(AMARC/IFEX) – AMARC en América Latina y el Caribe (AMARC-ALC) presentó el 6 de marzo de 2007 una denuncia ante el Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el gobierno de Guatemala por lo que entiende como una «grave e inconsulta decisión» que atenta contra la libertad de expresión de las comunidades indígenas y campesinas […]
(AMARC/IFEX) – AMARC en América Latina y el Caribe (AMARC-ALC) presentó el 6 de marzo de 2007 una denuncia ante el Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el gobierno de Guatemala por lo que entiende como una «grave e inconsulta decisión» que atenta contra la libertad de expresión de las comunidades indígenas y campesinas del país, y «niega y retrasa los esfuerzos realizados en un proceso de diálogo que ha contado con los auspicios de la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana» y que tenía como objetivo modificar la legislación nacional para reconocer el derecho de las radios comunitarias.
El 8 de febrero de 2007 el gobierno de Guatemala aprobó el Acuerdo Gubernativo Número 43-2007 denominado «Política para resolver la Problemática de las Radios Ilegales», que confirma y profundiza la política de cierres y penas de prisión para las comunidades que gestionan radios comunitarias que aún no han podido obtener sus permisos de operación, debido al vacío legal existente.
Esta decisión fue tomada sin considerar los resultados y la opinión de los integrantes de la Mesa de Diálogo que se creó en 2005 con la presencia del entonces Relator para la Libertad de Expresión, Dr. Eduardo Bertoni, y ni siquiera informar a la COPREDEH (Comisión Presidencial para los Derechos Humanos), que preside e impulsa dicha Mesa.
Las limitaciones y discriminaciones en el acceso a las frecuencias es una forma de censura indirecta a la libertad de expresión e información, al impedir el uso de los medios imprescindibles para ejercer esos derechos. Las organizaciones comunitarias, indígenas, de periodistas y de derechos humanos de Guatemala han denunciado en reiteradas ocasiones que el Estado abusa de los mecanismos de otorgamiento de frecuencias para impedir que determinados sectores sociales accedan a la radio y la TV, mientras favorece la concentración de medios en grupos económicos y políticos que son afines al gobierno.
AMARC entregó en Washington ante la Relatoría y la Comisión un informe detallado con los antecedentes del caso y les solicitó que, «en función del pedido realizado por el propio Estado de Guatemala para que acompañe y asesore en todo este proceso, proceda en forma urgente y enérgica a realizar todas las gestiones necesarias para reorientar el rumbo del proceso de diálogo, así como evitar que se concreten las acciones represivas aprobadas».
AMARC entiende que la aplicación de este acuerdo gubernativo aprobado por la Presidencia de la República en acuerdo con la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y los empresarios de la radio y la TV agrupados en la Cámara de Radiodifusión, «generará mayores problemas debido a la fuerte represión anunciada, con riesgo de prisión para los integrantes de las radios, y a que las soluciones planteadas no son las acordadas ni mucho menos solucionan los problemas de fondo».
Tras la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala en 1996, el Estado se comprometió a reformar la legislación de manera que se favoreciera el acceso a los medios de comunicación por parte de los pueblos mayas, xincas y garífunas. En el mismo sentido, sucesivas recomendaciones de los relatores de libertad de expresión de la CIDH urgieron a Guatemala a modificar su marco normativo eliminando el sistema de subasta económica y creando igualdad de oportunidades en el acceso a las frecuencias radioeléctricas.
A partir de la audiencia realizadas en Washington en marzo de 2005, en las que participaron representantes de radios comunitarias, autoridades del Estado de Guatemala como la COPREDEH y la SIT, y el Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC-ALC, se acordó ante los Comisionados y la Relatoría promover la convocatoria de una Mesa Nacional de Diálogo para que el sector privado, el sector público y el tercer sector tuvieran oportunidad de concertar sus diferentes puntos de vista y buscar soluciones de fondo a la problemática de los medios comunitarios en nuestro país.
La Mesa Nacional de Diálogo quedó constituida en junio de 2005 con el objetivo de «analizar y elaborar propuestas que den pleno cumplimiento a las recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, los Acuerdos de Paz y la Constitución de la República, respecto a la necesidad de reformar el marco regulador del espectro radioeléctrico de manera que incorpore criterios democráticos que aseguren una igualdad de oportunidades de acceso para todos los sectores y un uso no discriminatorio de las frecuencias radioeléctricas, entendidas como un soporte para la libre expresión de todos los guatemaltecos y guatemaltecas».
En febrero de 2007, la Mesa de Diálogo ha logrado consensuar la mayor parte de un proyecto de ley sobre radiodifusión comunitaria que responde a los objetivos planteados y que sería presentado a la brevedad ante el Congreso Nacional. Con esta decisión, AMARC y las organizaciones sociales integrantes de la Mesa consideran que el Poder Ejecutivo ha desconocido por completo el proceso de diálogo y rechazaron en carta pública este procedimiento, instando al Estado de Guatemala a retomar el camino de diálogo.
