta Cáceres.
Esto es, quizás, donde la historia de Honduras es más desmoralizante, pero, paradójicamente, también más esperanzadora. Por un lado, su asesinato ha demostrado muy claramente que cualquiera que se oponga a los intereses de los poderosos en Honduras está en peligro. Pero, al mismo tiempo, la respuesta desafiante frente a su asesinato ha demostrado que el valor de los hondureños y su compromiso para resistir a la dictadura y defender la tierra es inquebrantable. Estos se vieron demostrados por las manifestaciones masivas en su nombre, un oleaje de atención internacional sobre su caso, y la promesa garabateada en las paredes de las ciudades de Honduras: «Berta no murió, se multiplica.»
El clima peligroso para los defensores del medio ambiente en Honduras es producto de las acciones tanto de Honduras como de los gobiernos de América del Norte. Por lo tanto, para aquellos de nosotros fuera de Honduras que están comprometidos con la justicia ambiental y social, es de suma importancia que, también, nos volvamos Berta Cáceres. Los derechos humanos y las organizaciones ambientales en América del Norte – como Rights Action y Global Witness – se solidarizaron con los que están en Honduras – al igual que COFADEH y COPINH – que se han opuesto al gobierno militar y reivindicaron el retorno a la democracia y la protección de los derechos básicos. Estas redes serán de vital importancia para proteger a los defensores del medio ambiente y de la comunidad, como la hija de Berta que seguirá el trabajo de su madre y, por extensión, se expondrá a los mismos riesgos.
Tyler Shipley enseña política, economía e historia en el Humber College y la Universidad de York en Toronto, Canadá, y es autor del libro de próxima aparición «Ottawa y el Imperio: Canadá y el golpe militar en Honduras».
Una mujer pinta en aerosol la frase «Siempre viva» debajo de una imagen de la activista ambiental asesinada Berta Cáceres, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Tegucigalpa el 8 de marzo 2016AP Photo/Fernando Antonio