(IPYS/IFEX) – La Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia denunció el 15 de octubre de 2003 que efectivos del Ejército dispararon contra dos periodistas, mientras cubrían «la violenta represión ejecutada en la localidad de Patacamaya contra cooperativistas mineros que marchaban hacia la ciudad de La Paz para exigir la renuncia del presidente Gonzalo […]
(IPYS/IFEX) – La Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia denunció el 15 de octubre de 2003 que efectivos del Ejército dispararon contra dos periodistas, mientras cubrían «la violenta represión ejecutada en la localidad de Patacamaya contra cooperativistas mineros que marchaban hacia la ciudad de La Paz para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada».
La acción militar mató a dos trabajadores y dejó heridas de bala a otras 14 personas, cuatro de ellas vecinas de Patacamaya que, según los pobladores, no participaban en la protesta.
El periodista Hugo Manuel Mejía, reportero de Radio «Aroma de Comunicación», fue herido en el talón izquierdo por un disparo de arma de guerra, cuando se encontraba en su domicilio. Luego lo atendieron en el hospital local y su estado de salud no reviste gravedad, según los informes médicos.
El otro periodista agredido es Carlos Colque, corresponsal en Patacamaya de la cadena de Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL), quien minutos antes de que un militar le disparara un balín de goma que le impactó en la espalda -sin mayores consecuencias-, fue amenazado personalmente por el comandante del grupo militar, un teniente coronel del Ejército.
Asimismo, la agencia electrónica de noticias Bolpres informó de que «dos encapuchados destruyeron los equipos de Canal 13 Televisión Universitaria de La Paz y también de Radio Pío XII, que estaban instalados en la punta del Cerro San Felipe». Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde (hora local) del 15 de octubre, «haciendo detonar dos explosivos, después de maniatar al sereno Efraín Mamani».
El sereno explicó al diario «La Patria de Oruro» que uno de los desconocidos estaba con botas y se presume que era un militar o un policía, pero «era gente que sabía manipular explosivos a la perfección, porque los equipos de otros medios de comunicación, que se encuentran a lado, no tienen ni un vidrio roto».
Según Amalia Pando, directora del canal 36-Cadena A, su medio también recibió amenazas en sentido de que estarían instigando a la violencia. «Las autoridades de gobierno nos han llamado, pidiéndonos que cambiemos las imágenes de los conflictos y que más bien pasemos música, porque seríamos los promotores de la masacre», explicó Pando.
A las seis de la tarde del 15 de octubre, un grupo de jóvenes manifestantes, enterados de una eventual intervención y cierre de la Cadena A, acudió a las instalaciones de ese medio de comunicación sin otra consigna que no sea de apoyarlo.
Los periodistas y camarógrafos de las redes Asociación de Teledifusoras de Bolivia (ATB), Periodistas Asociados de Televisión (PAT), Radio Televisión Popular (RTP) y Bolivisión fueron perseguidos por los manifestantes en distintos puntos de las ciudades de La Paz y El Alto, con la intención de agredirlos. Un camarógrafo de RTP, por ejemplo, filmó su propia persecución, mientras alcanzó con mucha dificultad a subir a la camioneta de su medio que era perseguida por varios manifestantes que protestaban contra la prensa boliviana.
La Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, luego de denunciar estos hechos ante Bolivia y a las organizaciones internacionales que velan por la libertad de información, rechazó «con indignación estos atentados criminales del gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus socios políticos» y se declaró en estado de emergencia.
Los periodistas de Bolivia, dice el documento, «exigimos respeto a nuestra misión informativa y demandamos respeto a las garantías constitucionales que amparan el ejercicio de nuestra tarea de servicio social».
