(PROBIDAD/IFEX) – La noche del 19 de diciembre de 2007 el periodista Jorge Loáisiga, quien labora para el periódico «La Prensa», fue agredido por agentes de la seguridad presidencial. Los hechos ocurrieron en un acto público realizado en Managua, en el que se encontraban el presidente de la República junto a varios embajadores. Loáisiga intentaba […]
(PROBIDAD/IFEX) – La noche del 19 de diciembre de 2007 el periodista Jorge Loáisiga, quien labora para el periódico «La Prensa», fue agredido por agentes de la seguridad presidencial. Los hechos ocurrieron en un acto público realizado en Managua, en el que se encontraban el presidente de la República junto a varios embajadores. Loáisiga intentaba obtener declaraciones del embajador de Estados Unidos, cuando fue detenido violentamente por los referidos agentes, conocidos como «camisas azules», quienes luego lo entregaron a la policía. El periodista fue esposado y era conducido en calidad de detenido, pero las autoridades desistieron ante la protesta de otros periodistas y pobladores.
La jefe de la Policía Nacional, Aminta Granera, justificó la actuación de los agentes presidenciales y de sus subalternos, acusando al periodista de traspasar el perímetro de seguridad. «El periodista irrumpió intempestivamente el primer perímetro de seguridad establecido por la Policía en el acto en el que participaba el presidente», dijo la funcionaria. En una declaración pública, Loáisiga contradijo a la comisionada Granera. «Somos periodistas, anunciamos y pasamos frente a los ojos de los policías que no nos dijeron nada, absolutamente nada. Ni una sola advertencia, como mentirosa y tergiversadamente dice la comisionada Granera», señaló el periodista.
El hecho se da en el marco de una preocupación creciente por expresiones autoritarias mostradas por el gobierno del presidente de la República, Daniel Ortega, quien frecuentemente en sus discursos desacredita la labor de la prensa. Existe un ambiente de tensión por la intención del mandatario de organizar grupos de apoyo, denominados Consejos del Poder Ciudadano, enfrentando el rechazo de la Asamblea Nacional y de sectores de oposición. Existe el temor de que estos consejos sean utilizados como grupos de choque para callar las críticas a la gestión del gobierno, además de servir como redes clientelares para acceder a los servicios públicos.
Según la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la intimidación y amenaza contra comunicadores sociales «viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión». Según esta declaración, es deber de los Estados «prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».
