(RSF/IFEX) – RSF protesta por la agresión que, el 17 de marzo de 2005, sufrió Magno Sosa, director del bimensual «Rebelión», en la región de Ayacucho, al sur del país. «Una disputa con un periodista no autoriza a uno a tomar represalias físicas contra él, ni a amenazarle de muerte. Condenamos con firmeza este comportamiento […]
(RSF/IFEX) – RSF protesta por la agresión que, el 17 de marzo de 2005, sufrió Magno Sosa, director del bimensual «Rebelión», en la región de Ayacucho, al sur del país.
«Una disputa con un periodista no autoriza a uno a tomar represalias físicas contra él, ni a amenazarle de muerte. Condenamos con firmeza este comportamiento que, muy lejos de la legítima crítica de los medios de comunicación, tiene su origen en un auténtico desprecio de la libertad de prensa. Exigimos que se sancionen como es debido a los responsables de la agresión», ha declarado RSF.
El 17 de marzo, Sosa se encontraba en la estación de ferrocarril de Huamanga, departamento de Ayacucho, cuando lo agredieron violentamente Gloria Alvárez de la Cruz y Basiliza Dololier Quispe. Ambas mujeres, dirigentes del Frente de los Despedidos, le arrancaron la camisa y le arañaron en el cuello, mientras le amenazaban de muerte. Acusaron a Sosa de publicar artículos difamatorios contra ellas. El periodista tuvo que salir de la estación protegido por la policía. Ha presentado una denuncia y ha pedido protección para él y los suyos. También pidió un reconocimiento médico.
«Rebelión» escribió que, bajo el régimen de Alberto Fujimori, las dos agresoras recibieron dinero para que se incluyeran los nombres de trabajadores despedidos en la lista de las personas reintegradas en sus puestos.
Dos días antes de la agresión, el bimensual reveló también que Alvárez de la Cruz había sido nombrada administradora municipal adjunta de Huamanga a pesar de las sospechas de desvío de dinero (entre 1995 y 1997 según «Rebelión») que pesaban contra ella.
De momento, no han detenido a ninguna de las mujeres en el marco de la investigación. La víctima y las organizaciones peruanas de defensa de la libertad de prensa denuncian «la pasividad de la policía».
No es la primera vez que Sosa sufre una agresión o recibe amenazas de muerte por razones profesionales. En 1991 y 1992, el periodista tuvo problemas con las fuerzas armadas de la región de Ayacucho (entonces en lucha con la guerrilla de Sendero Luminoso), cuyas exacciones dio a conocer. En agosto de 1991, la policía le encerró por dos meses por «terrorismo», y posteriormente le puso en libertad por falta de pruebas. En 2003, Sosa fue agredido a pedradas y herido en la cabeza por unos cultivadores de coca, de los que había revelado las conexiones con el tráfico de droga.
