Noviembre en Europa y Asia Central: un resumen de noticias clave sobre la libertad de expresión preparado por el editor regional de IFEX Cathal Sheerin, sobre la base de informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Solidaridad con el pueblo bielorruso y sanciones para sus opresores
Noviembre fue otro mes de represión, resistencia y tragedia en Bielorrusia. Pero también fue un mes en el que se vieron grandes gestos de solidaridad mundial y la intensificación de la presión internacional sobre el régimen de Lukashenko.
A mediados de mes, la Asociación Bielorrusa de Periodistas, uno de los miembros de IFEX, fue distinguida con el primer Premio de Libertad de Prensa otorgado por Canadá y el Reino Unido en reconocimiento por su excepcional labor ante la brutal represión que sufren aún la oposición y los medios de comunicación independientes en ese país. Casi simultáneamente, el Teatro Libre de Bielorrusia (una compañía de teatro que viene luchando desde hace muchos años contra el régimen) recibió el Premio Magnitsky de Derechos Humanos por Coraje bajo Fuego. Esto le siguió a una distinción similar en octubre, mes en el que se otorgó el Premio Sájarov 2020 a la Libertad de Conciencia a la oposición democrática de Bielorrusia. Otro gesto de solidaridad muy significativo se dio hacia fines de noviembre, cuando el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, invitó a Svetlana Tijanóvskaya, líder de la oposición bielorrusa en el exilio, a su toma de posesión en enero de 2021.
CÓMO pueden UE/EEUU/GB/Canadá ayudar a Bielorrusia: sanciones más duras a empresas estatales/cercanas a Lukashenko; apoyo para investigar y accionar en cortes internacionales; fondos de emergencia para medios/trabajadores/estudiantes/deportistas/artistas/médicos víctimas de la represión.
Noviembre también fue un mes en que ministros de relaciones exteriores de la Unión Europea acordaron seguir adelante con una nueva ronda de sanciones contra altos funcionarios del régimen de Lukashenko y entidades que financian su gobierno. Asimismo, hubo importantes declaraciones e informes de expertos en materia de derechos: relatores especiales de las Naciones Unidas pidieron una investigación independiente para esclarecer los casos de violencia contra manifestantes y condenaron la persecución de mujeres que defienden los derechos humanos; el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condena el asesinato del manifestante Raman Bandarenka y exigió que se investigaran las numerosas violaciones de derechos cometidas por el régimen de Lukashenko. Además, se publicó un contundente informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en el marco del Mecanismo de Moscú, en el que se llama a la celebración de nuevas elecciones de conformidad con las normas internacionales, la liberación de todos los prisioneros detenidos por motivos políticos y la realización de una investigación internacional independiente para esclarecer todas las denuncias de torturas y malos tratos.
El número de detenciones y violaciones de derechos que se produjeron en los últimos meses es alarmante. Un documento filtrado en noviembre revela que desde las elecciones presidenciales fraudulentas del 9 de agosto fueron casi 26.000 las personas detenidas. Según las estadísticas compiladas por la Asociación Bielorrusa de Periodistas, 393 periodistas fueron detenidos, golpeados o agredidos por las autoridades desde el día de la elección.
#Bielorrusia – Documento del Ministerio del Interior filtrado a la oposición revela que desde agosto hubo más de 25.800 detenidos. La cifra es mayor que la calculada por defensores de los derechos humanos. Las estadísticas reales generalmente lo son.
Para estar al tanto de las últimas noticias sobre la situación de derechos en Bielorrusia, siga la labor de la Asociación Bielorrusa de Periodistas, la Federación Europea de Periodistas, PEN Bielorrusia, el Teatro Libre de Bielorrusia, Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Watch, ARTICLE 19, PEN Internacional y PEN Estados Unidos.
Francia: Manifestantes se vuelcan a las calles para proteger el derecho a la información
Las manifestaciones masivas que estallaron a lo largo y ancho de Francia el último sábado de noviembre obligaron a los legisladores a comprometerse a reescribir un proyecto de ley draconiano que, tal como estaba al 30 de noviembre, limitaría gravemente la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo.
La nueva redacción del texto podría demorar un tiempo, pero en su versión actual la norma propuesta – conocida como la loi “Sécurité globale” (la ley de “Seguridad global”) – tipificaría como delito el filmar o sacar fotos de la policía con “intención de causar daño”, estableciéndose penas de hasta un año de prisión y multas de hasta 45.000 euros para quienes fueran encontrados culpables de ese delito. Es ese artículo del proyecto de ley que los legisladores anunciaron que reescribirían.
