Junio de 2021 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión preparado por la editora regional de IFEX, Paula Martins, sobre la base de informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
La justicia tarda pero llega
Hace 21 años Alex Silveira cubría una manifestación en la principal avenida de la megalópolis brasileña de São Paulo, sacando fotos para su periódico. Miles de docentes y funcionarios públicos se habían volcado a las calles reclamando aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. Como en tantas otras movilizaciones en ese país, los manifestantes marchaban pacíficamente por el centro comercial de la ciudad cuando apareció la policía militar con la intención de dispersarlos. La violencia empleada por la policía para detener la protesta provocó confusión y derivó en la intervención de las fuerzas de choque, que dispararon contra los manifestantes con balas de goma. Una de esas balas le pegó a Alex en el ojo izquierdo y como resultado perdió el 90 % de la vista en ese ojo.
Lo que le pasó a Alex no fue un caso aislado. Además de muchos manifestantes que han sido víctimas de disparos con balas de goma y que sufrieron heridas graves en el rostro y en los ojos, otro reportero gráfico – Sergio Silva – también perdió la vista en un ojo a causa de un disparo en 2013. En el proceso judicial entablado por su caso, la Policía Militar admitió que tan solo en esa manifestación sus agentes habían disparado más de 800 balas de goma. Giuliana Vallone, que también trabajaba para un diario, recibió un disparo en la cara más o menos en esa misma época, en el marco de numerosas manifestaciones en protesta por el Mundial de Fútbol. Si bien se salvó de perder un ojo gracias a que tenía lentes, hasta el día de hoy tiene secuelas de las heridas que sufrió.
En 2014, el caso de Alex fue considerado por el Tribunal Estatal de São Paulo, que dictaminó que Alex no tenía derecho a reparación o compensación alguna, ya que él mismo se había “expuesto a peligro al continuar cubriendo la manifestación luego de comenzado el conflicto con la policía”. En otras palabras, Alex era quien tenía la culpa de sus heridas.
En junio de 2021, el Supremo Tribunal de Brasil desestimó ese fallo de 2014 y ordenó que el Estado le pagara una indemnización a Alex. Pero lo que es quizás más importante es que el Tribunal sentó un precedente sobre el comportamiento de las fuerzas policiales durante las manifestaciones.
En primer lugar, el Tribunal afirmó que la policía había incumplido su deber de proteger a la prensa en el ejercicio de su profesión. En segundo lugar, ratificó que parte de la labor de la prensa consiste en ser los ojos del público en situaciones como las que se dan en las manifestaciones, observando lo que sucede y garantizando que las autoridades actúen dentro de los límites de la legalidad y la proporcionalidad. Por último, confirmó que había pruebas contundentes de que la actuación de las fuerzas policiales había sido irregular, pues todos los protocolos de uso de armas no letales establecen claramente que los agentes no deben apuntar a la gente por encima de la cintura. Sin embargo, hay numerosos testigos que dan cuenta de que esos protocolos rara vez se cumplen y son muchos los manifestantes que han declarado que los agentes de policía les han apuntado directamente antes de disparar.
Periodistas y grupos defensores de la libertad de expresión en Brasil, entre ellos los miembros de IFEX Abraji y ARTIGO 19, celebraron este reciente fallo. Ahora se espera que este precedente se traduzca en un cambio real en las actuaciones policiales.
El derecho a reparar y la protección a la privacidad
A principios de junio, EFF, uno de los miembros de IFEX en Estados Unidos, se sumó a diversos grupos de la sociedad civil para defender una reciente ley aprobada por el estado de Massachusetts que consagra el derecho a reparar.
A pesar de que contó con el respaldo de una amplia mayoría de la legislatura estatal (74,9 %), la ley fue cuestionada inmediatamente a nivel judicial por los fabricantes de automóviles, que presentaron una demanda en su contra. Según ellos, la iniciativa – que aseguraría que los talleres independientes de reparación de autos mantuvieran a futuro su capacidad de arreglar vehículos – podría poner en riesgo la privacidad de los propietarios de automóviles y acarrearía graves riesgos de seguridad. Ante la oposición a la ley, grupos que defienden el derecho de los talleristas a reparar señalaron a la revista Vice que había un motivo no muy loable que llevaba a los fabricantes de autos a invertir cuantiosos fondos para obstaculizarla: “Si un mecánico no puede acceder a los datos de tu auto, es posible que no pueda repararlo y entonces no tendrás más remedio que llevarlo al concesionario, que te cobrará lo que quiera”.
