(IPYS/IFEX) – El 11 de diciembre de 2003, en una resolución de cuatro páginas, la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gabriela Pérez, procesó a ejecutivos y periodistas del canal Chilevisión por la supuesta infracción al artículo 161-A del Código Penal, que sanciona la grabación oculta de conversaciones sin autorización de los involucrados. […]
(IPYS/IFEX) – El 11 de diciembre de 2003, en una resolución de cuatro páginas, la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gabriela Pérez, procesó a ejecutivos y periodistas del canal Chilevisión por la supuesta infracción al artículo 161-A del Código Penal, que sanciona la grabación oculta de conversaciones sin autorización de los involucrados.
Jaime de Aguirre, director ejecutivo de Chilevisión, Alejandro Guillier, jefe de prensa, Patricio Caldichoury, editor, Fernando Reyes, periodista, y Raúl Poblete, productor periodístico, son acusados por la jueza Pérez de haber violado el referido artículo, el cual señala que se sancionará con 61 días de cárcel, al menos, y con una multa que puede ir desde los 2,453 USD hasta los 24,537 USD. La mayoría quedó en libertad previo pago de una fianza de 165 USD cada uno. La excepción fue Guillier, a quien se le acusa de infringir los incisos 1 y 2 del 161-A. Esto es, no sólo de haber utilizado cámara oculta en un recinto privado sino de haber emitido el material (o, en este caso, permitido su exhibición).
El caso se remonta al 5 de octubre, cuando antes de los noticiarios del mediodía de radios y televisoras, el juez Daniel Calvo (en ese momento a cargo de la investigación sobre una red de abuso y prostitución de menores, encabezada por un empresario chileno) leyó una declaración pública donde reconoció haber asistido a un recinto conocido como «sauna», como se conoce eufemísticamente a sitios de encuentro sexual en Chile. Previamente, Guillier había advertido que su canal emitiría ese mismo día una nota donde el administrador de dicho recinto reconocía a Calvo como uno de sus clientes más asiduos. Además, el juez ya estaba en conocimiento de que la misma información sería publicada por el quincenario «Plan B» esa misma semana.
Parte del material emitido al aire el 5 de octubre por Chilevisión fue la grabación de una reunión entre el administrador del sauna, Sebastián Rodríguez, y el juez Calvo, en el despacho de éste último. La conversación fue grabada con cámara oculta por el mismo Rodríguez con equipos facilitados por Chilevisión.
Pocos días después, la Corte Suprema remitió los antecedentes al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y al Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas. Además, nombró a la ministra Pérez para investigar los posibles delitos involucrados en estos hechos.
El abogado defensor de los encausados, Alfredo Etcheberry, anunció que presentará un recurso de protección a favor de sus representados ya que estima que los hechos investigados y acreditados en el proceso no constituyen delito.
Varias fueron las muestras de rechazo frente a la resolución judicial. Chilevisión emitió un comunicado donde dice acatar el fallo pero rechazar el fondo de éste y califica la medida como un atentado a la libertad de expresión. El Colegio de Periodistas, el Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen y la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile emitieron sendas declaraciones rechazando el procesamiento de los profesionales y la detención de Guillier, entre otras reacciones.
Durante todo el día, Guillier recibió visitas de apoyo de familiares, dirigentes políticos, periodistas y representantes de organizaciones sociales, entre otros.
Estos hechos se producen luego que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de ley que establece mayores restricciones a la labor de la prensa, en tanto considera legítima la intromisión a la vida privada siempre y cuando se divulgue un hecho constitutivo de delito, dejando fuera todo hecho que, sin ser delito, pueda ser de interés público. Este proyecto fue aprobado por 84 votos y una abstención. Ahora, pasa al Senado para continuar con su tramitación (ver la alerta de IFEX del 11 de diciembre de 2003).
