Diciembre de 2021 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Paula Martins, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Derechos digitales en 2021
En Derechos Digitales en 2021: un último vistazo al año que nos deja, este miembro de IFEX con sede en Chile hace un repaso del año 2021, dando cuenta de los desafíos que enfrentaron los derechos digitales en América Latina y el papel significativo que cumplió la sociedad civil en la defensa de los derechos de los usuarios. A continuación comparto algunos puntos destacados, pero los invito a leer el artículo completo aquí.
En primer lugar se hace un importante reconocimiento a la relevancia que tuvo la movilización de la sociedad civil, mencionando algunos ejemplos en que esta fue un factor crucial para detener el avance de iniciativas preocupantes. En Bolivia y Brasil, la sociedad civil logró frenar propuestas legislativas que habrían significado una amenaza para la libertad de expresión en línea. En Chile, Derechos Digitales, junto a reconocidos expertos y organizaciones internacionales, criticaron fuertemente a un proyecto de ley de regulación de plataformas digitales que tenía gran posibilidad de menoscabar el ejercicio de derechos fundamentales. Además de adolecer de ciertas concepciones erróneas, el proyecto de ley no tenía en cuenta normas fundamentales de derechos humanos ya consagradas a nivel internacional (puede consultarse aquí la posición al respecto del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o CIDH). En Colombia, grupos de la sociedad civil ayudaron a detener una iniciativa legal que, con el loable objetivo de salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, buscaba introducir una serie de medidas para controlar la circulación de contenidos en internet.
Un motivo de preocupación en 2021 fue el aumento que se percibió en la violencia en línea, en particular la violencia de género. Si bien internet tiene el potencial de ampliar el acceso a la información y las posibilidades de expresarse libre y democráticamente, la violencia en línea genera trauma y exclusión y las víctimas se ven forzadas a desconectarse para poder sentirse seguras. Esta situación ha afectado a mujeres periodistas. Derechos Digitales cita datos de la UNESCO que indican que, de una muestra de 901 periodistas de distintos países que se identifican como mujeres, un 73 % ha experimentado algún tipo de violencia en línea, siendo las formas más comunes las amenazas de agresión física y sexual dirigidas a ellas mismas o a miembros de sus familias. Asimismo, un 20 % declara haber sufrido ataques o abusos como consecuencia de violencia en línea.
El artículo también resalta cómo en 2021 los impactos de la brecha digital se hicieron más evidentes que nunca debido a la pandemia de COVID y otras crisis económicas y políticas. La falta de conectividad o la precariedad de la forma de acceso ha llevado a que miles de personas se vieran excluidas por la digitalización de servicios públicos, entre ellos los que tienen que ver con el control de la pandemia o sus efectos en la vida de las personas en la región (véase, por ejemplo, Sistemas de Identificación y Protección Social en Venezuela y Bolivia).
Esta digitalización del sector público también ha significado una mayor recolección de datos, en muchos casos sin las debidas garantías de protección. Junto a otras organizaciones de la región, Derechos Digitales analizó el uso de herramientas tecnológicas dirigidas a asistir en el combate de la pandemia. Parte de sus conclusiones apuntaron a la escasa evidencia de su eficacia y a que no se ha dado ninguna consideración a la implementación de procesos de evaluación o auditorías participativas. Dada la ausencia de estudios de impacto previos y medidas de seguridad suficientes, estas iniciativas suponen riesgos para el ejercicio de los derechos humanos y no cumplen con los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Otra conclusión preocupante es la propagación de la vigilancia en toda América Latina en el último año. En este sentido se observó una expansión en el uso de tecnologías de reconocimiento facial, especialmente en espacios públicos, sin que se cuestione mayormente sus consecuencias. No obstante, la movilización en torno a esta problemática ha arrojado algunos resultados positivos: en Ecuador se aprobó finalmente una ley de protección de datos y en Brasil, se presentaron propuestas para prohibir el reconocimiento facial.