En un amicus curiae presentado ante el tribunal de Massachusetts que considera la demanda, EFF explicó por qué los argumentos de los fabricantes de automóviles carecen de fundamento técnico. Los grupos que defienden la ley también sostienen que el derecho a reparar da a los consumidores más control sobre sus bienes y promueve la competencia.
Continúan las movilizaciones en Colombia
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), miembro de IFEX, advierte que los periodistas que han estado cubriendo las manifestaciones en Colombia han sido atacados, heridos, amenazados y detenidos ilegalmente. En los últimos dos meses, la FLIP registró 260 casos y un total de 299 víctimas de agresiones contra la prensa, concentrados en ciudades en las que ha habido “puestos de resistencia”, como Bogotá (73), el Valle del Cauca (45), Antioquia (36) y Cauca (18).
https://www.flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2749-record-de-periodistas-atacados-299-en-dos-meses
A la FLIP le preocupa que lejos de concientizar al Estado para que aplique medidas institucionales tendientes a poner fin a estas violaciones, lo que se ha dado es una “normalización” de la situación entre las principales autoridades competentes. Por esta razón, la FLIP pide un control estricto de la situación por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una noticia inquietante en este sentido ha sido el anuncio del ministro del interior de Colombia, Daniel Palacios, de una modificación en las normas que rigen las manifestaciones públicas. Según Palacios, se introduciría una enmienda en el Decreto 003/2021 por la que se establecería que NO constituye “manifestación pacífica” aquella que promueva el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanentemente vías o infraestructuras de transporte.
FLIP y varias organizaciones colombianas más han resaltado que dicha enmienda sería inconstitucional y contravendría las normas internacionales de derechos humanos.
La independencia del ciberespacio
Según un nuevo informe de PEN América, “soberanía digital” es una expresión con la que se pretende “explicar y legitimar una regulación gubernamental más extensa de la esfera digital en aras del interés nacional”.
En el informe se analiza cómo la terminología surgió en gobiernos autoritarios y luego su uso se expandió y fue adoptada por muchos otros gobiernos. Actualmente, hay distintas visiones y definiciones de soberanía digital, pero en general el término se refiere a medidas que podrían terminar creando “silos”, aislando el internet y nuestros datos en “compartimentaciones nacionales”. Se han adoptado así muchas medidas con el argumento de que se protege a los usuarios del poder de las empresas multinacionales, que si no fuera por tales medidas podrían eludir leyes nacionales que han quedado obsoletas. Los gobiernos han promulgado nuevas leyes que “estipulan la obligación de localizar datos, otorgándose nuevas facultades sobre los datos de sus ciudadanos y nuevas formas de control sobre las empresas multinacionales; han presionado o forzado a compañías a provocar apagones digitales, haciéndolas cómplices de la represión; y han exigido la eliminación de contenido y empleado otras formas de censura”.
El informe advierte sobre el riesgo de fragmentación y llama la atención al hecho de que estamos en un momento crítico en el que los Estados están tomando decisiones cruciales sobre su “futuro modelo de gobernanza de internet – incluidas decisiones fundamentales sobre el grado de libertad digital que le permiten a sus poblaciones”.
Se puede leer el informe completo aquí.
Desiertos y oasis de información en Venezuela
Según un informe de principios de 2020 elaborado por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela), en ese momento más de cinco millones de venezolanos vivían en lo que esta organización llama “desiertos de noticias”. IPYS realizó un estudio para detectar desiertos de noticias en todo el territorio venezolano a partir de un diagnóstico y un relevamiento de los medios de prensa nacionales, regionales y locales (publicaciones impresas, canales de televisión, estaciones de radio y portales digitales) que producían noticias sobre las 335 municipalidades del país.
