Enero de 2022 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
El año empezó con violencia, especialmente para los periodistas de México, Haití, Colombia y Venezuela, mientras El Salvador enfrenta una agresiva campaña de vigilancia. En suma, la región se prepara para dar batalla ante una serie compleja de desafíos.
Un comienzo de año violento
Enero fue un mes plagado de atentados a la seguridad de los periodistas. En menos de un mes hubo cinco ataques contra periodistas en México, cuatro de ellos resultaron mortales y dos de esos asesinatos ocurrieron en una misma semana en la ciudad fronteriza de Tijuana. El 10 de enero apareció en Veracruz el cuerpo sin vida de José Luis Gamboa; el 17 de enero, Alfonso Margarito Martínez Esquivel murió acribillado; el 23 enero, María Guadalupe Lourdes Maldonado fue asesinada, también a tiros, frente a su casa; el 19 de enero medios locales de Yucatán informaron que el periodista Jaime Vargas había sido apuñalado y debió ser hospitalizado. Por último, el 31 de enero, Roberto Toledo fue asesinado en Michoacán.
Ya hace más de veinte años que México es considerado uno de los países más peligrosos para los trabajadores de la prensa. Ello llevó a que en 2019, al cumplirse un año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, IFEX participara de una misión internacional junto a muchas otras organizaciones. Según el informe de la misión, en ese momento el gobierno asumió ciertos compromisos que fueron bien recibidos, entre ellos, la garantía de que se asignarían fondos suficientes al Mecanismo Federal para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, las organizaciones participantes lamentaron la existencia de “brechas de entendimiento” entre el gobierno y los objetivos de la misión que se reflejaban, por ejemplo, en el constante discurso antagónico del gobierno hacia la prensa crítica.
Los sucesos trágicos que marcaron el inicio de 2022 ponen de manifiesto el largo camino que aún queda por recorrer en términos de medidas que deben adoptarse para proteger a los periodistas y defensores de los derechos humanos en México. Los mecanismos de protección de periodistas a nivel federal y estatal, que son uno de los pocos compromisos del Estado mexicano en este sentido, están resultando insuficientes. Tanto Lourdes Maldonado como Roberto Toledo, al igual que otros periodistas asesinados en México, se habían acogido a esas protecciones. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió al Mecanismo Federal para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se expresara sobre estos hechos, pero al cierre de esta nota aún no había respuesta de ese organismo.
La noticia de la muerte de Maldonado provocó una movilización espontánea de periodistas mexicanos a lo largo y ancho del país. Miles de personas en varias ciudades se unieron a las manifestaciones a pesar de la pandemia.
La periodista Estrella Pedroza, una de las organizadoras de la protesta, destacó que las mujeres periodistas son especialmente vulnerables: “Lo que a mí en particular me da miedo es cómo le dispararon a una compañera, casi frente a su casa” […] Si el periodismo es trabajo peligroso, es doblemente peligroso para las mujeres”. El reportero Alejandro Castro también habló con el CPJ y señaló que las manifestaciones podrían ser “un momento histórico en la lucha colectiva por condiciones de trabajo mejores, más seguras y dignas”, y opinó que la gran participación de periodistas jóvenes evidenciaba un “cambio generacional”.
En Venezuela, José Gregorio Urbina, director de la emisora de radio comunitaria Frontera 92.5 FM fue asesinado el 10 de enero en su casa de Puerto Páez, en el estado fronterizo de Apure, según informó el miembro de IFEX IPYS Venezuela. Urbina también militaba en política a nivel local, entre otros ámbitos en el Partido Comunista de Venezuela, que afirmó en Twitter que Urbina había sido amenazado por la Guardia Nacional Bolivariana tras denunciar falsos positivos (esto es, el asesinato de civiles que se presentan a las autoridades como guerrilleros muertos en combate) presuntamente orquestados por esa fuerza policial en la región.
