Las 24 organizaciones que integran la red IFEX-ALC condenan las amenazas, agresiones, hostigamiento y censura contra medios de comunicación y periodistas en Bolivia en el marco de la crisis política en la que está inmersa el país, iniciada con una ola de protestas luego de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019.
Las 24 organizaciones que integramos la red IFEX-ALC, condenamos las amenazas, agresiones, hostigamiento y censura contra medios de comunicación y periodistas en Bolivia en el marco de la crisis política en la que está inmersa el país, iniciada con una ola de protestas luego de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, en las que analistas universitarios independientes, la empresa contratada por el Tribunal Electoral y la auditoría de la OEA solicitada por el propio gobierno denunció un fraude electoral, y que desencadenó en la renuncia del presidente Evo Morales.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia registró, hasta el 11 de noviembre, más de 438 personas heridas, 227 detenidas y 3 personas fallecidas durante las protestas. Hasta la fecha, la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia (ANP) ha documentado un total de 64 periodistas han sido agredidos.
Las manifestaciones que rechazaban los resultados electorales fueron duramente reprimidas. Varios periodistas que cubrían las protestas fueron víctimas de diferentes tipos de agresiones tanto por agentes estatales como por particulares. El 29 de octubre, periodistas y manifestantes fueron afectados por el uso de agentes químicos utilizados por la policía en La Paz. El camarógrafo de la red privada de televisión Gigavisión, Daynor Flores Quispe, fue víctima de la explosión de dinamita el jueves 31 de octubre y el 7 de noviembre, 13 periodistas fueron atacados en jornadas de protestas. La vivienda de la periodista Casimira Lema, del canal Televisión Universitaria, fue incendiada en la noche del 10 de noviembre, por manifestantes.
Los medios de comunicación también han sido víctimas de diversos ataques, a la fecha 15 medios han sufrido ataques de diversa magnitud. El 9 de noviembre en El Alto, la señal del canal de televisión Unitel fue interrumpida tras el ataque a las instalaciones del canal por un grupo de manifestantes. Los estudios de radio y televisión Mega en Oruro, fueron saqueados e incendiados. El 10 de noviembre en Santa Cruz, Radio Ichilo fue incendiada*. Por su parte, la Agencia de Noticias Fides, denunció bloqueos en su cuenta de Facebook y Twitter.
Los noticieros de los canales de televisión Boliviatv y Radio Patria Nueva suspendieron sus emisiones en la tarde del sábado 9 de noviembre debido a las agresiones y amenazas de las que fueron víctimas varios de sus periodistas por parte de manifestantes. El diario Página 7 no circuló el 11 de noviembre por temor a las agresiones de las que podían ser víctimas sus periodistas. Los periódicos El Diario, El Alteño, Los Tiempos, Opinión y Gente también suspendieron su circulación. El director de radio Comunidad, de la Confederación Sindical de Campesinos de Bolivia, y del semanario Prensa Rural, José Aramayo, fue atado a un árbol y amenazado con dinamita por vecinos de la zona de Miraflores en La Paz.
La CIDH reiteró su llamado «a todos los actores políticos y sociales de Bolivia a abstenerse de utilizar la violencia como medio de coerción política y subraya que los discursos que incitan a la violencia son contrarios a los derechos humanos”.
En situaciones de crisis es imperativo garantizar el trabajo de los medios de comunicación para propiciar la más amplia y plural cobertura de los hechos.
Además, el compromiso con la democracia y los derechos humanos exige un debate abierto, libre y participativo, y ofrecer a los ciudadanos información oportuna para la seguridad y la toma de decisiones.
Coartar los derechos de acceso a la información y a la libre expresión y opinión es una clara demostración de un comportamiento antidemocrático y que atenta contra los derechos humanos de las y los Bolivianos.
Las organizaciones que hacemos parte de IFEX-ALC condenamos la violencia instaurada en Bolivia y los numerosos ataques contra la prensa, así como el uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes. Emplazamos vehemente, a las autoridades de Bolivia que cumplan con su obligación de:
- Garantizar la seguridad y protección de los periodistas que realizan su trabajo durante las protestas.
- Abstenerse de utilizar el aparato estatal y las fuerzas armadas para atacar y censurar las voces críticas.
- Cumplir los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia, los cuales garantizan el ejercicio pleno del periodismo para ofrecer información confiable sobre los asuntos de interés público, y protegen el derecho de la ciudadanía a estar informada. Tener una prensa libre e independiente es un derecho de los ciudadanos y una obligación para cualquier gobierno democrático.
- Se investigue y se sancione de manera pronta y exhaustiva a los responsables de las agresiones cometidas contra periodistas tanto por agentes del Estado como por particulares.
- Se investigue y sancione de manera pronta y exhaustiva las denuncias de uso excesivo de la fuerza cometido por agentes del Estado en contra de manifestantes.
Sobre IFEX-ALC:
IFEX-ALC, de la red global de IFEX, está integrada por 24 organizaciones en 14 países de América Latina y el Caribe dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y la prensa libre.
*Versión actualizada el noviembre 14 a las 2:15pm ET.