(PERIODISTAS/IFEX) – El 3 de octubre de 2002 la periodista Catherina Gibilaro, del diario «Uno», fue atacada por un oficial de la Infantería de la Policía de la Provincia de Mendoza mientras cubría una noticia en un club de la ciudad capital, del mismo nombre. La cronista denuncio además que los superiores del policía agresor […]
(PERIODISTAS/IFEX) – El 3 de octubre de 2002 la periodista Catherina Gibilaro, del diario «Uno», fue atacada por un oficial de la Infantería de la Policía de la Provincia de Mendoza mientras cubría una noticia en un club de la ciudad capital, del mismo nombre. La cronista denuncio además que los superiores del policía agresor se negaron a revelar su identidad.
Gibilaro se presento en el Club Andinista para reportar lo ocurrido durante un asalto a la entidad perpetrado por dos jovenes, uno de los cuales fue herido de muerte por oficiales de la Policía provincial que intentaban impedir el robo.
A poco de llegar al lugar la periodista percibio que los oficiales de la Infantería de la Policía de la Provincia impedían el acceso de su compañero, el reportero gráfico Adrián Mariotti. Cuando se acerco para saber qué sucedía fue atacada por uno de los efectivos, que luego de maltratarla rehuso identificarse. Gibilaro denuncio que al acudir al Comisario Mario Campos, director de Seguridad de la Provincia, y al responsable mayor de Infantería, Comisario Inspector Luis Parigi, ambos ignoraron sus reclamos, mientras el agresor fue trasladado y escondido por sus compañeros en una camioneta.
PERIODISTAS envio al ministro de Gobierno de la Provincia de Mendoza, Juan Carlos Jaliff, una carta donde repudio el maltrato a Gibilaro. Y destaco que «más allá del repudio por el ataque mismo, llama la atencion la negativa a identificarse por parte del atacante y más aún el respaldo de sus superiores en esa postura, así como el proceder de los otros integrantes de la fuerza, más preocupados por poner a salvo al agresor que por la integridad de la periodista».
La entidad señalo que «esta actitud corporativista no se condice con la obligacion por parte de todo organismo o fuerza oficial de brindar el libre acceso a la informacion y a la difusion de los actos de interés público», y concluyo que «ningún gobierno puede dar cuenta de su carácter democrático si no brinda las garantías suficientes para el ejercicio de ese derecho».
