Julio de 2021 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión preparado por la editora regional de IFEX, Paula Martins, sobre la base de informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Canadá busca regular el Internet
En Canadá siguen los debates en torno al Proyecto de Ley C-10. El objetivo de este proyecto de ley es actualizar la legislación canadiense en materia de radiodifusión para extenderla a servicios de transmisión en línea (streaming), como Netflix y Spotify, y colocarlos bajo la órbita del órgano regulador de la radiodifusión, la Comisión Canadiense de Radio-Televisión y Telecomunicaciones (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, o CRTC).
El texto de la norma propuesta incluiría algunas disposiciones interesantes, por ejemplo:
- Todos los “radiodifusores” que operan en Canadá deberían dar a conocer información básica sobre propiedad corporativa, ingresos, gastos, títulos que contienen sus catálogos y número de abonados, así como otros datos relacionados con sus operaciones;
- se exigiría a los servicios en línea de video a la carta que asuman obligatoriamente compromisos de financiación similares a los de otros servicios pagos de televisión – es decir, deberían reinvertir un porcentaje de sus ingresos en producciones originales y contenidos canadienses;
- las tiendas de aplicaciones y plataformas digitales que brindan acceso a contenidos estarían sujetas a las mismas obligaciones que tienen los operadores de televisión por cable de ofrecer determinados contenidos.
Ahora bien, el proyecto de ley adopta una definición demasiado amplia y abierta de “radioemisora”, excediéndose en la extensión del ámbito de aplicación de las normas que rigen la radiodifusión y las potestades del órgano regulador de la radiodifusión. Como explica el Profesor Dwayne Winseck, “la principal falla del Proyecto de Ley C-10 radica en su intento de extender los conceptos de radiodifusión y programas de radiodifusión a toda imagen, video y audio que se transmite por internet al público, salvo en aquellos casos en que la CRTC o una directiva del Gabinete establezca lo contrario. Esto representa una temeraria y formidable extralimitación”.
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de los Comunes y pasó a consideración del Senado. Grupos de la sociedad civil, como el miembro de IFEX OpenMedia, cuestionaron el tratamiento dado en la Cámara Baja y reclamaron una mayor participación en los debates en torno a una norma que podría determinar el futuro de la regulación de internet en el país. Exhortaron al Senado a dedicarle la “atención, el debate y el análisis que le fue negado en la Cámara de los Comunes”.
Se critica, en particular, la ampliación de las potestades de la CRTC en vista de la estrecha relación que tendría con el sector privado y de las denuncias de una posible captación del organismo por intereses corporativos.
Vigilancia en México
En 2016-17, los miembros de IFEX R3D y ARTICLE 19 México y Centroamérica documentaron más de 80 ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos que fueron perpetrados en México utilizando el programa informático espía, o spyware, Pegasus.
En años posteriores estas organizaciones siguieron monitoreando el caso y denunciaron que, a través de una red intrincada de intermediarios, el gobierno mexicano continuaba adquiriendo este tipo de tecnologías. En julio de 2021, R3D publicó un resumen sobre la base de un conjunto de documentos que aportan pruebas de la compra de programas informáticos maliciosos, o malware, por distintos organismos gubernamentales.
Un denunciante anónimo proporcionó más de 20 000 documentos para la investigación Forbidden Stories: The Pegasus Project (Historias prohibidas: el proyecto Pegasus), recopilados desde que se difundió la noticia de que este software producido por NSO Group estaba siendo utilizado para espiar a actores de la sociedad civil. Esta fuente está dispuesta a comparecer ante la justicia para testificar. Los documentos confirman la creación de 18 empresas ficticias que les vendieron productos de NSO a diversas dependencias estatales y organismos de México, incluidos la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio de Protección Federal (Seprofe), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Marina de México (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un artículo publicado el 21 de julio de 2021 la galardonada periodista mexicana Carmen Aristegui denunció, sobre la base de información extraída de contratos de acceso público, que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto invirtió al menos 950 millones de pesos en licencias para poder realizar actividades de espionaje gubernamental.
