(IPYS/IFEX) – El periodista y director del diario «Correo», Juan Carlos Tafur Rivera, fue impedido de salir del país la noche del 22 de noviembre de 2003 cuando se disponía a viajar rumbo a Miami, donde participaría en un evento de la Federación Latinoamericana de Bancos a realizarse entre los días 23 y 25 de […]
(IPYS/IFEX) – El periodista y director del diario «Correo», Juan Carlos Tafur Rivera, fue impedido de salir del país la noche del 22 de noviembre de 2003 cuando se disponía a viajar rumbo a Miami, donde participaría en un evento de la Federación Latinoamericana de Bancos a realizarse entre los días 23 y 25 de noviembre.
Tafur Rivera fue sorprendido por el controlador de migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, quien le notificó que tenía una anotación en rojo en su pasaporte y debía pasar a la Policía Judicial. Una vez ahí, Tafur Rivera recibió, sin que medie mayor explicación, una notificación de impedimento de salida del país dictado por el Vigésimo Juzgado Penal de Lima, a cargo de la jueza provisional María Esther Falconí Gálvez.
Este problema tiene su origen por una querella por difamación. El 18 de julio, el diario «Correo» publicó una nota donde se informaba que el narcotraficante Miguel Ángel Dávila Tiznado, alias «McDonald», se fugó a España gracias a una orden de comparecencia dictada por la jueza del Cono Norte de Lima, Nancy Sánchez Hidalgo. En un recuadro del artículo publicado también se daba cuenta de una coincidencia entre las autoridades que investigaban, ya que 15 días después de que el narcotraficante partiera, la jueza también viajó a España.
Se publicó otra nota el 19 de julio dando cuenta de que la Dirección Nacional Antidrogas (DINANDRO) también seguía el caso. Además, el 23 de julio, se publicó una aclaración enviada al diario por la propia jueza Sánchez Hidalgo. Hasta ahí «Correo» cumplió con informar sobre las investigaciones que se hacían en torno a la fuga de «McDonald», así como con publicar la aclaración hecha por la jueza. Sin embargo, ésta decidió demandar a Tafur Rivera por delito contra el honor en la modalidad de difamación.
Abierto el proceso, Tafur Rivera fue citado a declarar por la doctora Falconí Gálvez, titular del Vigésimo Juzgado Penal. El 7 de octubre, el periodista acudió al juzgado, presentó sus descargos y la diligencia terminó, según la versión del periodista, sin que se le notificaran reglas de conducta o impedimento de algún tipo. Sin embargo, el 22 de octubre la jueza dictó el impedimento de salida del país, pero la notificación sólo llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, nunca a manos de Tafur Rivera o de sus abogados.
En declaraciones a Radioprogramas del Perú, el periodista afirmó que se trata de un asunto a todas luces irregular, por tres obvias razones: «En primer lugar, la instrucción judicial ya se había abierto sin dictar normas de conducta y no había pasado nada como para que este impedimento se diera posteriormente, pues yo me he presentado ante la jueza cuando ésta así lo convocó. En segundo lugar, de acuerdo con el Código Penal, el delito del que se me acusa -contra el honor, difamación- no tiene pena de prisión efectiva, así que la orden de arraigo tampoco correspondía por ese lado. Y, en tercer lugar, el informe periodístico que origina la querella está firmado por la redactora que lo hizo y no por Juan Carlos Tafur Rivera, así que tampoco existiría responsabilidad objetiva».
«Quisiera creer que se trata del abuso de una jueza que, en falso espíritu de cuerpo con otra que se ha sentido lesionada por una información del diario, ha tomado estas formas ilegales para vengarse. Sin embargo, no dejo de sospechar que esto podría tener una mano negra detrás, pero no tengo prueba alguna de eso. Aunque igual es indignante, a uno lo hacen sentir como un delincuente sin explicación alguna, además de las pérdidas monetarias que he sufrido con este penoso incidente», expresó el director de «Correo».
Enrique Ghersi, abogado del director de «Correo», presentó un recurso de apelación ante la titular del Vigésimo Juzgado Penal y una queja ante la Oficina Distrital de Control de la Magistratura (ODICMA). Según afirmó el abogado del periodista, si Tafur Rivera así lo decide, podría demandar a la jueza Falconí Gálvez por responsabilidad civil, ya que existe una ley que dice que los magistrados son responsables por los daños que causen con sus fallos.
El IPYS tuvo acceso a un documento de fecha 25 de noviembre, en el que la jueza Falconí Gálvez, en otra clara violación al debido proceso y en tono amenazante, resuelve «otorgar la autorización de salida del país al querellado Juan Carlos Tafur Rivera desde el día 24 al 30 de noviembre del año en curso a efectos de que viaje a los Estados Unidos . . . debiendo hacerse presente al encausado que debe regresar en la fecha indicada, bajo apercibimiento de ordenarse su captura a nivel nacional e internacional en caso de incumplimiento . . .». El evento al que debía asistir Tafur Rivera concluyó el 25 de noviembre.
