(FLIP/IFEX) – El 18 de marzo de 2008 en Barrancabermeja, Santander, el reportero gráfico Alfredo Estévez del diario «Vanguardia Liberal» fue obstruido en su labor periodística por una jueza que le exigió borrar las fotografías tomadas en una audiencia pública. Al día siguiente, el reportero recibió una amenaza de origen desconocido. Los hechos se presentaron […]
(FLIP/IFEX) – El 18 de marzo de 2008 en Barrancabermeja, Santander, el reportero gráfico Alfredo Estévez del diario «Vanguardia Liberal» fue obstruido en su labor periodística por una jueza que le exigió borrar las fotografías tomadas en una audiencia pública. Al día siguiente, el reportero recibió una amenaza de origen desconocido.
Los hechos se presentaron cuando el reportero se encontraba cubriendo una audiencia pública en el Juzgado Primero Penal Municipal, en la que se acusaba a cuatro hombres por un robo de ganado. Una vez la jueza Alicia Martínez Ulloa levantó la sesión, Estévez se dispuso a tomar fotografías del lugar y de los implicados, lo cual está permitido por tratarse de una diligencia de carácter público.
Una vez el reportero salía del recinto, fue alcanzado por un agente de la policía que le exigió que lo acompañara al despacho de la jueza y lo obligó a borrar las fotografías de la audiencia. Según dijo Estévez a la FLIP, la jueza Martínez le reclamó por las fotos y le dijo que estaba prohibido hacer tomas en sus audiencias. Le advirtió que si publicaba alguna foto «se metería en problemas».
Por su parte, la jueza, en un comunicado dirigido a los medios de comunicación, negó que haya exigido al reportero borrar las fotografías. Aseguró que Estévez estaba «formando en fila a las personas dejadas en libertad (los cuatro implicados) para tomarles fotos», y agregó que ella simplemente le recordó que la publicación de las imágenes debía respetar la presunción de inocencia de estas personas.
La jurista añadió que la denuncia de Estévez «no concuerda con la realidad acontecida y puede ser fácilmente desvirtuada por cualquiera de las personas que presenciaron los hechos». No obstante, la FLIP verificó con algunos testigos quienes negaron la afirmación de Martínez, aunque manifestaron que el reportero fue agresivo verbalmente con el agente de la policía.
Una fuente oficial que pidió la reserva de su identidad manifestó que la acción de la jueza Martínez «no se podía hacer por ningún motivo». Y agregó: «Se violó el principio de publicidad que el Sistema Penal Acusatorio contempla para las audiencias públicas».
El 19 de marzo, «Vanguardia Liberal» publicó una información sobre la captura, por parte del ejército, de los cuatro sujetos que fueron sindicados por el caso del robo de ganado. La nota iba acompañada de una fotografía de los hombres que había sido suministrada por el Ejército. Ese mismo día, hacia las 6:30 p.m. (hora local), Estévez recibió una llamada telefónica en la que le advirtieron: «H.P. váyase de ‘Barranca’ o si no lo vamos a joder».
La amenaza dejó preocupado al reportero, quien no está seguro de dónde pueda provenir: «pueden ser los sindicados que aparecen en la foto que publicó ‘Vanguardia'», aseguró, teniendo en cuenta que éstos fueron dejados en libertad luego de la audiencia.
La FLIP manifiesta su preocupación por la actuación de la jueza Martínez, quien debería saber que en el nuevo sistema penal acusatorio la publicidad es la regla. No se podrá denegar el acceso a nadie a las audiencias que se desarrollen sin decisión judicial previa. Por regla general, las audiencias de trámite -como ésta – son públicas.
Mediante decisión judicial previa, el juez podrá restringir la publicidad de los procesos cuando considere que dicha publicidad ocasionaría uno de las siguientes consecuencias: poner en peligro a las víctimas, testigos o peritos que intervienen en el proceso; afectar la seguridad nacional; exponer a los menores de edad; menoscabar el derecho del acusado a un juicio justo; o comprometer seriamente la investigación. Pero en ningún caso un juez podrá decidir arbitrariamente que un periodista debe retirarse de una audiencia o, pero aún, conminarlo a borrar un registro fotográfico.
Por otro lado, la FLIP solicita a la Fiscalía General de la Nación iniciar la investigación correspondiente respecto a la amenaza recibida por el reportero.
