(PROBIDAD/IFEX) – Dos periodistas de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Robert Marín García y Dina Meza, fueron demandados por los delitos de difamación y calumnia por la empresa de seguridad privada Setech, al trascender a la opinión pública violaciones laborales a sus empleados e irregularidades en las formas de operación y licitación […]
(PROBIDAD/IFEX) – Dos periodistas de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Robert Marín García y Dina Meza, fueron demandados por los delitos de difamación y calumnia por la empresa de seguridad privada Setech, al trascender a la opinión pública violaciones laborales a sus empleados e irregularidades en las formas de operación y licitación de contratos con el Estado.
Róger Medina, gerente de operaciones de Setech, dijo que los periodistas Marín García y Meza han incurrido en el delito de difamación y calumnia «al colocar en su página digital ‘Revistazo.com’ información falsa, así como negarse a darnos el derecho a réplica».
Según Medina, no es cierto que ellos violen derechos laborales relacionados con la evasión del pago de beneficios sociales y de salud, estipulados por la ley. «Ellos dicen que nosotros somos unos evasores e incluso nos han acusado de haber robado un vehículo, en confiscación; eso ellos tienen que probarlo».
«Nosotros hemos perdido muchos clientes por estas informaciones falsas y por eso los estamos demandando, que nos prueben que hemos robado vehículos y que no pagamos beneficios y derechos sociales a los empleados», reiteró Medina, tras interponer la querella el 4 de octubre de 2006 en los tribunales de justicia de Tegucigalpa, la capital.
La organización ASJ denunció en agosto y septiembre una serie de intimidaciones y amenazas contra tres de sus periodistas que van desde llamadas anónimas, intimidaciones y seguimiento en vehículos sin placa, tras difundir información periodística, producto de una investigación, que implica a las empresas de seguridad Delta Segurity y Setech en una serie de violaciones laborales e irregularidades en la licitación de contratos con el Estado.
Delta Segurity es propiedad del empresario Elvin Richard Swasey, y tiene su sede principal en la ciudad de La Ceiba, en la costa atlántica del país. En la investigación de los periodistas, se develó que esta empresa, para poder seguir licitando contratos con el Estado, habría creado otra compañía afín denominada Setech.
En Setech, según los periodistas, labora el mismo personal que trabaja en Delta Segurity, quienes son cancelados sin prestaciones y luego recontratados, violando todos los procedimientos legales, según las investigaciones hechas por los periodistas. En su trabajo, los periodistas encontraron no sólo violaciones laborales a los derechos de los empleados, sino que irregularidades en los procedimientos para obtener contratos de seguridad privada con el Estado.
Como parte de las investigaciones y la asistencia legal que otorga ASJ a los empleados de las empresas privadas de seguridad, se logró confiscar, hace un mes, un vehículo propiedad de Setech, pero el mismo desapareció de un parqueo judicial, 24 horas después. Informes en poder de ASJ indican que el vehículo fue «rescatado» por empleados de Setech que habrían llegado a sacarlo del parqueo, sin orden legal, pero de acuerdo a los ejecutivos de esa empresa «no hay evidencias que prueben que eso es cierto; deben probarnos que somos ladrones», insistía Medina, de Setech.
ANTECEDENTES:
ASJ es una organización que labora en el país por más de una década y entre sus propósitos se encuentra apoyar proyectos orientados a la tenencia de la tierra, el tema forestal, desarrollo comunitario, apoyo a trabajadores explotados, principalmente de comidas rápidas y ahora de las empresas de seguridad, así como difundir sus acciones en una revista mensual denominada Revistazo.com, donde los comunicadores publican resultados de sus trabajos investigativos, denuncias y notas informativas.
Las amenazas contra la ASJ se intensificaron al publicarse hace una semana, en un diario digital, un campo pagado en el cual se acusa a la organización de no cumplir con las cotizaciones de sus empleados ante el estatal Seguro Social, tras asegurar sus autoridades que ello «violenta» las leyes hondureñas.
Diversas organizaciones sociales hondureñas e internacionales han denunciado internacionalmente la campaña de desprestigio en contra de la organización y sus periodistas.
Esta alerta ha sido realizada por PROBIDAD con información proporcionada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