Miembros mexicanos de IFEX han insistido en la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar tanto la no repetición de prácticas de espionaje como el pleno esclarecimiento de los hechos relacionados con la adquisición, el uso ilegal y el encubrimiento del spyware Pegasus por parte de órganos y dependencias del gobierno.
En particular, llaman al gobierno federal a que asegure un mecanismo de asistencia técnica internacional para la investigación en curso, la cooperación de todas las dependencias involucradas y la transparencia total de los contratos de Pegasus. También instan al gobierno a que diseñe junto a la sociedad civil un conjunto de reformas que impidan el ejercicio abusivo de las tecnologías de vigilancia y garanticen la rendición de cuentas en su adquisición y uso.
La protección del espacio cívico en línea
A mediados de julio la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), miembro argentino de IFEX, publicó un nuevo informe sobre la protección del espacio cívico en línea en Argentina en el que se tiene en cuenta, en particular, el impacto de la pandemia de COVID-19. El documento se centra en cuatro temas:
- La criminalización del discurso en línea
- El monitoreo de posteos en redes sociales (el ciberpatrullaje)
- La influencia privada en la toma de decisiones sobre moderación de contenido en plataformas
- Las expresiones en línea de figuras políticas y la violencia
ADC sostiene que los gobiernos deben promover un espacio público amplio y robusto en internet. Ese deber implica asegurar la libertad de expresión de los usuarios, garantizar condiciones favorables para la creación de grupos en línea (libertad de asociación) y permitir el ejercicio del derecho de protesta en plataformas (libertad de reunión).
Las empresas privadas también tienen obligaciones. Las grandes plataformas tienen amplios poderes para determinar las condiciones en que puede circular el discurso a través de internet. La influencia de estas enormes entidades llega a ser incluso mayor que la de muchos países y, por lo tanto, su accionar puede impedir seriamente la circulación de ideas y opiniones. Es en este sentido que el sector privado también está sujeto al deber de respetar los derechos humanos.
ADC llama a consagrar y ampliar el alcance del derecho a la protesta en Internet, resaltando lo inadecuado que resulta aplicar viejas disposiciones del Código Penal al espacio en línea. Sostiene que las medidas policiales de prevención del delito que se apliquen en línea deben ser sometidas a un escrutinio estricto y que deben crearse mecanismos independientes de rendición de cuentas, con participación ciudadana.
La organización también plantea recomendaciones para las plataformas en línea. Por ejemplo, sostiene que las organizaciones de la sociedad civil, el sector académico y el público en general deben ser incorporadas de manera significativa en los procesos internos que cada plataforma aplica para moderar contenidos.
Acceda al informe completo aquí para leer todas las conclusiones y recomendaciones del estudio.
Colombia: Voces de los territorios
En el período 2019-2020, la Fundación Karisma realizó una serie de actividades dirigidas a conocer experiencias de comunicación alternativa en cuatro regiones del sur de Colombia. El proyecto, denominado Voces que caminan territorios, busca dialogar con actores, instituciones y procesos que desarrollan y apoyan iniciativas de comunicación alternativa en regiones que normalmente se perciben como “desiertos de información”. En los denominados “territorios”, que están en espacios que a veces se consideran “zonas silenciadas ”, existen de hecho voces con una perspectiva local y un fuerte sentido de comunidad, voces que crean e intercambian conocimientos tradicionales.
En la primera publicación surgida del proyecto se comparten testimonios que dan cuenta de los temas cubiertos por las iniciativas de comunicación alternativa. Esto incluye su uso de la tecnología, el compromiso con los derechos humanos y el liderazgo y papel destacado que desempeñan las mujeres en estos medios de comunicación.