Venezuela – En la mira del algoritmo
En una nueva publicación titulada En la mira del algoritmo, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) denuncia cómo la aplicación de prácticas de remoción de contenidos ha silenciado a medios digitales críticos. Según este informe, se ha utilizado la moderación de contenidos para censurar sitios web de medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil.
Los primeros casos documentados de estas prácticas en Venezuela se remontan a 2016, cuando la empresa española Eliminalia pidió que se eliminaran artículos publicados en El Pitazo, Runrunes, El Estímulo, A Todo Momento y el portal Poderopedia, cuyo objetivo es relevar las relaciones de poder en los negocios y la política venezolana. Ese año, los pedidos se basaron principalmente en interpretaciones del marco jurídico nacional, incluida la Constitución venezolana. Poderopedia afirma haber recibido al menos otras cinco solicitudes de eliminación de contenidos en los primeros 10 meses de 2021, tres de ellas presentadas a título personal y dos a través de una estudio jurídico español cuyo nombre prefieren no revelar por razones de seguridad.
En junio de 2020, el sitio de periodismo de investigación Armando.info recibió una solicitud para retirar uno de sus informes a fin de que no apareciera en las búsquedas en línea relacionadas con una de las personas que se mencionaban en él. El pedido citó como fundamento artículos de la Constitución venezolana, junto con disposiciones europeas. Posteriormente, con el apoyo de la organización no gubernamental sueca Qurium, el medio pudo confirmar que la solicitud, enviada desde una dirección de correo electrónica que parecía pertenecer a una autoridad jurídica europea (abuse@legal-abuse.eu), había sido en realidad enviada por Eliminalia. Armando.info aseguró que desde 2019 había recibido como mínimo otros tres correos electrónicos, todos desde servidores de esa misma compañía.
El canal de YouTube de El Pitazo fue suspendido en cuatro oportunidades distintas por la publicación de videos de carácter informativo. Dos de estas suspensiones tuvieron que ver con alocuciones en las que Nicolás Maduro afirmaba que Venezuela produciría tratamientos contra el COVID-19.
El informe también menciona el caso de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, cuyo sitio web fue suspendido por el servicio de alojamiento luego de que este recibiera dos quejas por presunto plagio, una de ellas en diciembre de 2019 y la otra en marzo de 2020.
La moderación de contenidos ha llevado a más errores en la suspensión de cuentas de Twitter y en la eliminación de publicaciones e historias en Instagram. Algunas eliminaciones se deben a denuncias malintencionadas o directamente a intentos por silenciar, mientras que otras son el resultado de errores en la toma de decisiones basada en los algoritmos.
Para conocer más sobre la eliminación de contenidos, cómo la implementan las compañías de internet y cómo afecta esto la libertad de expresión, puede leer el informe completo de IPYS-Venezuela aquí.
Violencia institucionalizada contra periodistas en Brasil…
Los datos sobre violaciones de la libertad de expresión en Brasil revelan una tendencia a la “institucionalización” de la violencia contra comunicadores. En 2017, se documentaron siete agresiones en las que los infractores eran agentes políticos (así como sus asesores u otros asociados directos) y funcionarios públicos. En 2018 y 2019 se registraron cuatro violaciones por año y en 2020 se produjo un aumento pronunciado. Ese año se detectaron al menos 53 violaciones cometidas por estos agentes, principalmente en los meses posteriores al período electoral (septiembre a noviembre) y en relación con contenidos referidos a la pandemia de COVID-19. En 2021, según datos preliminares, se habrían registrado 20 casos como mínimo.
Las cifras indican un aumento de las violaciones cometidas por actores políticos y representantes del Estado, especialmente en momentos de gran polarización política. Esta ha sido una tendencia bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. En breve, ARTIGO 19, miembro de IFEX-ALC, divulgará los datos completos correspondientes a 2021.
