Investigaciones del CPJ revelan que el crimen organizado y actores gubernamentales pudieron haber estado involucrados ya sea directa o indirectamente en varios asesinatos a periodistas.
Lo que sigue es un extracto de un blog de CPJ del 19 de diciembre de 2018 por Jan-Albert Hootsen, representante en México del CPJ.
Eran las 3 de la tarde del 13 de enero cuando el auto de Carlos Domínguez se detuvo en un semáforo de Nuevo Laredo, en el norteño estado de Tamaulipas. Dos sujetos se acercaron al auto del conocido columnista de periódico, abrieron la puerta del conductor y le asestaron más de 20 puñaladas delante de la familia.
Domínguez, de 77 años, fue el primer periodista asesinado en México en 2018. El CPJ ha determinado que, como mínimo, cuatro periodistas mexicanos –entre ellos Domínguez– han sido asesinados en represalia directa por su trabajo este año, e investiga el asesinato de otros seis periodistas para esclarecer el motivo.
Aunque puede ser difícil esclarecer el motivo en estos casos, a menudo el CPJ halla indicios de que el crimen organizado y actores gubernamentales pudieron haber estado involucrados ya sea directa o indirectamente. Observadores como Juan Veledíaz, veterano reportero de noticias judiciales del diario nacional El Sol de México, llama «narcopolítica» a este fenómeno de confluencia de intereses de los funcionarios públicos, la política local y el crimen organizado en una fusión tan completa que es imposible distinguirlos.
«La narcopolítica significa que los intereses de funcionarios y el crimen organizado se solapan», declaró Veledíaz al CPJ. «Como tal, se convierte en un riesgo enorme para los periodistas de este país que informan sobre la delincuencia y la corrupción».
