(IPYS/IFEX) – La madrugada del 12 de noviembre de 2008, un grupo de soldados del Ejército, junto con policías, un fiscal y un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), irrumpió en el local de Radio Caplina, canceló la señal e incautó todos los equipos de transmisión. El hecho ocurrió en Tacna, al sur […]
(IPYS/IFEX) – La madrugada del 12 de noviembre de 2008, un grupo de soldados del Ejército, junto con policías, un fiscal y un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), irrumpió en el local de Radio Caplina, canceló la señal e incautó todos los equipos de transmisión.
El hecho ocurrió en Tacna, al sur del país, región declarada en estado de emergencia el 4 de noviembre tras una violenta protesta de los pobladores contra la promulgación de una nueva ley del canon minero. En las afueras de la radio permanecen dos tanquetas del Ejército.
El asesor legal de la emisora, Henry Portugal, dijo al IPYS que la medida sería en venganza luego que la radio permitiera a la población expresarse en vivo para que reclame por la distribución del canon minero.
Según el MTC, Radio Caplina fue cerrada tras comprobar que operaba sin licencia. Portugal refuta este argumento y señala que si bien la radio incumplió con el pago de canon por uso de la frecuencia, esto sucedió porque el MTC nunca publicó la taza que debían abonar. Por ese motivo, explicó Portugal, los representantes de la radio presentaron un recurso de reconsideración en septiembre que hasta la fecha no ha sido respondido.
Por su parte, los periodistas de Radio Caplina, Carlos Chávez, Carlos Yánez y Mario Chipana denunciaron al IPYS haber accedido a un informe de inteligencia donde se ordena que se les haga seguimiento para verificar si durante su cobertura incurrieron en los delitos de apología a la violencia y contra el orden público. Afirmaron que el fiscal de prevención del delito, José Luis Mega Pilco, amenazó con denunciarlos por dichos delitos. Ellos aseguran que realizaron su cobertura de forma independiente y plural, y que jamás incitaron a la violencia.
IPYS rechaza la utilización de medios de comunicación para incitar, exacerbar e incluso conspirar en favor de la violencia. Eso excede los límites de la libertad de expresión y, por el contrario, agrede este derecho.