…y violencia contra periodistas mujeres brasileñas
Otro miembro brasileño de IFEX-ALC, la Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), hizo un seguimiento de los actos de violencia de género cometidos contra periodistas mujeres en el año 2021. Entre el 1° de enero y el 22 de diciembre de 2021, hubo 78 episodios distintos en que periodistas mujeres fueron agredidas, ofendidas, intimidadas y amenazadas en el ejercicio de su profesión, lo que hace un promedio de seis agresiones por mes.
En el 71,8 % de los casos detectados por Abraji, las mujeres periodistas fueron víctimas de lo que se denomina “discursos estigmatizadores”, que consisten, en general, en agresiones verbales que tienen como objetivo antagonizarlas y desautorizarlas. En este contexto, se utilizaron términos como “militante”, “perionazi”, “basura” y “comunista” para desacreditarlas como profesionales. Las expresiones misóginas también forman parte de la dinámica de agresiones y están presentes en un 41 % de los discursos dirigidos a periodistas y comunicadoras, lo que representa un 29,5 % del total de las agresiones. Se las llama “zorras”, “putas”, “fáciles”, “feas”, “viejas”, “tontas” y “locas”, entre otros adjetivos machistas que emplean la apariencia y la sexualidad como instrumentos para intentar acallar sus voces.
Del total de agresiones sufridas por estas comunicadoras en 2021, el 62,8 % ocurrieron cuando las profesionales cubrían temas políticos.
El porcentaje puede haber sido mucho mayor que lo registrado, dado que el estigma que acompaña a las agresiones que tienen un componente de género, entre otros factores, lleva a que muchos casos no se denuncien. Es por ello que Abraji lanzó un canal para la presentación de denuncias de agresiones de género contra profesionales de la prensa. Por esa vía se pueden registrar situaciones que se hayan sufrido o presenciado en 2021.
Para más información sobre los casos documentados y su sistematización, se puede consultar el sitio web del proyecto aquí.
Preocupan en Ecuador la biométrica y el reconocimiento facial
Entre julio y octubre de 2021, el miembro de IFEX-ALC Fundamedios llevó a cabo una investigación sobre videovigilancia en Ecuador, desde una perspectiva de derechos humanos. De ese estudio surgieron varias recomendaciones.
El grupo instó al gobierno nacional y a los municipios de Ecuador a no adoptar tecnología de vigilancia biométrica, como el reconocimiento facial, argumentando que el país no tiene la legislación necesaria para proteger los derechos de los ciudadanos. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, aprobada en mayo de 2021, no establece limitaciones para la videovigilancia ni se refiere específicamente a los datos personales obtenidos mediante cámaras de videovigilancia (o reconocimiento facial). El país además incumple normas internacionales que recomiendan que los Estados adopten medidas eficaces para prevenir la retención, el procesamiento y el uso ilegal de datos personales almacenados por autoridades públicas y por compañías.
Para conocer más al respecto, acceda al informe completo aquí.
Órdenes de mordaza impuestas a la educación en Estados Unidos
Como se señaló en informes anteriores, PEN América ha estado haciendo un seguimiento del uso de órdenes de mordaza para restringir materiales educativos que versan sobre temas de raza, racismo, género e historia de Estados Unidos, entre otros. Según la actualización de diciembre, en 2021 se alcanzó la impresionante cifra de 66 prohibiciones de este tipo planteadas en 26 estados, 12 de los cuales las han convertido en ley. Puede accederse al listado completo de órdenes en el Índice de PEN, aquí.