En Haití, la guerra entre pandillas que domina el paisaje de muchos de los barrios más pobres de la periferia de Puerto Príncipe es una manifestación de la profunda crisis social, política y de seguridad que se agudizó tras el asesinato del presidente Jovenel Moise. En ese contexto, los periodistas que informan sobre esos hechos están cada vez expuestos al peligro. Amady John Wesley y Wilguens Louissaint fueron asesinados cuando cubrían los conflictos que se desarrollaban cerca de la capital. La DW informa que los periodistas fueron atacados presuntamente por dos pandilleros cuando intentaban entrevistar a un líder rival.
En Colombia, un coche bomba explotó frente a la sede del medio de comunicación local Trochando Sin Fronteras y la estación de radio local Sarare Stereo en Saravena, cerca de la frontera con Venezuela. La explosión causó destrozos en las instalaciones de estos medios y dañó varios equipos, incluidas las antenas. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), miembro de IFEX, en Arauca siete periodistas han sido presionados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos disidentes de las FARC para que publiquen información que les envían por WhatsApp, advirtiéndoles que se atengan a las consecuencias si se rehúsan a hacer lo que les piden. La región ha sufrido una escalada alarmante en las agresiones contra periodistas y la prensa en general tras el Proceso de Paz de 2016.
Pegasus es detectado en dispositivos de por lo menos 35 periodistas de El Salvador
Se constató que el software espía desarrollado por la compañía israelí Grupo NSO fue utilizado nuevamente en una agresiva campaña de vigilancia contra periodistas, esta vez en El Salvador. A pesar de que NSO ha asegurado reiteradas veces que Pegasus solo se vende a gobiernos y que fue diseñado para combatir la delincuencia y el terrorismo, el programa malicioso (o malware) sigue apareciendo en acciones de vigilancia dirigidas a periodistas y activistas críticos de ciertos gobiernos. La más reciente oleada de vigilancia fue revelada por una investigación encabezada por una coalición de organizaciones de derechos digitales, entre ellos Access Now, Citizen Lab y Social TIC. La investigación descubrió que entre los vigilados había periodistas vinculados a medios locales, como El Faro, Gato Encerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, Diario El Mundo y El Diario de Hoy, además de dos periodistas independientes. Como suele suceder en estos casos, la vigilancia también abarcaba a organizaciones de la sociedad civil, como Fundación DTJ y Cristosal.
Mediante un peritaje, la investigación puso de manifiesto la particular agresividad de las acciones de vigilancia en el caso de El Faro y el hecho de que estas coincidieran con momentos de tensión política e importantes revelaciones realizadas por ese medio, como las negociaciones del presidente Nayib Bukelew con la pandilla MS-13 para obtener apoyo político. “No nos ha sorprendido sabernos intervenidos, sino la cantidad, frecuencia y duración de estas intervenciones. Casi todo El Faro ha sido intervenido”, dijo Carlos Dada, fundador y director de El Faro.
La hostilidad de Bukele hacia la prensa y las organizaciones de la sociedad civil ha sido evidente desde un comienzo; pero como dijo Dada al medio nicaragüense Confidencial, esta campaña de espionaje hace aún más difícil su labor. Los periodistas en El Salvador ya no tienen casi acceso a información pública, por lo que dependen enormemente de sus fuentes y este tipo de ataques las expone a un gran riesgo.
Los miembros de IFEX Article 19 Oficina México y Centroamérica y ARTIGO19 Brasil e América do Sul, Fundación Karisma, Derechos Digitales, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Electronic Frontier Foundation (EFF) firmaron con otras organizaciones una declaración conjunta en la que exhortan a organismos internacionales y regionales a adoptar medidas urgentes para hacer frente a la “explosión inédita del uso de vigilancia por parte de los gobiernos, apoyada por empresas privadas como NSO Group y otras”. Las organizaciones firmantes hacen hincapié en el efecto pernicioso de dejar pasar esta vigilancia sin oponerse:
“La falta de rendición de cuentas de estas conductas tan atroces por parte de las autoridades públicas y empresas privadas permite que florezca la cultura de la vigilancia y se destruyan los derechos humanos”.
