(CENCOS/IFEX) – Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dan una señal de autonomía y de respeto a la libertad de expresión en México al debatir una recomendación de juicio político sobre el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por su participación en la violación de […]
(CENCOS/IFEX) – Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dan una señal de autonomía y de respeto a la libertad de expresión en México al debatir una recomendación de juicio político sobre el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por su participación en la violación de las garantías constitucionales de la periodista Lydia Cacho, por la publicación de su libro «Los demonios del Edén: el poder que protege a la pornografía infantil».
La Suprema Corte discutirá y votará la recomendación al Poder Legislativo para iniciar un juicio político contra el gobernador, por organizar una confabulación de servidores públicos del estado para arrestar y enjuiciar a la comunicadora, que se atrevió a desenmascarar a los integrantes de una red de pederastas internacional encabezada por Jean Succar Kuri, y el empresario de la mezclilla de origen libanés, Kamel Nacif.
Asimismo, la máxima instancia de justicia del país solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) que inicie acción penal contra los procuradores de Puebla, Blanca Laura Villeda Martínez, y de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, quienes se coordinaron para detener de forma irregular a la periodista.
El debate de la Corte representa un golpe a los poderes fácticos que tratan de amordazar la libertad de prensa en México, donde empresarios y representantes de los poderes estatales y judiciales se coluden para acallar las voces que denuncian la corrupción y los actos ilícitos de grupos de alto poder económico, que se manejan impunemente.
Con la mera discusión del caso de Cacho, los magistrados sientan un precedente para dar certidumbre a la sociedad civil respecto a la falta de garantías para ejercer la libertad de expresión, secuestrada por los intereses de poderosos grupos criminales que amenazan e incluso atentan contra la integridad física de los informadores.
El caso de Cacho demuestra una de las muchas vertientes de las agresiones a periodistas que actualmente se han agudizados. Muestra claramente como los límites de los poderes que dan las instituciones a las personas son violentados y utilizados para beneficio de particulares por encima de los derechos fundamentales como la libertad de expresión. CENCOS espere que los signos de la Suprema Corte sigan siendo alentadores para seguir creyendo en la legalidad y el estado de derecho.
