(PROBIDAD/IFEX) – La Cámara Legislativa aprobó, el 23 de noviembre de 2006 en tercer y último debate, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo contenido final en 49 artículos, fue enriquecido en comparación al proyecto original presentado el 26 de enero, informaron fuentes legislativas y sociales al Comité por la Libre […]
(PROBIDAD/IFEX) – La Cámara Legislativa aprobó, el 23 de noviembre de 2006 en tercer y último debate, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo contenido final en 49 artículos, fue enriquecido en comparación al proyecto original presentado el 26 de enero, informaron fuentes legislativas y sociales al Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
«Es un avance importante para la democracia hondureña que los diputados hayan aprobado finalmente una ley que permitirá a los ciudadanos exigir cuentas a sus servidores públicos», dijo la periodista Vilma Gloria Rosales, fundadora de C-Libre.
«Como nos ha repetido con insistencia el doctor Leo Valladares, autor del proyecto original de esta ley, ‘lo bueno es enemigo de lo mejor’, pero lo que tenemos nos abre un espacio nuevo para la demanda de aplicación y educación ciudadana para su uso», acotó.
La ley destaca la creación de un órgano garante bajo la denominación de Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (IAIP), como un ente desconcentrado, con independencia operativa, decisional y presupuestaria, que tendrá la atribución de garantizar la implementación de la Ley de Transparencia.
Tras un extenso debate, iniciado el 22 y concluido en la tarde del 23 de noviembre, los congresistas lograron acuerdo para definir la independencia funcional del IAIP, pero se dividieron en votación de 85 a 10 respecto a la integración del mismo.
Unidos en alianza, legisladores del Partido Liberal y la mayoría del Partido Nacional impusieron su visión de integrar un órgano garante con tres comisionados, que serán electos por dos terceras partes de los votos entre una lista de diez nominados por el Presidente de la República, el Procurador, el Comisionado de Derechos Humanos, el Foro Nacional de Convergencia [un espacio en que concurren representantes del gobierno y de la sociedad civil] y el Tribunal de Cuentas.
«Me parece que el punto negativo de la Ley es, precisamente, que se creó un Instituto sin la independencia necesaria para adoptar las decisiones respectivas», dijo el diputado Jorge Ramón Hernández Alcerro, del Partido Nacional, quien votó en contra de la integración al estilo del cuestionado Tribunal de Cuentas.
«En general, el resto de la Ley será un avance significativo con sólo la información de oficio que las Instituciones Obligadas de la Ley deberán publicar sin que los ciudadanos se la pidan, pero es una lástima que hayamos perdido una oportunidad realmente histórica de darle a Honduras un Instituto Independiente», acotó.
La ley amplía en su artículo 13 la información de oficio que deben publicar las Instituciones Obligadas, entre ellas los tres poderes del Estado, las municipalidades, las organizaciones no gubernamentales que ejecutan recursos públicos, las empresas privadas y Fundaciones.
«De nada serviría tener una legislación perfecta según los estándares internacionales, si las autoridades no estaban dispuestas a poner en aplicación su contenido», indicó la diputada Lizzie Flores, quien condujo los debates durante los dos días que duró la discusión final de la ley.
La también Vice Presidenta de la Cámara nombró una Comisión de Estilo, integrada por los diputados Edmundo Orellana, del Partido Liberal, en el poder; Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, y Toribio Aguilera, del Partido Innovación y Unidad (PINU), quienes trabajarán la redacción final de la ley.
«Esta Ley no salió exactamente como lo esperábamos, pero deseamos que en el momento que vengan los 10 candidatos propuestos por cinco instituciones, los diputados reaccionemos con el más alto sentido de la Patria y nombremos a tres comisionados que no representen grupos políticos o económicos cuestionados», enfatizó el diputado Aguilera.
El nuevo instrumento legal entrará en vigencia 20 días después de su publicación en el «Diario Oficial La Gaceta», pero su aplicación será efectiva un año después para dar tiempo a las instituciones obligadas a ajustar su organización y funcionamiento.
Las organizaciones sociales que impulsan desde hace más de tres años la Ley de Transparencia, harán una evaluación minuciosa del contenido de la Ley aprobada antes de exponer en público su posición oficial.
Esta alerta ha sido realizada por PROBIDAD con información proporcionada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
