En su seguimiento de la crisis de Nicaragua, el CPJ ha identificado cuatro etapas clave entre el comienzo de las protestas, en abril de 2018, y el final de ese año.
Lo que sigue es un extracto de un blog de CPJ del 5 de agosto de 2019 por Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ.
Cuando las protestas estallaron en Nicaragua en abril de 2018, desde un principio quedó claro que los medios informativos nacionales serían un campo de batalla. Apenas un día después del comienzo de la crisis, el Gobierno les ordenó a las empresas de TV por cable interrumpir las señales de como mínimo cinco canales. Para finales de año, el CPJ había documentado ataques, arrestos e inclusive operativos de vigilancia contra periodistas.
Lo que llamó la atención fue cómo los riesgos pasaron de las heridas recibidas en la cobertura de protestas y el acoso y las amenazas a los periodistas en las redes sociales y en los medios oficialistas, a las detenciones arbitrarias, los allanamientos de medios informativos, la vigilancia y hasta el encarcelamiento de periodistas, dos de los cuales – Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, el director y la jefa de Información, respectivamente, de 100% Noticias – permanecieron casi seis meses en prisión.
De cierta forma, la prensa fue un blanco fácil. El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien está a cargo de las comunicaciones oficiales del Gobierno, durante años han afianzado el control sobre los medios. La mayoría de los canales de TV y los principales periódicos son propiedad de integrantes de la familia presidencial o de aliados del Gobierno, como el magnate de medios mexicano Remigio Ángel González. El CPJ ya había documentado cómo pocos medios se atrevían a informar de manera crítica sobre el Gobierno por temor a las presiones. Periodistas de los pocos medios independientes que quedaban, como el sitio web de noticias Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Chamorro; o Radio Darío, que desde 1959 ha transmitido su señal desde la noroccidental ciudad de León, declaraban al CPJ que tenían libertad para informar siempre y cuando no sobrepasaran ciertos límites, como criticar abiertamente a los dirigentes del Gobierno.