(RSF/IFEX) – RSF se siente consternada por las revelaciones, efectuadas el 24 de enero de 2008, de algunas actividades de espionaje al margen de todo control, en las que está implicado el servicio de inteligencia de la policía, y en que una de cuyas víctimas ha sido Juan José Espada, responsable de información del canal […]
(RSF/IFEX) – RSF se siente consternada por las revelaciones, efectuadas el 24 de enero de 2008, de algunas actividades de espionaje al margen de todo control, en las que está implicado el servicio de inteligencia de la policía, y en que una de cuyas víctimas ha sido Juan José Espada, responsable de información del canal privado Unitel. A pesar del escándalo, la organización cuenta con que proseguirá el diálogo, iniciado entre representantes de los medios de comunicación y el gobierno tras las violencia contra la prensa, llevada a cabo en el momento álgido de la crisis política, en 2007 (ver la alerta de IFEX del 6 diciembre de 2007, y otras). Finalmente, recuerda que los periodistas deben contar con todas las garantías del secreto profesional, necesarias para hacer su trabajo.
«Nos felicitamos por la rápida reacción del gobierno frente a tales actuaciones. Parece que algunos sectores de la policía han sobrepasado sus atribuciones. Por lo que se refiere a Juan José Espada, la investigación deberá aclarar si el espionaje que ha sufrido tenía como objetivo descubrir sus fuentes informativas, en cuyo caso se trataría de una característica violación de la libertad de prensa. El secreto profesional es un pilar indispensable de esa libertad. También esperamos saber si ese procedimiento ha afectado a otros periodistas. En cualquier hipótesis, el escándalo no deber servir de argumento para una nueva relación de fuerza entre los medios y la clase política, ni para una polarización en los medios. Ahora más que nunca debe continuar el diálogo, iniciado por el gobierno y los representantes de la prensa tras las violentas manifestaciones de 2007, y contribuir a la paz social, a imagen y semejanza del que tiene lugar entre el ejecutivo de La Paz y los gobernadores de la oposición», ha declarado RSF.
El 24 de enero, los canales privados Cadena A, ATB, PAT y Unitel, y los diarios nacionales «La Razón» y «El Nuevo Día», manifestaron haber recibido, de forma anónima, un CD-ROM conteniendo una docena de asuntos, cerca de 40 notas y más de 400 fotógrafas. La recopilación era un balance de las actividades de espionaje efectuadas, al margen de todo control, por el servicio de inteligencia de la policía, a finales del 2007. Dieciocho personalidades políticas fueron víctimas del procedimiento, y entre ellas el ex Jefe del Estado Jorge Quiroga, jefe de filas del partido de la oposición Podemos, cuatro gobernadores provinciales hostiles al gobierno de Evo Morales y también el Presidente del Senado, Oscar Ortiz, y los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS, el partido en el poder) Gustavo Torrico y Guido Guardia. En la lista figura también Espada, co-responsable de información del canal privado Unitel en La Paz, en la época de los hechos y ahora destinado en Santa Cruz. Considerado afín a la oposición, Unitel mantiene relaciones más bien tensas con el gobierno de Morales.
En ausencia del Jefe del Estado, que se encontraba en Argentina, el Vicepresidente Alvaro García ordenó, el 25 de enero, al general Miguel Vásquez, jefe de la policía, que le enviara toda la información relativa a ese asunto. Criticó públicamente al servicio de inteligencia de su administración y aseguró que la prensa tendrá «plenas garantías».
Las divisiones provocadas por la elaboración de una nueva Constitución han hundido al país en una crisis política. La prensa boliviana, tanto la progubernamental como la de oposición, pagó con creces el precio de la crisis en 2007.
Al comienzo del año 2008, dominado por un intento de conciliación entre el gobierno y la oposición, los días 19 y 25 de enero sufrieron ligeros desperfectos los locales de los canales PAT y ATB, en La Paz. Según varios periódicos bolivianos, René Fernández, de la emisora Radio Cadena Nacional, fue agredido el 25 de enero en La Paz, y conminado a guardar silencio sobre el caso de espionaje en el que estaba investigando.
La prensa está también preocupada por las posibles modificaciones legislativas que puedan introducirse, relativas al secreto de las fuentes.
