(CENCOS/IFEX) – La justicia de Quintana Roo (sureste) cerró la investigación en el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro al negar efectuar los órdenes de aprehensión contra funcionarios y ex servidores públicos del estado de Puebla, acusados de tortura contra la periodista. El juez Benjamín Navarrete argumentó en su fallo que estaba impedido para […]
(CENCOS/IFEX) – La justicia de Quintana Roo (sureste) cerró la investigación en el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro al negar efectuar los órdenes de aprehensión contra funcionarios y ex servidores públicos del estado de Puebla, acusados de tortura contra la periodista.
El juez Benjamín Navarrete argumentó en su fallo que estaba impedido para girar las detenciones de los servidores públicos porque el delito de tortura y las sanciones solamente se pueden aplicar a funcionarios del estado de Quintana Roo, con lo que la búsqueda de justicia de Cacho Ribeiro enfrenta un nuevo obstáculo por parte de las instituciones encargadas de hacer valer la ley.
«Queda inconcluso el primer elemento, pues los agentes judiciales no son servidores públicos de Quintana Roo sino de Puebla», expuso el juez, de acuerdo a información publicada por la versión en línea de «El Universal».
En la consignación presentada por la Procuraduría General de la República, se solicitó que el juez de Quintana Roo librara órdenes de captura contra diversos servidores públicos del estado de Puebla: la ex procuradora, un ministerio público estatal, un comandante y agentes judiciales, quienes presuntamente manipularon la documentación para la detención de la periodista.
La detención de Cacho Ribeiro en diciembre de 2005 fue un acto ilegal violatorio de los derechos fundamentales de la periodista, motivado por la publicación del libro «Los Demonios del Edén», en donde se denunciaba la existencia de una red de pederastas que involucraba al estadounidense Jean Succar Kuri y menciona al empresario textilero Kamel Nacif, conocido como «El Rey de la mezclilla». Al mismo tiempo grabaciones se filtraron a los medios de comunicación dónde evidenciaron la participación del gobernador del estado de Puebla, Mario Marín.
En diciembre de 2005, agentes judiciales del estado de Puebla detuvieron a Cacho Ribeiro en Quintana Roo y la trasladaron en un automóvil a Puebla, para afrontar un proceso penal por el delito de difamación, denunciado por Nacif.
La periodista ha transitado un largo camino en donde ha denunciado la existencia de redes de pederastia, mientras que las instancias gubernamentales que debiesen de garantizar el ejercicio de sus derechos como el debido proceso y la libertad de expresión, sólo han dejado al descubierto la impunidad y la presión de los poderes fácticos a algunas autoridades gubernamentales en el país para aplicar la ley de forma discrecional y parcial.
Actualiza el caso Cacho Ribiero: http://ifex.org/es/content/view/full/92875
