(RSF/IFEX) – Reporteros sin Fronteras se felicita por la decisión del Tribunal Supremo que, el 29 de junio de 2006, invalidó el principio de los tribunales de excepción, destinados a juzgar a los presos que el ejército norteamericano mantiene en la base militar de Guantánamo (Cuba). En la decisión, la organización aplaude una victoria del […]
(RSF/IFEX) – Reporteros sin Fronteras se felicita por la decisión del Tribunal Supremo que, el 29 de junio de 2006, invalidó el principio de los tribunales de excepción, destinados a juzgar a los presos que el ejército norteamericano mantiene en la base militar de Guantánamo (Cuba). En la decisión, la organización aplaude una victoria del derecho, que quizá supone un paso para la liberación de Sami Al-Haj, camarógrafo sudanés del canal qatarí Al-Jazira, encarcelado sin cargos en Guantánamo desde el 13 de junio de 2002.
«Es una decisión que tiene una importancia capital, en la medida en que viene a recordar que ningún país puede sustraerse al derecho internacional, y en este caso concreto a la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra. Sin embargo, nos tememos que el Congreso, al que ahora se ha recurrido para la cuestión del marco jurídico de los detenidos de Guantánamo, desautorice a su vez al Tribunal Supremo. Firmando esa victoria del derecho sobre la arbitrariedad, la alta jurisdicción ha denunciado implícitamente el escándalo, jurídico y humanitario, que supone el campo de Guantánamo. Esperamos sin embargo que la decisión, que desgraciadamente no llevará al cierre del campo, obligue al menos a las autoridades norteamericanas a liberar rápidamente a Sami Al-Haj, detenido sin motivos desde hace cuatro años», ha declarado Reporteros sin Fronteras.
Por cinco votos contra tres, el Tribunal Supremo federal consideró, el 29 de junio, que el presidente George W. Bush había «sobrepasado sus poderes» y «violado la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra», al establecer unos tribunales militares de excepción, encargados de juzgar a aquellos a quién la administración norteamericana llama «enemigos combatientes».
Esta decisión se ha producido como consecuencia del recurso presentado por Salim Hamdan, antiguo chofer de Ossama Ben Laden, detenido en Afganistán en noviembre de 2001, e inculpado por un tribunal de excepción de «complot contra Estados Unidos», en julio de 2003. El acusado impugnó el procedimiento de urgencia creado, sin el aval del Congreso, tras los atentados del 11 de septiembre.
Nada más conocerse la decisión del Tribunal Supremo, el Senado norteamericano presentó un primer borrador de un proyecto de ley destinado a proporcionar un marco jurídico a los presos de Guantánamo. El texto, redactado por Arlen Specter (republicano, Pennsylvania), presidente del comité judicial de la Cámara Alta, autorizaría oficialmente al presidente norteamericano o crear «comisiones militares» para juzgar a los detenidos, en primer instancia y en apelación. El anteproyecto de ley establece también que «un tribunal del lugar» decidirá, en un plazo de treinta días, si un preso entra en la categoría de «enemigo sin privilegios» (el término sustituye al de «enemigo combatiente»), y si se le reconocen los derechos que establece la Convención de Ginebra. Finalmente, la «comisión del estatuto» sería reemplazada por «tribunales de clasificación», que cada seis meses decidirían el eventual reenvío de un preso a su país de origen.
Al día de hoy, la base de Guantánamo tiene 440 presos, entre los que se encuentra Sami Al-Haj, camarógrafo sudanés del canal de televisión qatarí Al-Jazira, detenido en diciembre de 2002 por las fuerzas de seguridad paquistaníes, en la fronteras afgana, y entregado al ejército norteamericano en enero de 2002. El periodista es sospechoso de ser un «enemigo combatiente», con la excusa de que en octubre de 2001 habría entrado ilegalmente en territorio afgano, en el momento de los ataques norteamericanos; que habría dirigido un sitio de Internet en el que se apoyaba al terrorismo, que se habría dedicado al tráfico de armas y que habría entrevistado a Ossama Ben Laden. Ninguna investigación, ni ningún testimonio, han corroborado esas acusaciones.
Con un cáncer de garganta, privado de tratamiento y de contacto con su familia, Sami Al-Haj declaró a su abogado británico, Clive A. Stafford Smith, que desde el comienzo de su encarcelación le han interrogado 130 veces. En esos interrogatorios, destinados a hacerle confesar la existencia de relaciones entre Al-Jazira y Al Qaeda, le trataron con severidad y pronunciaron amenazas contra su familia. Al final, en abril pasado el periodista confió a su consejero que estaba pensando en terminar con su vida.
El despacho londinense Reprieve, del que forma parte Clive Stafford Smith y que defiende a 36 presos de Guantánamo, se felicitó el 29 de junio por la decisión del Tribunal Supremo. «La administración Bush ha intentado decir que esos hombres no tenían ningún derecho, ni acceso a los tribunales de justicia, ni poder para impugnar el hecho de que llevan más de cuatro años detenidos, sin cargos y sin juicio. El tribunal Supremo ha rechazado esa postura, de una vez por todas», ha declarado Zachary Katznelson, consejero de Reprieve.