Al redactar sus leyes de seguridad, los Estados Miembro deben encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad pública y proteger libertades y derechos ciudadanos. En tiempos de crisis es más crucial que nunca que los periodistas trabajen libremente y con seguridad.
“Ley de seguridad global”: periodistas deben poder trabajar “libremente y con seguridad”, advierte la Comisión Europea.
Como para ilustrar la amenaza que representaría esa ley al derecho a la información, días antes de las protestas se difundieron imágenes de video de oficiales de policía agrediendo brutalmente y profiriendo insultos racistas a un productor musical negro en su estudio de París.
Solidaridad con los miles de manifestantes en Francia que defienden el derecho de los ciudadanos al acceso a la información.
#NoALaLeyDeSeguridadGlobal #Stop[SNMO]
Luego de que se difundiera la golpiza, las manifestaciones en apoyo a la libertad de prensa y el derecho a la información se transformaron también en protesta contra la violencia policial. En París se produjeron choques entre un pequeño grupo de manifestantes y la policía que terminaron con heridos de ambos lados. Los policías reprimieron con gases lacrimógenos y cachiporras y dejaron al fotoperiodista sirio Ameer Alhalbi (que estaba cubriendo la manifestación) con heridas en el rostro y la cabeza.
Hoy en la Place de la Bastille el joven fotógrafo independiente Ameer al Halbi, de origen sirio, colaborador de @AFP y @polkamagazine, fue golpeado en la cara con una cachiporra. Cubría las #marchesdeslibertes [marchas de las libertades] y estaba visiblemente identificado como reportero. Foto: Gabrielle Cezard
Enfoque de género: Hungría y Polonia
A mediados de mes, la Vicepresidenta de la Unión Europea Vera Jourova y la Comisaria para la Igualdad Helena Dalli presentaron la primera Estrategia para la igualdad de las personas LGBTIQ en la UE 2020-2025. La iniciativa fue celebrada por el capítulo europeo de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA-Europa), que lo calificó como “un avance importante de la Comisión Europea en la protección y garantía de los derechos LGBTI”. La estrategia plantea una serie de objetivos clave en torno a cuatro pilares: 1. Combatir la discriminación contra las personas LGBTQI+; 2. Garantizar la seguridad de las personas LGBTQI+; 3. Construir sociedades inclusivas para las personas LGBTQI+; 4. Liderar el llamamiento en favor de la igualdad de las personas LGBTQI+ en todo el mundo. ILGA-Europa redactó un resumen de fácil lectura de la estrategia.
La estrategia es por demás necesaria en vista de que un grupo reducido de miembros de la Unión Europea – en particular Polonia y Hungría – están empeñados en hacer retroceder las conquistas de derechos para las personas LGBTQI+.
En Hungría, unos días antes del lanzamiento de la estrategia de la UE – y el mismo día en que los legisladores votaron por extender 90 días más el estado de emergencia decretado por el Primer Ministro Viktor Orbán – el gobierno envió al parlamento varias propuestas de enmiendas constitucionales, una de las cuales pondría restricciones para la adopción a ciertas parejas, excluyendo así de hecho a personas LGBTQI+ y a parejas que no estén casadas. Como señala Human Rights Watch, la enmienda propuesta “contiene términos que estigmatizan a las personas transgénero, afirmando que ‘los niños tienen derecho a su identidad en consonancia con su sexo al nacer” y rechazando la diversidad y la inclusividad al estipular que la crianza de los niños debe estar ‘de acuerdo con los valores basados en la identidad constitucional de nuestra patria y cultura cristiana”. Para un análisis de este proyecto de ley, y otras novedades legislativas, puede consultarse el informe reciente del Comité Húngaro de Helsinki.
El gobernante Partido de Ley y Justicia (PiS) de Polonia promueve desde hace un tiempo “zonas libres de LGBT” y sus líderes se han dedicado a pronunciar discursos políticos llenos de retórica homófoba y en general a fomentar un clima de intolerancia hacia las personas LGBTQI+. Esto ha llevado, entre otras cosas, a que en noviembre se presentara al Parlamento un proyecto de ley que prohíbe las marchas del orgullo gay. La propuesta es una iniciativa ciudadana impulsada por el grupo antiaborto Vida y Familia y será sometida a una primera consideración del parlamento en el próximo trimestre.