PEN destaca una propuesta del estado de Carolina del Sur como particularmente preocupante. En caso de aprobarse, la prohibición se aplicaría a toda entidad que reciba fondos estatales o que se beneficie de exenciones de impuestos o de la condición de entidad sin fines de lucro, incluidas escuelas y universidades públicas y privadas, organismos de todos los niveles de gobierno estatal, contratistas estatales, organizaciones de caridad y muchas empresas privadas. Tales entidades estarían entonces impedidas de promover conceptos que se consideran “discriminatorios”, como por ejemplo, conceptos que sostienen que:
- “un grupo o persona, debido a su raza, etnia, sexo, orientación sexual, nacionalidad, patrimonio, cultura, religión o creencias políticas, es inherentemente racista, machista, intolerante, ignorante, tendencioso, frágil, opresivo o contribuye a cualquier opresión, ya sea consciente o inconscientemente”;
- “una persona debe sentir malestar, culpa, angustia o cualquier otra forma de sufrimiento psicológico a causa de su raza, etnia, sexo, orientación sexual, nacionalidad, patrimonio, cultura, religión o creencias políticas”;
- “el valor, estado o carácter moral de una persona es determinado, ya sea total o parcialmente, por su raza, etnia, sexo, orientación sexual, nacionalidad, patrimonio, cultura, religión o creencias políticas”;
Pueden conocer más a fondo la propuesta de Carolina del Sur y otros proyectos de ley identificados por PEN aquí.
PEN ha hecho hincapié en que estas propuestas legislativas muestren “un desprecio por la libertad académica, la educación humanista y los valores de libertad de expresión e investigación abierta consagrados en la Primera Enmienda y que constituyen la piedra angular de cualquier sociedad democrática”.
En breve
La inteligencia artificial y la policía en Estados Unidos: El miembro de IFEX Electronic Frontier Foundation (EFF) ha expresado reiteradas veces su preocupación por el creciente uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de la policía en los Estados Unidos. Según EFF, “programas que dicen usar la IA para actividades policiales no hacen sino reafirmar, justificar y legitimar las opiniones y acciones ya asumidas y ejercidas por los departamentos de policía. (…) La IA hace un lavado tecnológico [esto es, una defensa de los resultados basada en el origen matemático de los datos] de datos injustos generados por un sistema penal injusto”. La organización ha estudiado ahora casos e investigaciones de 2021 que muestran lo peligrosa que puede ser la labor policial predictiva o impulsada por datos informáticos y cómo puede contribuir a perpetuar el racismo y la desigualdad estructurales.
Ataque contra Canal 44 en México: A fines de diciembre, sujetos armados atacaron las instalaciones de la estación de radio y televisión Canal 44, en Tlaquepaque, Jalisco, y mataron a dos guardias de seguridad. Estos hechos se produjeron un día después de que el canal entrevistara al periodista Ricardo Ravelo y diera amplia difusión a su caso. Ravelo fue censurado y una causa judicial fue iniciada en su contra por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, a raíz de su investigación periodística en la que reveló información sobre la presunta existencia de vínculos del gobierno estatal con grupos del crimen organizado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirma el derecho de los pueblos indígenas a la libertad de expresión en Guatemala: El 17 de diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció su sentencia en el Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, por la cual encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas. Actualmente en Guatemala las radios comunitarias indígenas no son legales, a pesar de la inclusión de una disposición en ese sentido hace más de 26 años en los Acuerdos de Paz de Guatemala. Hoy siguen operando en una “zona gris” jurídica que ha llevado a una frecuente persecución, menosprecio y criminalización por los principales conglomerados de medios, la policía nacional y los políticos.
Transparencia de las plataformas de internet: 21 organizaciones de la sociedad civil de América Latina firmaron una declaración en la que se comprometen a promover la transparencia y rendición de cuentas de las plataformas de internet con respecto a los impactos que tienen sus operaciones sobre los derechos humanos. La declaración hace hincapié en que la transparencia de las plataformas de contenidos es “necesaria, urgente y obligatoria”. Según las organizaciones firmantes, esta exigencia abarca los procesos de moderación y filtrado de contenidos de las plataformas, incluida la transparencia algorítmica. Para ellas, esa transparencia es necesaria para empoderar a los usuarios frente al poder de la regulación privada.