Nosotras con la información
En julio el capítulo México y Centroamérica de ARTICLE 19 lanzó Nosotras con la información, una campaña que busca promover el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas de las regiones mexicanas de Chiapas, Yucatán y Oaxaca, a través de videos animados y “cápsulas” radiales en cinco idiomas indígenas. Estos materiales se refieren, por ejemplo, a la importancia de la partería como un derecho sexual y reproductivo de las mujeres indígenas y al derecho de las víctimas de violencia sexual a contar con información suficiente, completa y en su propio idioma. La campaña plantea que promover políticas de transparencia proactiva para facilitarles esta información a las mujeres indígenas es responsabilidad de las instituciones gubernamentales a todos los niveles y, en particular, de los organismos que garantizan el derecho a la información.
Puede acceder aquí a las interesantes deliberaciones que se dieron en el evento de lanzamiento.
El derecho a saber qué hacen las autoridades postales con tus datos
En otro interesante ejemplo del ejercicio del derecho a la información, la Electronic Frontier Foundation (EFF), miembro estadounidense de IFEX, se amparó en la Ley de Libertad de Información para presentar una acción judicial contra el Servicio Postal de los Estados Unidos. El objetivo de la demanda es obtener acceso a la documentación de una iniciativa denominada Programa de Operaciones Encubiertas en Internet (Internet Covert Operations Program), en el marco de la cual el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (US Postal Inspection Service, o USPIS), brazo del Servicio Postal encargado de hacer cumplir la ley, revisó grandes volúmenes de datos creados por usuarios de redes sociales con el fin de indagar qué decían y compartían los usuarios.
Según el equipo de EFF, el gobierno de los Estados Unidos no ha brindado nunca argumentos jurídicos para justificar esta vigilancia. Tener acceso a los datos solicitados es el primer paso para protestar contra estas medidas.
Si desea conocer más sobre el caso y estar al tanto de su avance, sugerimos los siguientes enlaces de interés:
Sobre la demanda: https://www.eff.org/document/eff-v-usps-complaint
Más detalles sobre el caso: https://www.eff.org/cases/eff-v-usps-social-media-monitoring-icop
Más información sobre la vigilancia de las redes sociales: https://www.eff.org/issues/social-media-surveilance
Brasil: Políticos y autoridades públicas bloquean a periodistas en Twitter
Entre septiembre de 2020 y julio de 2021, Abraji, miembro brasileño de IFEX, registró 267 bloqueos en redes sociales realizados por autoridades públicas contra 135 periodistas. El autor de 73 de esos bloqueos fue el presidente Bolsonaro. Ante esta tendencia creciente, a fines de julio Abraji entabló una acción cautelar en el Supremo Tribunal Federal de Brasil solicitando tanto que se levantaran bloqueos pasados a periodistas que siguen la cuenta de Twitter del presidente brasileño como que se prohibieran tales bloqueos en el futuro.
Abraji señala que Bolsonaro utiliza las redes sociales como su principal vía de comunicación, difundiendo por ese medio información sobre medidas que tienen que ver con el ejercicio de su cargo, como por ejemplo, información sobre obras de construcción, procesos de desburocratización en el gobierno federal, el seguimiento de la pandemia de COVID-19 y la designación de ministros. Dado el interés público que tiene dicha información, limitar el acceso de los periodistas a la cuenta de Twitter del presidente debería constituir una violación del derecho a la información consagrado en la Constitución nacional y representa un intento del Poder Ejecutivo por controlar las fuentes de información utilizadas por los periodistas para cubrir asuntos gubernamentales.
El Faro y Bukele
El Faro, principal diario digital de El Salvador, viene enfrentando desde hace un tiempo “un aluvión de ataques por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, incluidas campañas de desprestigio, intervenciones telefónicas, amenazas y acusaciones falsas de evasión fiscal”. En 2020, por ejemplo, sin ofrecer pruebas, el presidente salvadoreño anunció que se había iniciado una investigación de las actividades de El Faro por sospechas de lavado de dinero. En marzo de 2021, la Corte Suprema de El Salvador hizo lugar a una demanda de amparo presentada por El Faro contra el Ministerio de Hacienda por valerse supuestamente de una auditoría para intentar obtener información sobre su “línea editorial, metodología periodística, fuentes e investigaciones en curso”.
