La familia de Braulio Jatar denunció que el arresto es una retaliación contra Jatar y un acto de intimidación por difundir información y videos sobre una protesta local contra el presidente Nicolás Maduro.
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 6 de septiembre de 2016.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió la liberación del periodista venezolano Braulio Jatar, director del portal Reporte Confidencial, detenido en Isla Margarita el sábado pasado, y se sumó al pedido a las autoridades de que se garantice su seguridad y el acceso al debido proceso.
Jatar, de 58 años, fue detenido el sábado 3 de septiembre por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y acusado por «legitimación de capitales», delito que conlleva penas de entre 10 y 15 años de prisión. La imputación se sostiene en el hallazgo en su vehículo de un maletín con 25.000 dólares y 19.000 bolívares» (unos 1.900 dólares).
Sin embargo, su familia denunció que el arresto es una retaliación contra Jatar y un acto de intimidación por difundir información y videos en Reporte Confidencial sobre una protesta local el viernes pasado (cacerolazo) contra el presidente Nicolás Maduro.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, pidió a las autoridades venezolanas «garantías a su seguridad física», al tiempo que exigió que «se cumpla con el principio constitucional de respeto a la libertad de prensa, la movilidad y actividad de los periodistas».
Manigault, presidente del diario estadounidense The Post and Courier , de Charleston, Carolina del Sur, recordó que la semana pasada, en el marco de la protesta antigubernamental del 1 de septiembre, la SIP condenó al gobierno por impedir el ejercicio del periodismo y lo acusó por el deterioro de las libertades de prensa y de expresión.
Jatar, quien también es abogado, negó a través de su defensor legal haber tenido el dinero al momento de su detención. Su abogado se refirió al arresto como una emboscada y reveló que el informe oficial indica que Jatar utilizaría ese dinero para entregárselo a «grupos de la oposición para desestabilizar la próxima Cumbre de los Países No Alineados», a celebrarse en Isla Margarita del 13 al 18 de septiembre.
Por otro lado, la SIP también solicitó la liberación de Alejandro Puglia, periodista y director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la Asamblea Nacional, detenido por el Sebin el 1 de septiembre por usar un dron para tomar fotografías de la protesta de ese día en Caracas, e imputado por el delito de «favorecimiento bélico».
Pese a que el Ministerio Público solicitó su liberación, Puglia sigue detenido luego que una jueza acusó al periodista por el delito de «favorecimiento bélico», sancionado en el Código Penal con entre cinco y 10 años de cárcel. Si bien existía una prohibición administrativa para la manipulación de un drone durante las protestas, la legislación actual no lo tipifica como delito, por lo que la situación de Puglia, tal como lo expresó el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), «queda a discrecionalidad del gobierno venezolano».
