Una nueva ley sobre el acceso a la información podrá finalmente permitir a los ciudadanos libaneses responsabilizar a su gobierno.
Casi ocho años después de que se presentara el proyecto de ley al Parlamento, el Líbano finalmente aprobó una ley de acceso a la información el 19 de enero de 2017. Ahora se une a Jordania, Yemen, Irán, Israel y Túnez como los únicos países de Oriente Medio y Norte de África que aprobaron una legislación que, en teoría, permite contar con una mayor transparencia y un público mejor informado.
Si se implementa de manera efectiva, la ley de acceso a la información será fundamental para contrarrestar la corrupción generalizada y que a menudo tiene un efecto debilitante sobre la pequeña nación.
La corrupción en el Líbano es profusa en todos los sectores de la sociedad y todas las ramas del gobierno y se manifiesta en una infinidad de formas incluyendo el soborno, el nepotismo, el favoritismo, el clientelismo y la malversación. Su naturaleza generalizada ha tenido costos socioeconómicos y financieros para la nación. También ha tenido un efecto perjudicial en la relación entre los ciudadanos y el Estado; Una relación crucial para la cohesión social y la reducción de las tensiones políticas y sociales.
El proyecto de ley de acceso a la información fue presentado por primera vez al Parlamento en 2009 por el diputado Ghassan Moukheiber, como miembro de la coalición de los Parlamentarios Libaneses contra la Corrupción (LebPAC) y en nombre de la Red Nacional por el Derecho de Acceso a la Información. La coalición trabajó en estrecha colaboración con grupos de la sociedad civil durante varios años tanto en el desarrollo de la ley como en la búsqueda activa de su aprobación en el Parlamento.
En su forma actual, la nueva ley permite a cualquier persona, ya sea libanesa o extranjera, persona física o jurídica, solicitar el acceso a la información de todas las entidades públicas y un pequeño número de entidades privadas. La ley establece una lista limitada de excepciones a este derecho incluyendo secretos de defensa nacional e información que cae dentro del derecho a la privacidad de los individuos. La ley también requiere que todas las entidades públicas publiquen informes y documentos anuales para fortalecer la comprensión de las regulaciones y las decisiones tomadas.
La Fundación Maharat, miembro de IFEX, desempeñó un papel importante en la redacción del proyecto de ley. La Directora Ejecutiva, Roula Mikhael, cree que la ley reforzará los principios de transparencia y fortalecerá la relación entre el Estado y los medios de comunicación.
En una declaración (en árabe) emitida el 19 de enero acogiendo la buena noticia, Maharat explicó que la adopción de la ley aumenta la independencia de los medios de comunicación y empuja a los periodistas a plantear problemas públicos y a exponer verdades en el interés público.
El derecho a acceder a la información es una de las piedras angulares de cualquier régimen democrático exitoso, y una ciudadanía informada sólo puede realizarse una vez que se respete, promueva y aplique seriamente ese derecho.
«Pero claro», dijo Mikhael en correspondencia con IFEX, «hay muchos desafíos que podrían obstaculizar la implementación de la ley, incluyendo la calidad de la información guardada y registrada por estas instituciones públicas y la eficacia de los organismos reguladores encargados de monitorear el desempeño de la administración pública y sus informes «.
Su implementación exitosa también se basa en la promulgación de proyectos complementarios, entre los que se destaca la propuesta para la creación de una Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción. Maharat también ha estado trabajando en la redacción de una ley para proteger a los denunciantes, lo cual es imprescindible para reducir el miedo a las represalias y crear una fuerte cultura de rendición de cuentas. Todavía está por aprobarse.
«Seguiremos atentamente la siguiente fase de cómo se aplicará la ley [de acceso a la información], que consideramos esencial y vital para los medios de comunicación y para el periodismo de investigación», añadió Mikhael. «El Líbano ocupa el puesto 136 en el Índice de Corrupción 2016 de Transparency International y continuará en constante declive mientras el Estado sea incapaz de afrontar la propagación de la corrupción».
La nueva ley permite a cualquier persona, ya sea libanesa o extranjera, persona física o jurídica, solicitar el acceso a la información de todas las entidades públicas y un pequeño número de entidades privadas.