La aprobación de una reforma de cinco artículos del Código Procesal Penal de El Salvador augura más problemas en el horizonte, ya que, en aras de combatir los “ciberdelitos”, se faculta a “agentes digitales encubiertos” a acceder datos e información en cualquier dispositivo. Si bien algunos diputados que impulsaron la reforma aseguran que su intención no es intervenir las comunicaciones de periodistas, organizaciones de la sociedad civil temen que esta nueva medida “legalice el espionaje”.
En breve
Veintisiete recomendaciones para Venezuela: IPYS Venezuela, miembro de IFEX, resumió las recomendaciones formuladas por 25 Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos durante el tercer ciclo de Examen Periódico Universal del país, en las que se insta al Estado venezolano a promover la prensa libre, reabrir medios de comunicación cerrados, garantizar la seguridad de los periodistas y cesar la persecución y criminalización de los comunicadores. La severidad de las recomendaciones contrasta con el informe presentado por el gobierno de Venezuela, en el que se afirma que “en el país los periodistas ejercen diariamente su labor sin más limitaciones que las derivadas de lo establecido en la Constitución y las leyes”.
Hostigamiento jurídico en Perú: Un juez penal de Lima condenó al periodista Christopher Acosta y al director de la sucursal peruana de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, por el delito de difamación en perjuicio de quien fuera alcalde de la capital peruana y dos veces candidato presidencial, César Acuña. El tribunal dictó una sentencia de dos años de prisión suspendida para ambos y ordenó a Acuña que pagara una reparación civil de 400 mil soles (US$ 102.608). Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe de CPJ, calificó a la condena como “el más reciente escandaloso ejemplo del reiterado uso de las disposiciones penales sobre la difamación y el sistema judicial peruano para suprimir el trabajo periodístico sobre asuntos de interés público”. IPYS y Voces del Sur emitieron una declaración en la que rechazaron la decisión del tribunal. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado de prensa manifestando su preocupación y advirtiendo sobre el “potencial efecto intimidatorio” de la sentencia.
Estados Unidos debe respaldar su retórica con acciones: Un informe especial del CPJ destaca el “marcado contraste” entre los discursos de Donald Trump y Joe Biden hacia la prensa, pero advierte que hay actitudes del actual presidente que siguen preocupando a los defensores de la libertad de prensa. Entre otras cuestiones, se señalan “el limitado acceso de los periodistas al presidente, la lentitud de la administración Biden para responder a las solicitudes de información, la prevista extradición de Julian Assange, las restricciones al acceso de los medios en la frontera sur de Estados Unidos, y la limitada asistencia a los periodistas afganos”.
Canadá: La Asociación Canadiense de Periodistas exhorta a las redacciones de los medios de prensa a que consideren adoptar medidas de seguridad para proteger a los reporteros que envían a cubrir las protestas contra los requisitos de vacunación de COVID-19 que están siendo protagonizadas por camioneros en Canadá – el llamado “Convoy de la Libertad 2022” – ante un clima creciente de violencia y hostigamiento hacia periodistas: “Algunos periodistas han recibido amenazas de muerte acompañadas de epítetos racistas. Otros han sido escupidos y agredidos verbal y físicamente. En un caso, se rompieron las ventanas de un vehículo de noticias de la cadena CBC/Radio-Canada”.
Guatemala: proyecto de ley contra personas trans en el horizonte. Un grupo de legisladores acude a una retórica de protección contra los “trastornos de identidad de género” como argumento para justificar una iniciativa de ley que “prohibiría difundir información sobre identidad de género en los programas de educación sexual de las escuelas”, según informa Human Rights Watch. Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos de las personas LGBTQ+, resaltó que el proyecto de ley “no tiene fundamento científico y estigmatiza las personas transgénero como un colectivo que corrompe y perjudica a los niños”, lo que a su vez agudiza la situación de violencia que sufre la comunidad trans en Guatemala.
