(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 13 de julio de 2005: Preocupación de la SIP por legislación peruana que contradice preceptos sobre derecho del público a la información Miami (13 de julio del 2005).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación por la […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 13 de julio de 2005:
Preocupación de la SIP por legislación peruana que contradice preceptos sobre derecho del público a la información
Miami (13 de julio del 2005).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación por la reciente aprobación del congreso peruano de una ley sobre inteligencia nacional que contradice la legislación sobre derecho a la información que rige en ese país desde el 2002.
La SIP respaldó la posición del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) al considerar que la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), aprobada por el congreso peruano el 23 de junio y que debe ser promulgada por el presidente Alejandro Toledo, contiene aspectos que representan un retroceso del derecho ciudadano a la información pública.
La nueva legislación, entre otros aspectos, amplía la excepción de seguridad nacional que establece la ley general de acceso a la información pública y aumenta de cinco a 10 años el plazo para acceder a información confidencial, a 15 años la información reservada y a 20 años la información secreta. Asimismo permite al Consejo Nacional de Inteligencia Nacional (COIN), a la DINI y a los ministerios de Defensa y del Interior y de la Dirección General de Asuntos de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, establecer sus propias reglas para clasificación y desclasificación de documentos.
Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó que «coincidimos con el [CPP] en que la ley, lejos de aportar a la transparencia pone trabas para poder acceder a la información de interés público de manera expedita y limita la vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (No. 27806), cuya aprobación en el 2002 sirvió de antecedente para que se dictaran leyes similares en otros países latinoamericanos».
Por su parte el presidente de la SIP, Alejandro Miró Quesada, director del diario peruano El Comercio, expresó «que si bien la seguridad nacional es una de las excepciones al acceso público en toda legislación, el hecho de que la nueva ley extiende los plazos y las categorías para acceder a información clasificada, «se restringen y debilitan los derechos y garantías alcanzados en el 2002 en materia general de transparencia y acceso».
Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, agregó que «las leyes de inteligencia son una contradicción al derecho del público a la información y confiamos en que el presidente Toledo sabrá enmendar la posición del Congreso peruano».