(PROBIDAD/IFEX) – Los periodistas Nelson Fernández y Luis Fuentes, director y editor en jefe del diario «La Prensa», fueron querellados por una magistrada de la Suprema Corte de Justicia por el delito de difamación y calumnia, al aseverar en su edición del 1 de febrero de 2005, que la funcionaria negociaba su renuncia al cargo, […]
(PROBIDAD/IFEX) – Los periodistas Nelson Fernández y Luis Fuentes, director y editor en jefe del diario «La Prensa», fueron querellados por una magistrada de la Suprema Corte de Justicia por el delito de difamación y calumnia, al aseverar en su edición del 1 de febrero de 2005, que la funcionaria negociaba su renuncia al cargo, a cambio de una fuerte suma millonaria. «La Prensa» se edita en la norteña ciudad de San Pedro Sula, a 250 kilómetros de Tegucigalpa, la capital.
La querella fue interpuesta por la magistrada María Elena Matute, tras una publicación en «La Prensa» donde se asevera que ella estaría cobrando la cantidad de 12 millones de lempiras (aproximadamente 642,000 USD), a cambio de dejar su cargo para habilitar así la participación política de dos parientes suyos en los comicios electorales de 2005. Ellos son su hijo, Marco Tulio Hernández Matute, y su cuñado, Juan Orlando Hernández Alvarado, quien es el Secretario del Congreso Nacional.
En su argumento, la magistrada alega que lo aseverado por el diario, «es una imputación grave», porque atenta contra la moral, la dignidad y el derecho a la intimidad. En una entrevista concedida el 11 de febrero al diario «Tiempo», que se edita también en San Pedro Sula, el abogado de la magistrada, Raúl Matute, acotó que las afirmaciones hechas por «La Prensa» «ponen en precario incluso a la misma Suprema Corte de Justicia».
Tras la publicación, un hermano de la magistrada fue al diario a ejercer su derecho a réplica, pero al parecer, éste no fue consignado con las características del caso, obligando así a la funcionaria a interponer una demanda contra los editores de «La Prensa». Según la magistrada Matute, la réplica que su hermano entregó a los ejecutivos del diario, en dos ocasiones, fue publicada al gusto de ellos y no en base a la aclaración que ella misma realizó. «No hubiera querido [interponer una demanda], porque tengo un gran respeto a la prensa en general, pero también creo que tenemos derecho a nuestra intimidad y a nuestra imagen. Esto me ha afectado mucho, porque además de desprestigiarme, me ofendieron», señaló.
En las declaraciones publicadas el 11 de febrero por «Tiempo», el abogado de la magistrada manifestó que la libertad de expresión es una piedra angular del ejercicio democrático, pero que la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Ley de Emisión del Pensamiento de Honduras no amparan ni las injurias ni las calumnias vertidas en medios de publicación colectiva.
Matute dijo estar anuente a una audiencia de conciliación, cuando el juez que conozca el caso cite a las partes en pugna. En caso de no darse una conciliación, se entablará un juicio oral y público contra los editores del diario.
