(AMARC/IFEX) – AMARC está fuertemente preocupada por la decisión del juez federal de la provincia de Mendoza, Héctor Acosta, quien dispuso el cese de las emisiones de la repetidora de Canal 7 de la ciudad de San Rafael. Esta emisora fue instalada recientemente, con el apoyo de los vecinos de esta localidad mendocina, que presentaron […]
(AMARC/IFEX) – AMARC está fuertemente preocupada por la decisión del juez federal de la provincia de Mendoza, Héctor Acosta, quien dispuso el cese de las emisiones de la repetidora de Canal 7 de la ciudad de San Rafael.
Esta emisora fue instalada recientemente, con el apoyo de los vecinos de esta localidad mendocina, que presentaron una carta al gobierno de Néstor Kirchner firmada por 10 mil personas, en abril de 2007, para solicitar su llegada.
El juez dictó una medida de no innovar que suspende los efectos de los decretos 2368/2002 y 84/2005, normas aprobadas para permitir que la televisión pública llegue en forma abierta y gratuita a todos los habitantes del país.
El Decreto 2368/2002 destacó el compromiso del Estado Nacional con la «amplia, plena y libre difusión de las ideas, de la cultura y de la educación a la población», en tanto que el Decreto 84/2005 otorgó varias frecuencias para repetidoras del Canal 7 en varias localidades del interior del país donde no llegaba el servicio.
La sentencia utiliza como argumento viene de las disposiciones de la Ley de Radiodifusión aprobada durante la dictadura militar, que establecía el carácter subsidiario de los medios públicos frente a los medios comerciales y que sólo autorizaba repetidoras del canal estatal por «razones de seguridad nacional».
AMARC expresa su fuerte precupación ante este hecho porque favorece la existencia de monopolios en los medios de comunicación, una situación considerada como antidemocrática y atentatoria de la libertad de expresión por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
La decisión plantea la urgente necesidad de modificar esta ley de la dictadura, exigida por amplios sectores sociales y académicos del país pero postergada una y otra vez, para que Argentina cuente con una ley democrática luego de 24 años de gobiernos constitucionales.
AMARC también alerta acerca de la sistemática acción de poderes fácticos que obstaculizan el libre ejercicio de la libertad de expresión e información, presionando a distintos organismos del Estado para favorecer sus intereses corporativos.
En este caso, la demanda fue realizada por el grupo Vila-Manzano, dueño de un conglomerado multimedia en Mendoza que incluye el Canal 6 en esta localidad, y que se ha visto beneficiado directamente por esta decisión judicial, al permitir que mantenga su monopolio en San Rafael.
