(RSF/IFEX) – RSF se subleva contra la decisión, adoptada el 7 de marzo de 2008 por un juez federal, de multar a Toni Locy, ex periodista de «USA Today», con hasta 5.000 USD diarios si persiste en mantener el secreto de las fuentes utilizadas en una investigación publicada en 2003 sobre un ex científico del […]
(RSF/IFEX) – RSF se subleva contra la decisión, adoptada el 7 de marzo de 2008 por un juez federal, de multar a Toni Locy, ex periodista de «USA Today», con hasta 5.000 USD diarios si persiste en mantener el secreto de las fuentes utilizadas en una investigación publicada en 2003 sobre un ex científico del ejército, considerado sospechoso en el caso llamado del ántrax. El juez federal de Washington Reggie Walton ha prohibido al ex empresario de la periodista, así como a su familia, que paguen la multa en su lugar, y Locy podría ir a la cárcel a partir del próximo 3 de abril. La organización pide al Senado que apruebe rápidamente la «ley escudo» que garantiza el secreto de las fuentes a nivel federal, y que ya aprobó la Cámara de Representantes el 16 de octubre de 2007.
«Desgraciadamente, la obligación impuesta, por la justicia federal, a un periodista de revelar sus fuentes, no es ninguna novedad en Estados Unidos, y algunos de sus colegas han pasado por la cárcel por negarse a hacerlo. Por eso es urgente que el Senado debata y vote rápidamente la «ley escudo», reconociendo a los periodistas el derecho a mantener en secreto los nombres de sus informadores. Más allá, nos sentimos indignados por el procedimiento utilizado por el juez Reggie Walton para intentar imponer su decisión a Toni Locy. Prohibir que la periodista pueda contar con la ayuda de su familia, o de sus antiguos patrones, es ensañarse con ella», ha declarado RSF.
El 7 de marzo, el juez Walton confirmó una primera condena, dictada el 19 de febrero, contra Locy por «desacato al Tribunal», obligando a la periodista a pagar diariamente una multa que puede alcanzar los 5.000 USD mientras no facilite los nombres de sus fuentes confidenciales, en relación con el caso del ántrax. Además, el juez federal ha prohibido que nadie preste ayuda económica a Locy y ha amenazado con enviar a la cárcel a la ex redactora del diario «USA Today», a partir del 3 de abril, si la presión de la multa no resulta suficiente. El pago de la multa debe hacerse efectivo el 11 de marzo a media noche (hora de Washington). Locy presentó un recurso de urgencia el 10 de marzo.
Sobre la base de informaciones conseguidas en fuentes gubernamentales, Locy y otros colegas de diferentes medios hicieron pública, en 2003, la identidad de Steven Hatfill entre las personas sospechosas en los atentados con paquetes infectados de ántrax, que mataron a cinco personas en 2001. Ex científico del ejército, Hatfill emprendió diligencias contra el Departamento de Justicia por «violación de la ley federal de protección de datos personales». En el marco de ese procedimiento, el 13 de agosto de 2007, el juez Walton conminó a cinco periodistas – Allan Lengel, del «Washington Post», Michael Isikoff y Daniel Klaidman, de «Newsweek»; James Stewart, de CBS News, Brian Ross, de ABC y Locy – a dar los nombres de los funcionarios gubernamentales que estaban en el origen de la filtración. Locy facilitó los nombres de dos de sus fuentes, con su consentimiento. Stewart, que se negó a revelar la identidad de otras fuentes, también podría ser condenado por «desacato al Tribunal».
Solo si el Senado aprueba la ley de libre circulación de la información («Free Flow of Information Act»), reconociendo a los periodistas la protección de sus fuentes a nivel federal, podría quedar sin efecto la decisión del juez Walton. El texto, que ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes y el Comité Judicial del Senado, espera ser votado en sesión plenaria en la Cámara Alta. El 7 de marzo, el senador Patrick Leahy (D-Vermont), presidente del Comité judicial, y su compañero Arlen Specter (R-Pensilvania), dirigieron una carta a los jefes de fila de los dos grandes partidos, pidiendo una votación rápida de la «ley escudo» federal. El privilegio del secreto de las fuentes se les reconoce a los periodistas en treinta y dos Estados de la Unión, y en el Distrito de Columbia.
