Un resumen de las principales noticias sobre la libertad de expresión en las Américas, según informes de los miembros de IFEX.
Brasil se llevó todos los focos de atención. En primera instancia, por una histórica visita «in loco» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizó entre el 5 y 12 de noviembre. La anterior visita había sido en 1995.
Con las elecciones nacionales resueltas, la CIDH tuvo oportunidad de examinar la situación de los derechos humanos en el país y sus hallazgos son preocupantes: «A pesar de algunos avances, encontramos un país que no ha logrado abordar y resolver sus principales deudas históricas con la ciudadanía: el problema estructural de desigualdad y discriminaciones profundas, de las cuales se destacan la discriminación racial y la social», sostiene la resolución del organismo.
El equipo de expertos de la CIDH observó «graves violaciones a los derechos humanos», tales como «la ampliación de la violencia en el campo y en la ciudad, el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, especialmente los de la tierra y el medio ambiente, las agresiones crecientes a los defensores de derechos humanos de las minorías, así como el riesgo de retorno del país al mapa del hambre mundial».
También evaluó como «urgente» los «ataques a la libertad de expresión, que afecta a la prensa, académicos y organizaciones sociales».
Mientras, un informe de Atlas Da Noticia alerta que en Brasil uno de cada cinco ciudadanos viven en «desiertos de noticias»: municipios que no poseen periódicos y sitios de noticias locales o emisoras de radio y televisión. Hay 40 millones de brasileños que no cuentan con medios locales de noticias, con la afectación que eso supone.
Asimismo, un juez de Rio de Janeiro prohibió a Globo TV, el principal medio brasilero, seguir informando sobre la investigación por el asesinato de la concejala Marielle Franco, quien fuera acribillada a tiros. El argumento del juez es que las filtraciones pueden alterar el curso de la investigación. Organizaciones sociales, como Artigo19 y Conectas entienden que esto configura una medida «desproporcionada» y es «censura».
Nuestros miembros en el país no se quedan de brazos cruzados: este mes Artigo19 lanzó un observatorio que busca visibilizar y dar seguimiento a 22 casos de periodistas asesinados en el país para poner de manifiesto los niveles de impunidad que existen en Brasil.
En Colombia el horno no está para bollos: noviembre fue un mes plagadazo de violencia y hostigamiento hacia los medios y periodistas coronando un año de incremento en este tipo de acciones.
Así, el 23 de noviembre manifestantes atacaron y agredieron a periodistas que cubrían una protesta social en Cauca. Además, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), expresó su profunda preocupación por las reiteradas violaciones a la libertad de expresión que han sufrido este año los periodistas deportivos en Colombia.
La FLIP también firmó una carta con varias asociaciones más, entre ellas el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por su siglas en inglés) y Reporteros Sin Fronteras, denunciando las graves amenazas que sufrió la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, por difundir información de interés para la sociedad colombiana.
La información divulgada involucra al fiscal general de la Nación, quien también fue denunciado por numerosas organizaciones por realizar varios señalamientos irresponsables en contra de la prensa durante su intervención en el debate de control político en el Senado, el pasado 27 de noviembre.
Además del férreo control y denuncia de la sociedad civil, también hay movimientos y activismos para celebrar. Así, la Fundación Karisma lanzó por tercer año su «Alerta Machitroll»: una herramienta online que busca -y logra- combatir el acoso y la misoginia en las redes mediante el uso del humor y la denuncia pública.
La iniciativa, que ya trascendió las fronteras colombianas y se instaló en todo el continente es un caso de éxito que tiene muy buenas proyecciones a futuro, donde puede convertirse en un movimiento propio, más allá de Karisma.
Agresiones y movimientos
Argentina y México tuvieron luces y sombras. En el país de América del Sur se dispararon las alarmas cuando se hizo público que el intendente de la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, Claudio Filippa, amenazó a una periodista, solicitándole a hombres solteros que la abusaran. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció públicamente al intendente.
También en noviembre FOPEA debió salir una vez más a denunciar agresiones contra los periodistas, esta vez durante la cobertura de la final de la Copa Libertadores entre Boca y River, que terminó siendo suspendida por los incidentes en la previa.
Pero al igual que en Colombia, la sociedad civil no solo denuncia y controla, sino que también propone. Varias organizaciones exigen que se elabore una Estrategia Nacional de Ciberseguridad en forma abierta, inclusiva y transparente, y le entregaron una carta al presidente de la República con su petición. Entre las firmantes está nuestro miembro, Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Y ADC también está investigando el uso estatal de la Open Source Intelligence (Inteligencia de Fuente Abierta) y la Social Media Intelligence (Inteligencia de Medios Sociales), para entender mejor que hacen los gobiernos con los datos que proporcionamos en Internet. ¿Querés informarte más de este proyecto? Entrá aquí.
En México intentaron matar a otro periodista, el reportero veracruzano Rodrigo Acuña, quien sigue en estado grave tras recibir varios disparos de desconocidos en la puerta de su casa.
Por su parte, Artículo 19 y sus organizaciones aliadas activaron la red #RompeElMiedo para monitorear la cobertura mediática del éxodo migrante que nació en Honduras y se dirige a Estados Unidos.
Precisamente en Estados Unidos se vivió un mes de mucha tensión en la ya deteriorada relación del gobierno con la prensa libre, tras el incidente durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que derivó en el retiro de las credenciales de acceso al célebre periodista de CNN, Jim Acosta. Finalmente, tras el escándalo de la decisión, se revió la medida y Acosta podrá seguir asistiendo a las conferencias de prensa en la Casa Blanca.
Sin embargo, la administración Trump no da puntada sin hilo: al anunciar la devolución de la credencial a Acosta, describió la nueva normativa que regirá la conducta de los periodistas en conferencias de prensa de la Casa Blanca y que, de no ser observadas, pueden derivar en la futura revocación de la acreditación. Dicha normativa generó preocupación entre las organizaciones sociales.
En breve
Venezuela: tres relatores del Sistema de Naciones Unidas hicieron un «llamamiento urgente» al gobierno de Venezuela por el caso de Pedro Jaimes Criollo, ciudadano que lleva 6 meses detenido por publicar la ruta del avión presidencial en su cuenta Twitter.
En Uruguay vandalizaron una radio local sin motivos de hurto aparentes.