Las autoridades gubernamentales amenazaron a medios locales y negaron la entrada a periodistas extranjeros que planean cubrir las protestas masivas, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para silenciar a cientos de miles de venezolanos que piden un cambio.
En los últimos años, Venezuela se asocia cada vez más regularmente con la palabra protesta, y esto tiene que ver con la crisis económica del país y los índices de aprobación cada vez más bajos del presidente Maduro. El gobierno tiene un historial de intentar controlar la cobertura mediática de las protestas, y este fue nuevamente el caso ayer en Caracas, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles en una marcha organizada para llamar a un referéndum que busca expulsar a Maduro de su cargo.
Miembros y partidarios de la oposición han estado tratando de dar un impulso al referéndum con una petición, firmada por casi 2 millones de personas, pidiendo un voto de destitución. La petición fue presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 2 de mayo, pero se detuvo cuando el CNE declaró que 600.000 de las firmas habían sido falsificadas. Esto dio lugar a un proceso de validación de las firmas en junio, durante el cual las personas hicieron fila durante horas para que sus huellas fueran registradas, a pesar de que en realidad sólo se necesitaba del 1% de la población (o 194,729 electores) para apoyar el referéndum.
Se considera que los funcionarios electorales en Venezuela son en gran medida devotos del gobierno.
La oposición afirmó que se habían validado suficientes firmas para finales de junio, pero el CNE aún no ha fijado una fecha para el siguiente paso – una segunda petición que deberá ser firmada por el 20% de la población (casi 4 millones de personas).
Después de eso, el último paso será el voto real para la destitución. Con el fin de remover al presidente, el mismo o un número mayor de las personas que votaron para que asumiera deberá votar su destitución. Eso sería, al menos 7.587.579 personas. Una encuesta reveló en agosto que el 83% de los votantes votaría por su destitución, lo que es más que suficiente para remover a Maduro.
Las protestas del 1 de septiembre son una prueba de la creciente frustración con los retrasos en el proceso y con casi todo lo relacionado a la vida cotidiana en Venezuela. Las tasas de criminalidad han aumentado, la escasez de alimentos y medicamentos empeora día a día, y todas aquellas personas que firmaron la primera petición sienten que no están siendo escuchadas.
La coordinación del tiempo del referendum importa. Si se lleva a cabo después del 10 de enero de 2017 y los votantes deciden remover a Maduro de su cargo, su vicepresidente asumirá el cargo hasta el final de su actual mandato, establecido para terminar en 2019. Sin embargo, si el voto ocurre antes de esa fecha y tiene el mismo resultado, se disparará una elección presidencial, y alguien de la oposición de la alianza MUD (Mesa de la Unidad Democrática), podría convertirse en el primer presidente de Venezuela desde 1998 que provenga de un partido que no sea el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Los miembros de la oposición se han comprometido a mantener la presión sobre el CNE hasta que la fecha para la segunda petición sea anunciada.
En un esfuerzo por restarle importancia a las protestas, el 31 de agosto se les negó la entrada a Venezuela a al menos seis periodistas internacionales que llegaban con el objetivo de informar sobre las protestas. Entre ellos estaban los reporteros de Al Jazeera, y el corresponsal para los Andes del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), John Otis, que estaba bajo la asignación de NPR. El gobierno también detuvo a líderes de la oposición, bloqueó carreteras y cerró las estaciones de metro, en un esfuerzo por evitar que las personas participaran.
La organización local de libertad de prensa IPYS-Venezuela informó que en la mañana del 1 de septiembre, el presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo, también amenazó a los medios de comunicación venezolanos sobre la cobertura de las manifestaciones, diciendo que aplicarían el estado de derecho a los llamados a la violencia, a aquellas personas haciendo caso omiso de las autoridades, a la alteración del orden público y a los “mensajes que podrían causar ansiedad e inquietud pública”. Castillo también acusó a los medios de comunicación de utilizar los medios sociales para organizar protestas violentas y fomentar el malestar público. El canal de noticias de televisión local NTN24 reportó amenazas en contra de su equipo de parte de colectivos a favor del gobierno.
A las 10:30 am en la mañana del 1 de septiembre, otra organización local, Espacio Público, había registrado 12 casos de violaciones a la libertad de expresión afectando a 20 personas. Estos incluían un equipo de CNN en español detenido en el aeropuerto, y varios periodistas acosados y detenidos a lo largo de la ruta de protesta. En el periodo previo al 1 de septiembre, la organización hizo hincapié en la importancia de los derechos de asociación y de reunión pacífica para la participación de los ciudadanos en el proceso político, y por una buena gobernabilidad.
Al comentar sobre la situación en Venezuela, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Pierre Manigault, dijo que el gobierno de Maduro “se opone a la libertad de los periodistas a trabajar, de la misma forma que no permite la entrada de los supervisores electorales y activistas de derechos humanos.”
Mientras que el gobierno de Maduro ha tratado de reprimir los informes de las protestas, incluso informando de que habían sólo 30.000 participantes (grupos de oposición estimaron la participación en más de 1 millón), a juzgar por las numerosas noticias locales e internacionales relativas a la protesta, los manifestantes en Venezuela han sido escuchados.
Pero, ¿escucharán las autoridades gubernamentales y electorales?