(RSF/IFEX) – RSF ha manifestado su indignación por la condena a tres años de trabajo correccional, pronunciada el 5 de septiembre de 2003, del periodista independiente José Manuel Caraballo, por un presunto delito de «falsificación» de certificados de escolaridad. «Se trata claramente de una decisión destinada a amordazar aun más a la prensa independiente», ha […]
(RSF/IFEX) – RSF ha manifestado su indignación por la condena a tres años de trabajo correccional, pronunciada el 5 de septiembre de 2003, del periodista independiente José Manuel Caraballo, por un presunto delito de «falsificación» de certificados de escolaridad.
«Se trata claramente de una decisión destinada a amordazar aun más a la prensa independiente», ha declarado RSF. «Las autoridades han impuesto un clima de terror entre los periodistas independientes que todavía trabajan en la isla. Las intimidaciones y las trabas se han multiplicado desde la oleada de represión que llevó al encarcelamiento de 26 periodistas en marzo. Muchos de los que permanecen en libertad son convocados por la Seguridad del Estado, otros reciben visitas de esos mismos servicios en sus domicilios y todos están amenazados con penas que pueden llegar hasta veinte años de cárcel en el caso de que se nieguen a abandonar sus actividades periodísticas», ha denunciado la organización.
El 5 de septiembre, el Tribunal Popular de la provincia condenó a Caraballo, director de la agencia de prensa APLA en Morón (provincia de Ciego de Avila), a tres años de trabajo correccional. Está acusado de haber falsificado algunos certificados escolares en la época en que enseñaba en un centro de formación para el turismo. Otro profesor, el secretario y el director adjunto de la institución fueron juzgados por el mismo delito, pero el periodista ha sido el único que no se ha beneficiado de una reducción de condena.
Según Caraballo el proceso demuestra la intención de las autoridades de vigilarle, controlando sus idas y venidas entre el trabajo y su domicilio, e impidiéndole abandonar la provincia. «Tendrán que exprimirme el cerebro, porque aún sin manos seguiré escribiendo», ha declarado el periodista.
Caraballo dispone de diez días para apelar ante el Tribunal Supremo Popular.
Las autoridades locales ya habían ejercido presión sobre el periodista. El 10 de junio, Caraballo fue citado, junto con unos colegas, por un oficial de la Seguridad del Estado de Morón. Durante la entrevista, el periodista se negó a firmar un acta comprometiéndose a abandonar el periodismo independiente. «La disidencia tiene que morir ahora», habría declarado entonces el oficial. Caraballo fue citado también el 7 de junio y amenazado con una condena de veinte años de cárcel si no dejaba de ejercer su profesión.