Ahora, en 2021, la organización lanzó una publicación en la que analiza los “oasis de información”. En terrenos en los que el contenido noticioso es “árido, infecundo, estéril” han logrado florecer iniciativas periodísticas “abonadas con innovación, colaboración, el hiperlocalismo y resiliencia”.
Hacer periodismo en contextos donde la cobertura de hechos de interés público se ve constantemente condicionada por la censura, la violencia y el deterioro de la infraestructura de comunicaciones es una labor particularmente difícil. Sin embargo, en el caso de Venezuela esas condiciones adversas han dado lugar a esfuerzos para adaptarse a los obstáculos, superar barreras y seguir informando. Ese contexto particular puede haber llevado a que los medios de prensa venezolanos estén más preparados para las grandes transformaciones del ecosistema mediático que se están dando en todo el mundo.
El estudio de IPYS analiza en particular las experiencias de cinco medios: El Bus TV, El Pitazo, Radio Fe y Alegría, La Vida de Nos y Efecto Cocuyo. ¿Cuál es la clave del éxito? El periodismo colaborativo, el soporte vecinal, la combinación de adaptabilidad y resiliencia, el hiperlocalismo y el trabajo en red.
Se puede leer el informe completo aquí.
Menos protección para los datos personales en Chile
El miembro de IFEX Derechos Digitales informa que en junio el Congreso de Chile aprobó una reforma que le otorga más poder al Estado para procesar datos personales.Esta protección se da, no obstante, sin salvaguardias que garanticen la protección de los derechos de las personas.
La reforma crea un nuevo sistema denominado Red Integral de Protección Social cuya función será coordinar la oferta de programas sociales dirigidos a personas y familias en situación de vulnerabilidad. El problema de este sistema es que otorga al Ministerio de Desarrollo Social y Familia una habilitación legal muy amplia para recolectar información en general, tanto de fuentes públicas como privadas, sobre los beneficiarios de programas sociales, incluidos sus datos personales.
Derechos Digitales explica que ya el texto de la nueva norma es en sí problemático, pero que la reforma es aún más preocupante dado que los chilenos todavía están esperando que el Senado apruebe una ley de protección de datos.
Breves
Perú – Solo un 1 % de las estaciones de radio y televisión de Perú son comunitarias, mientras que el 73,5 % tienen fines comerciales y el 25,37 % son educativas, según el informe anual “Radio y TV en Cifras 2021” del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV).
Brasil – En Brasil, las radios comunitarias están apelando a la Defensoría Pública para que se revisen las condiciones para el funcionamiento de estos medios. La Asociación Brasileña de Radios Comunitarias (Abraço) solicitó al Ministerio de Comunicaciones (MinCom) que incrementara la potencia radiada efectiva (ERP) de las transmisiones de 25 watts a unos 300 watts. También pidió que se concediera a radios comunitarias un canal más por municipalidad para que lo operen en bajas frecuencias dado que los equipos para esas frecuencias son menos onerosos que los que se requieren para banda extendida. Por último, la Asociación pidió que se permitiera al sector acceder a financiamiento publicitario, pues es una forma de promover el desarrollo económico de las municipalidades en las que operan estos medios.
México – Matan en Ciudad Acuña al trabajador de medios mexicano Saúl Tijerina. La familia de Tijerina tuvo contacto con él por última vez en la madrugada del 22 de junio. Horas más tarde, el cuerpo sin vida del trabajador de medios fue encontrado cerca de su auto con múltiples heridas de arma blanca. Tijerina era operador de dron de cámara y proporcionaba filmaciones para los medios La Policiaca y Noticias en la Web, que transmiten por Facebook.
Canadá – El 22 de junio la cámara baja de Canadá aprobó el proyecto de ley C-10. Este proyecto ha sido blanco de fuertes críticas de grupos defensores de la libertad de prensa, quienes sostienen que “plantea una amenaza importante a internet libre y otorga nuevas y amplias facultades a la Comisión Canadiense de Radio-televisión y Telecomunicaciones (CRTC)”. El miembro de IFEX OpenMedia y otros grupos están exhortando al Senado a que estudie detenidamente el proyecto, consulte a las partes interesadas y analice las implicaciones de esta amplia norma.
