(IPYS/IFEX) – El 18 de marzo de 2008, la periodista Mariela Balbi, columnista del diario «El Comercio», denunció que el 10 de marzo, la Policía Nacional del Perú (PNP) le envió una carta notarial conminándola a probar que un sector de la policía destacado en las zonas de narcotráfico cometen actos de corrupción y tranzan […]
(IPYS/IFEX) – El 18 de marzo de 2008, la periodista Mariela Balbi, columnista del diario «El Comercio», denunció que el 10 de marzo, la Policía Nacional del Perú (PNP) le envió una carta notarial conminándola a probar que un sector de la policía destacado en las zonas de narcotráfico cometen actos de corrupción y tranzan con las mafias, tal como ella afirmó en un artículo de opinión publicado el 26 de febrero. En la carta le dan un plazo de 72 horas para presentar las pruebas, amenazándola con enjuiciarla si no se rectifica.
En su artículo, Balbi indicó que entre otras instituciones, «la policía estaba perforada por el narcotráfico», refiriéndose a su labor en la zona del Valle del Río Apurímac Ene (VRAE), uno de los principales lugares de lucha contra el narcotráfico en el país. Pese a que el tema fue publicado en diversos medios y la misma Policía Nacional destituyó a varios de sus funcionarios por estar vinculados a mafias del narcotráfico, la institución envió una carta aclaratoria al diario donde tilda a la periodista de irresponsable y le exige retractarse. Ella respondió a la carta señalando que si bien hay policías probos, no se puede cerrar los ojos a un problema de corrupción que se vive en el país y que se extiende a entidades como la PNP.
La carta y la respuesta fueron publicadas en «El Comercio», lo que provocó que el 10 de marzo, la PNP envíe la carta notarial exigiéndole a la periodista las pruebas de la presunta corrupción policial.
IPYS protesta contra esta acción de la policía y le recuerda que en el Perú no existen delitos de opinión. Por lo demás, IPYS pide a las autoridades que rectifiquen la misiva que atenta contra la libertad de expresión y opinión, derechos consignados en la Constitución.
