(RSF/IFEX) – El 1 de septiembre de 2004, con ocasión de la investidura de Martín Torrijos Espino a la presidencia de la República de Panamá, RSF hizo un llamamiento para que derogue el conjunto de los textos de ley que todavía establecen penas de cárcel para los delitos de prensa. «Le pedimos que, en los […]
(RSF/IFEX) – El 1 de septiembre de 2004, con ocasión de la investidura de Martín Torrijos Espino a la presidencia de la República de Panamá, RSF hizo un llamamiento para que derogue el conjunto de los textos de ley que todavía establecen penas de cárcel para los delitos de prensa.
«Le pedimos que, en los primeros 100 días de su mandato, elimine las penas de cárcel previstas en la legislación para los delitos de prensa. Eso significa que es necesario terminar la reforma de la Constitución, que prevé la eliminación del artículo 33 sobre desacato, y la supresión de los artículos sobre difamación y ofensa a la honra del Código Penal. Tales reformas representarían un testimonio de su compromiso de respetar la libertad de prensa,» ha declarado RSF.
«La decisión de la semana pasada de su predecesora, Mireya Moscoso, de indultar al conjunto de periodistas denunciados por difamación demuestra que, al más alto nivel, las autoridades saben que esas leyes son indignas de una democracia. Hoy le pedimos que sigue con esa postura y derogue las leyes liberticidas», ha añadido la organización.
El artículo 33 de la Constitución da a los funcionarios que se consideren difamados el poder de encarcelar a su agraviante sin proceso. Según los artículos 202 y 386 del Código Judicial y el artículo 827 del Código Administrativo, la sanción puede ir de tres días a dos meses de detención, según el rango del político o funcionario.
El 27 de julio, la precedente Asamblea Legislativa aprobó una ley de reforma de la Constitución, que incluye la eliminación del artículo 33. Ahora, y para que sea definitivamente validada, la nueva Asamblea, que se ha constituido el 1 de septiembre, debe aprobar esa ley.
Por otra parte, los artículos 173A, 175, 307 y 308 del Código Penal establecen hasta 24 meses de cárcel para los delitos de difamación, desacato y ofensa a la honra de una persona o órgano del Estado. Hasta ahora, no está prevista ninguna reforma de estos artículos.
El 27 de agosto, la presidenta saliente indultó a más de 80 periodistas denunciados por calumnia e injuria, que corrían peligro de penas de cárcel. Algunas de las denuncias se remontaban a principios de los años 90.
