(IPYS/IFEX) – El 8 de julio de 2003, la policía política venezolana (la Dirección General de los Servicios de Inteligenica y Prevención, DISIP) intentó detener a la periodista Ibéyise Pacheco, directora del diario «Así es la Noticia» y columnista del diario «El Nacional», luego de que un tribunal ordenara el traslado de la comunicadora a […]
(IPYS/IFEX) – El 8 de julio de 2003, la policía política venezolana (la Dirección General de los Servicios de Inteligenica y Prevención, DISIP) intentó detener a la periodista Ibéyise Pacheco, directora del diario «Así es la Noticia» y columnista del diario «El Nacional», luego de que un tribunal ordenara el traslado de la comunicadora a la sede del juzgado.
El 3 de julio, el Tribunal 21 de Juicio de Caracas, a cargo de la jueza Cristina Pérez, ordenó al director de la DISIP, Comisario Miguel Rodríguez Torres, localizar y trasladar a la periodista a la sede del juzgado.
Pérez solicitó la medida con el propósito de que Pacheco se pusiera a derecho, por un juicio que le fue abierto a la periodista en marzo de 2002, luego de que el coronel del ejército Ángel Vellorí presentó una denuncia en su contra por «difamación e injuria». El militar acusó a Pacheco de haber publicado «mentiras» relacionadas con él en la columna «En Privado», que publica semanalmente en «El Nacional».
Pacheco se declaró «perseguida política» ante los medios de comunicación. «Si me quieren poner presa aquí estaré, sin esconderme y dando la cara», aseveró.
Asimismo explicó que en el caso de la demanda introducida por Vellorí, ya se cumplieron los lapsos legales y que el juicio prescribió hace dos meses. Indicó que el caso fue reactivado sin haberla llamado a declarar.
El abogado de Pacheco, Ramón José Medina, explicó que, según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) venezolano, sólo puede dictarse medidas preventivas de la libertad cuando haya presunción de fuga o acciones que obstaculicen la obtención de pruebas. «En este caso de difamación, si se produce, las pruebas estarían en lo que está escrito, por tanto no hay forma de obstaculizar la justicia. Y en cuanto a la presunción de fuga, muchísimo menos, cuando Pacheco está constantemente en la palestra pública. En definitiva, aquí de lo que se trata es de perseguir, una vez más, a un periodista por parte del gobierno», dijo Medina.
Según el expediente del caso, la periodista ha sido citada al tribunal en 10 oportunidades, para que ofrezca su versión en relación a la acusación de Vellorí. Sin embargo, ella no ha comparecido.
El COPP establece en su artículo 410 que, si el acusado no responde a la solicitud de comparecencia, el tribunal podrá solicitar, a pedido del acusador, que la fuerza pública lo localice y traslade a la sede del tribunal.
Entretanto, Vellorí, quien es coronel y abogado, explicó que la medida emitida por el Tribunal 21 de Juicio no es una orden de detención. «De lo que se trata es, simplemente, que esa señora debe dar la cara, se ponga a derecho y declare ante un juez, porque tiene un juicio pendiente al que nunca ha querido hacer frente».
Vellorí explicó que a pesar de que envío los recaudos probatorios de la falsedad, la comunicadora no le otorgó el derecho a replica garantizado en el artículo 58 de la Constitución Nacional. El uniformado hizo la solicitud de juicio contra Pacheco en marzo de 2002. En ese momento explicó que la periodista lo acusó de haber forjado una calificación para obtener su título de abogado.
La jueza Pérez también solicitó a la Fiscalía Superior de Caracas la apertura de una investigación penal al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y a la Policía del municipio Libertador, el principal de Caracas, por haber incumplido órdenes emitidas en 2002 de trasladar a Pacheco hasta el Tribunal 21 de Juicio.
Por otro lado, los parlamentarios del partido de gobierno, el Movimiento Quinta República, Iris Varela y Pedro Carreño solicitaron al fiscal general la apertura de una investigación contra Pacheco luego de que la periodista publicó en su columna «Entre Líneas», del diario «El Nacional», el 9 de mayo de 2003, la trascripción de una presunta conversación realizada en el palacio presidencial Miraflores, que se habría efectuado el 17 de febrero de 2003, en la que funcionarios del gobierno habrían planificado el asesinato de varios dirigentes de la oposición. Pacheco ha señalado públicamente que tiene la grabación de la conversación.
Los parlamentarios desmintieron lo señalado por la periodista. «Queremos que se investigue esa campaña de descrédito contra varios funcionarios públicos», indicaron.
Pacheco goza de una medida cautelar que le fue otorgada a ella y a otras tres periodistas venezolanas, el 12 de marzo de 2002 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que se registró la explosión de un artefacto explosivo a las puertas del diario «Así es la Noticia» y de que recibiera amenazas telefónicas y escritas (ver las alertas de IFEX del 25 de marzo y 15 de febrero de 2002).