A principios de julio el gobierno salvadoreño expulsó del país a Daniel Lizárraga, uno de los editores de El Faro, alegando que las autoridades no podían corroborar las credenciales de trabajo del periodista mexicano, a pesar de que este cuenta con una larga y exitosa carrera que incluye el destape de escándalos de corrupción.
Según el Comité para Proteger a los Periodistas (CPJ), miembro de IFEX, la “decisión de las autoridades salvadoreñas de negarle el permiso de trabajo al periodista Daniel Lizárraga y obligarlo a abandonar el país demuestra con claridad que el periodismo crítico está en riesgo en El Salvador. La expulsión de Lizárraga sucede cuando el presidente Nayib Bukele intensifica su discurso contra la prensa, y muestra los extremos a los que el gobierno recurre para controlar y limitar el ejercicio del periodismo.”
Canadá: Restricción de la cobertura de protestas ambientales
Manifestantes se movilizan desde hace meses contra la tala de uno de los últimos bosques antiguos que quedan en la Columbia Británica, situado en Fairy Creek, Isla de Vancouver, en territorio de la Primera Nación Pacheedaht. Han habido reiteradas denuncias de cómo se ha impedido a periodistas cubrir las protestas.
La Asociación Canadiense de Periodistas, en conjunto con una coalición de organizaciones periodísticas y grupos de defensa de la libertad de prensa, entabló una demanda ante el Tribunal Supremo de Columbia Británica, cuestionando las restricciones impuestas a los medios de comunicación. El 20 de julio, el Tribunal emitió una decisión en la que ordenaba a la Real Policía Montada de Canadá a no interferir en el acceso de los medios de comunicación sin una razón operativa válida.
Brent Jolly, presidente de la Asociación Canadiense de Periodistas, celebró la decisión y afirmó que con ella “se está dando una advertencia ominosa a todos los cuerpos policiales a lo largo y ancho del país. Esperamos que los días de impedir, restringir u obstaculizar la labor periodística hayan quedado atrás.”
En breve
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), miembro uruguayo de IFEX está preocupado por un robo ocurrido el 11 de julio en el domicilio de su presidente, Fabián Werner y de su pareja, la periodista María Natalia Rodríguez. Los delincuentes se llevaron una mochila con equipamiento informático (dos computadoras y un disco externo), además de tarjetas de crédito y débito. CAinfo ha pedido a las autoridades que lleven a cabo una pronta investigación para esclarecer los hechos, ubicar a los responsables y recuperar los equipos robados, que contienen información pertinente para la labor de ambos periodistas y de la organización.
El 22 de julio de 2021, el reportero y director del medio digital InfoGuaymas Ricardo López Domínguez fue asesinado en Guaymas, Estado de Sonora, México. Ricardo es el cuarto periodista asesinado en el país en lo que va de 2021 por causas posiblemente vinculadas a su trabajo. Antes de ser asesinado, Ricardo López había sido blanco de múltiples ataques digitales y de desplazamiento interno forzado.
A pedido de la defensa del ciudadano sueco Ola Bini, la Jueza Yadira Proaño de Ecuador fue retirada de su caso judicial. Bini es un programador informático de código abierto y activista digital que fue acusado de conspirar para desestabilizar al gobierno ecuatoriano. Puede leer más sobre su caso en este artículo, publicado por el miembro de IFEX, la Electronic Frontier Foundation (EFF). Carlos Soria, el abogado de Ola Bini, dijo al miembro de IFEX, Fundamedios, que Proaño, la jueza instructora del proceso fue la causante de una dilatación extrema del caso. Al hacer lugar a la recusación, el Poder Judicial deberá designar ahora a otro juez para que se haga cargo de la causa. Soria dijo a Fundamedios que espera que el nuevo juez anule lo actuado y convoque a una nueva audiencia de juicio.
