(RSF/IFEX) – RSF ha pedido al Ministro de Justicia español, José María Michavila, que reforme urgentemente el código de procedimiento civil, tal y como se comprometió a hacerlo, el 10 de septiembre de 2003, en el Congreso de los Diputados. Una modificación del código de procedimiento civil, entrada en vigor en enero de 2001, introdujo […]
(RSF/IFEX) – RSF ha pedido al Ministro de Justicia español, José María Michavila, que reforme urgentemente el código de procedimiento civil, tal y como se comprometió a hacerlo, el 10 de septiembre de 2003, en el Congreso de los Diputados.
Una modificación del código de procedimiento civil, entrada en vigor en enero de 2001, introdujo la noción de ejecución provisional de las sentencias de primera instancia. La obligación que tienen los medios de comunicación de pagar inmediatamente una multa importante por difamación, sin posibilidad de esperar al juicio de apelación, pone en peligro su supervivencia económica y podría desembocar en una autocensura generalizada. Por estas razones, RSF considera que la disposición representa una amenaza para la libertad de prensa.
Varios medios de comunicación ya han padecido de esa ley. «La Realidad», un semanario independiente de Cantabria (Norte), se vio obligado a cerrar la redacción el 28 de diciembre de 2001, como consecuencia de la condena a una multa de cerca de 160,000 euros (aproximadamente 184,000 USD), por difamación. La revista «El Siglo» fue condenada el 21 de enero de 2003 a pagar una multa de 120,202 euros (aproximadamente 138,000 USD), por el mismo motivo. En febrero, el periódico digital «Canoa-Diariodirecto» y el canal de televisión Telemadrid fueron condenados a 120,000 y 500,000 euros (aproximadamente 138,000 y 574,000 USD) de multa respectivamente, también por difamación. El 10 de septiembre se embargaron las cuentas bancarias de «Canoa-Diariodirecto» y de su director, Fernando Jáuregui, por una cantidad superior a 35,000 euros (aproximadamente 40,000 USD). El periódico digital ha apelado la sentencia, y se ha querellado ante el Consejo General del Poder Judicial.
