(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 24 de febrero de 2009: La SIP advierte sobre efectos negativos de intercepciones telefónicas en Colombia Miami (24 de febrero de 2009) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy su preocupación sobre los efectos negativos que tiene […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 24 de febrero de 2009:
La SIP advierte sobre efectos negativos de intercepciones telefónicas en Colombia
Miami (24 de febrero de 2009) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy su preocupación sobre los efectos negativos que tiene para la libertad de prensa y para la indispensable reserva de la fuente la intercepción de llamadas telefónicas realizadas por el Departamento de Seguridad (DAS) de Colombia contra varios periodistas de ese país.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, solicitó a las autoridades de Colombia una pronta investigación, la identificación de los involucrados y que se deslinden responsabilidades de acuerdo a la ley.
El pronunciamiento de la SIP se produce luego de conocerse una denuncia de la revista Semana según la cual fueron destruidos una gran cantidad de archivos entre los que se encontraban grabaciones, documentos secretos y análisis de inteligencia que contenían información sobre varios políticos, magistrados y periodistas. El material, según indicó una fuente del organismo a la revista, fue destruido por una orden entre el 19 y el 21 de enero pasado, tres días antes de la posesión de Felipe Muñoz como nuevo director del DAS.
Rivard, director del San Antonio Express-News, dijo que más allá de violentarse los derechos a la inviolabilidad y a la intimidad que se le debe garantizar a todo ciudadano, «las intercepciones telefónicas contra los medios de comunicación adquieren una mayor gravedad por cuanto se corroe la confianza entre los periodistas y sus fuentes, lo que termina siendo un abuso en contra del derecho del público a la información».
Según la denuncia de Semana, de acuerdo con la declaración de un detective de contrainteligencia, las interceptaciones a medios de comunicación y periodistas tenían entre otros fines «informar al gobierno qué se mueve en los medios, con lo cual se le da un margen de maniobra al Estado en situaciones críticas. La cosa es simple, y básicamente se divide en dos categorías. Se monitorean esporádicamente algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman ‘línea editorial’. Pero la mayor parte del esfuerzo está encaminada a los periodistas que manejan la información y las fuentes ‘duras’. Allí se matan dos pájaros de un solo tiro: se sabe en qué están y, sobre todo, lo más importante, con quién hablan».
Entre los periodistas interceptados telefónicamente se ha mencionado, entre otros, a Daniel Coronel, director de Noticias UNO; Alejandro Santos, director de Semana; Felix de Bedout, periodista de la W Radio; Julio Sánchez Cristo, director de la W Radio; Dario Arismendi, director de Caracol Radio; y Ramiro Bejarano, columnista de El Espectador. Este último es además el abogado del magistrado César Julio Valencia, quien adelanta un proceso penal contra el presidente Álvaro Uribe.
El tema de las intercepciones telefónicas reapareció después de que hace un año y medio se generó un enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República cuando se denunciaron escuchas ilegales en perjuicio de magistrados nacionales, periodistas y el senador Gustavo Petro.