La embestida de Polonia contra los derechos LGBTQI+ es parte de la guerra constante del PiS contra la “ideología de género” (un término que usa la extrema derecha para referirse en forma despectiva a los derechos del colectivo LGBTQI+, los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos). El PiS está desde hace tiempo abocado a dar marcha atrás en las conquistas de derechos reproductivos y el mes pasado logró un gran avance en esa dirección con el fallo del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del aborto por anomalías en el feto (quitando así el fundamento constitucional de aproximadamente el 98 % de todos los abortos legales en Polonia). Pero la reacción de las mujeres ha sido abrumadora: ante las manifestaciones masivas organizadas por grupos de mujeres en ciudades de todo el país, el gobierno se vio obligado a postergar la aplicación del fallo de la corte.
Las protestas continúan y han sido escenario de brutales abusos de derechos por la policía que, según informa ARTICLE 19, ha respondido a manifestantes y periodistas que cubren las marchas con uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias. Agata Grzybowska es una de las periodistas que ha sido víctima de esta represión. Fue detenida en Varsovia el 23 de noviembre y acusada de “atentar contra la integridad física” de un agente de policía (aunque en las imágenes de videos grabadas al momento de su arresto no se la ve en actitud agresiva hacia nadie).
Los y las activistas por los derechos de las mujeres y el colectivo LGBTQI+ también han tenido que lidiar con agresiones de patotas de extrema derecha, muchas veces de una violencia alarmante. Luego de que el alcalde de Varsovia prohibiera la marcha del Día de la Independencia de Polonia, el 11 de noviembre, estos grupos organizaron su propia manifestación. En ella se enfrentaron con la policía y dispararon bengalas contra apartamentos con banderas LGBTQI+ y de la huelga de mujeres, lo que desembocó en el incendio de al menos una vivienda.
Bomberos confirman que se incendió un apartamento en la ruta de la Marcha de la Independencia luego de que manifestantes dispararan bengalas contra el edificio. En un balcón había banderas de apoyo a los derechos LGBT y proaborto.
Videos de participantes de la Marcha de la Independencia disparando bengalas contra un edificio con banderas LGBT y de la Huelga de Mujeres. Incendiaron el apartamento de abajo. Bomberos confirman que no hubo heridos.
En breve
En noviembre hubo buenas noticias para los derechos humanos y malas noticias para quienes los violan, al anunciarse que la Unión Europea aprobaría formalmente (el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos) una Ley Magnitsky Europea. A partir de diciembre, la UE podrá congelar los bienes de quienes estén involucrados en violaciones a los derechos humanos e imponerles restricciones de viajes.
En los últimos meses ha cobrado cierto impulso el movimiento para proteger a los periodistas de las demandas judiciales estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). En noviembre, 87 organizaciones de derechos (entre ellas muchos miembros de IFEX) emitieron una declaración en la que pedían a la Unión Europea una ley que protegiera a la prensa de estas demandas abusivas. Más tarde en el mes, la organización Index on Censorship lanzó una herramienta interactiva para ayudar a los periodistas a distinguir si las amenazas o acciones legales que enfrentan pueden considerarse demandas SLAPP.
En Rusia se presentó un proyecto de ley draconiano que, de ser aprobado, permitirá a las autoridades bloquear totalmente los sitios web que se considere que hayan censurado contenido producido por organizaciones de medios estatales rusos. Entre las plataformas que podrían verse afectadas se encuentran Twitter, Facebook y YouTube, a las que las autoridades acusan de censurar a RT, Ria Novosti y otros.
Otro proyecto de ley presentado en Rusia en noviembre daría a las autoridades, de ser aprobado, mayor control sobre la sociedad civil, pues ampliaría enormemente el espectro de personas y grupos que pudieran ser tildados de “agentes extranjeros” e incrementaría las restricciones y los requisitos de presentación de informes. Los medios de comunicación estarían obligados a referirse a tales personas o grupos como “agentes extranjeros” cada vez que los mencionan.
En Turquía, un tribunal de apelaciones anuló la absolución de la condena por “propaganda terrorista” contra el representante de Reporteros Sin Fronteras en ese país, Erol Önderoğlu, y sus dos coacusados, el defensor de los derechos humanos Şebnem Korur Fincancı y el escritor y periodista Ahmet Nesin. Ahora enfrentan la posibilidad de pasar hasta 14 años y medio en prisión.
