(AMARC/IFEX) – La presentación de 21 querellas por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) contra emisoras que transmitirían «fuera de los marcos legales» motivó la reacción de AMARC a proponer, en conferencia de prensa realizada el 7 de abril de 2004 en Santiago, revisar el marco regulatorio chileno en materia de radiodifusión, reorganizando el […]
(AMARC/IFEX) – La presentación de 21 querellas por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) contra emisoras que transmitirían «fuera de los marcos legales» motivó la reacción de AMARC a proponer, en conferencia de prensa realizada el 7 de abril de 2004 en Santiago, revisar el marco regulatorio chileno en materia de radiodifusión, reorganizando el espectro radioeléctrico y modificando la forma de adjudicación de frecuencias por entenderla como discriminatoria y violatoria de la libertad de expresión y el derecho a la información.
El 4 de abril, durante la Asamblea Anual de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Javier Etcheberry, anunció que en diferentes juzgados de la capital se habían presentado querellas contra emisoras que estarían trasmitiendo en forma irregular.
Según AMARC, en Chile existe una legislación adversa y discriminatoria con la radiodifusión comunitaria. La Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (ANARCICH), entidad asociada a AMARC, cuenta con más de 180 emisoras «de mínima cobertura» autorizadas. Estas radios de la sociedad civil solo pueden trasmitir con 1 vatio de potencia (algunas pocas cuadras de cobertura), tienen prohibido recibir ingresos por publicidad y se les otorga una autorización por solo 3 años, mientras que las radios con fines de lucro se las autoriza por 25 años. Pese a ello, estas radios han desarrollado estrategias creativas de sostenibilidad, para hacer frente a una legislación restrictiva.
Sin tomar posición previa sobre la situación concreta de cada una de estas radios, AMARC ha entendido que es tiempo de abrir una discusión y debate ciudadano sobre las formas de administración del espectro radioeléctrico, que considere la actividad radial como ejercicio del derecho a la información cuya regulación debe tener como marco la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Un debate de estas características permitirá situar asuntos como los plazos de concesión, potencia, sostenibilidad y otros aspectos que limitan o permiten el ejercicio efectivo de la libertad de expresión.
AMARC fue creada en 1983, reúne a 500 emisoras y centros de producción radiofónicos en América Latina y el Caribe, cuenta con estatus consultivo ante Naciones Unidas y desarrolla acciones permanentes a través de su Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación. La defensa de las radios comunitarias ante marcos legales discriminatorios es uno de los principales ejes de su trabajo.
Chile no escapa de esta realidad que afecta a América Latina y otras partes del mundo. El espectro radiofónico es patrimonio de la humanidad y los Estados deben administrarlo en forma equitativa, de manera que respete la pluralidad de sentidos presentes en las sociedades contemporáneas. Los Estados deben alentar el ejercicio de los derechos humanos por parte de la ciudadanía, en particular aquel referido al derecho a las comunicaciones con carácter autónomo, libre e independiente.
AMARC solicita a las autoridades que atiendan la necesidad de entablar un diálogo público y nacional sobre el marco regulatorio de radiodifusión, para que éste incorpore no sólo a la radiodifusión comercial, sino también a los actores ciudadanos y comunitarios en igualdad de condiciones.
