(IPYS/IFEX) – En la mañana del 28 de enero de 2005, ocho efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron la residencia de la periodista Patricia Poleo, directora del diario «El Nuevo País», en Caracas. Poleo denunció ante los medios de comunicación que los funcionarios llegaron con una orden de buscar documentos […]
(IPYS/IFEX) – En la mañana del 28 de enero de 2005, ocho efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) allanaron la residencia de la periodista Patricia Poleo, directora del diario «El Nuevo País», en Caracas.
Poleo denunció ante los medios de comunicación que los funcionarios llegaron con una orden de buscar documentos relacionados con una investigación periodística, conocida como «El caso Anderson», en la que denunció la existencia de una red de extorsión en la que estarían envueltos varios fiscales del Ministerio Público. El procedimiento fue ordenado por el fiscal Alejandro Castillo, presente en el operativo.
La investigación de Poleo gira alrededor del Fiscal Danilo Anderson, quien llevaba el caso del golpe de estado ocurrido en Venezuela en abril de 2002 hasta que fue asesinado en un violento atentado contra su vehículo el 18 de noviembre de 2004.
Poleo explicó que, aunque en un principio el fiscal Castillo ordenó incautar todos sus archivos, finalmente los funcionarios se llevaron sólo aquellos relacionados con el caso en cuestión. Aseguró además que en los documentos que posee no están identificadas sus fuentes y que no revelará sus nombres amparándose en el artículo 8 de la Ley de Ejercicio del Periodismo.
El procedimiento se produce dos días después de que la Jueza Segunda de Control, María Teresa Gómez, acordó otorgar medidas de protección para Poleo y otro grupo de comunicadores, en cumplimiento de medidas cautelares emitidas en julio de 2004 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras recibir diversas amenazas contra su persona.
