(CENCOS/IFEX) – Lo que sigue es una declaración conjunta de cinco miembros de IFEX y otras organizaciones, con fecha del 29 de noviembre de 2007: Pronunciamiento nacional e internacional Caso Lydia Cacho La decisión de la SCJN vulnera los derechos humanos y la libertad de expresión en México El pleno de la Suprema Corte de […]
(CENCOS/IFEX) – Lo que sigue es una declaración conjunta de cinco miembros de IFEX y otras organizaciones, con fecha del 29 de noviembre de 2007:
Pronunciamiento nacional e internacional
Caso Lydia Cacho
La decisión de la SCJN vulnera los derechos humanos y la libertad de expresión en México
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha concluido que no se demostró la existencia de violaciones graves a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, autora del libro «Los Demonios del Edén», en el que denuncia la existencia de redes de pederastia internacional y en la que aparecen involucrados gobernantes, funcionarios públicos y empresarios mexicanos.
La máxima instancia del poder judicial rechazó señalar la responsabilidad que en las violaciones graves a los derechos humanos de la periodista tuvieron el gobernador de Puebla, Mario Marín y otras autoridades de esa entidad, así como del estado de Quintana Roo, tal como había quedado establecido en el dictamen del Juez Silva Meza de la Suprema Corte.
Esta decisión es preocupante porque es una muestra de las condiciones de vulnerabilidad, que para el ejercicio de la libertad de expresión, existen hoy en México. En el marco del Seminario Internacional: Sistema de Alertas y Metodologías para el Registro, Documentación y Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, frente a las conclusiones de la SCJN, las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos:
– Que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar condiciones amplias para la libertad de expresión, que en el caso de Lydia Cacho han quedado vulneradas.
– Objetamos esta decisión ya que es un incentivo para mantener los altos índices de impunidad en el país. Existen suficientes elementos que demuestran el nivel de involucramiento que tuvieron funcionarios públicos de los gobiernos de Puebla y Quintana Roo en las violaciones de los derechos de la periodista.
– Manifestamos nuestro rechazo por la decisión de la SCJN, que obstaculiza la procuración de justicia y crea un ámbito propicio para garantizar la impunidad.
Firmantes:
Aleida Calleja, Asociación Mundial de Radios Comunitarios (AMARC)
Brisa Maya Solis, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
Carlos Cortés, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Darío Ramírez, ARTICLE 19
Carlos Lauría, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)
Jacinto Rodríguez Mungía, Fundación Prensa y Democracia (PRENDE)
Lucía Lagunes, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)
Francisco Ezequiel, Libertad de Información – México (LIMAC)
José Buendía, Fundación Manuel Buendía
José Luis Garay, Bloque Nacional de Periodistas AA
Julián Vázquez, Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo
Erendira Cruzvillegas, Relatoría de Libertad de Expresión del Distrito Federal
Daniel Rosas, «El Mañana», Nuevo Laredo
Martín Serrano, «Diario Tribuna», Veracruz
