Febrero de 2022 en Asia y el Pacífico: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Mong Palatino, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
A poco de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, este informe recoge historias de mujeres que sortean diversos desafíos para crear un espacio cívico seguro para todas: periodistas que son perseguidas por su labor, estudiantes que protestan contra la prohibición del hiyab en el sur de la India, una abogada de Sri Lanka que denuncia violaciones de los derechos humanos y trabajadoras del hotel NagaWorld de Phnom Penh que se levantan en huelga contra la constante intimidación del gobierno.
Un clima peligroso para las mujeres periodistas
Rana Ayyub es una premiada periodista india y columnista del Washington Post que ha sido ferozmente troleada por grupos nacionalistas hindúes por sus informes periodísticos críticos del Primer Ministro Narendra Modi. En enero se intensificaron los ataques en línea contra Ayyub, instigados por troles pro-sauditas, luego de que ella tuiteara sobre violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población yemení. En el punto más álgido, Ayyub llegó a recibir 26.000 tuits con amenazas de violación y muerte dirigidas a ella y a su familia en un solo día. A este “linchamiento digital” le siguió una orden del gobierno de congelar sus cuentas bancarias y sus bienes tras acusarla de malversar fondos que había recaudado para víctimas de COVID-19. A pesar de la campaña de hostigamiento en línea, Ayyub no se dejó amedrentar:
“La campaña de desprestigio en mi contra no me hará renunciar al compromiso profesional de continuar con mi labor periodística y sobre todo de plantear cuestiones críticas y hacer preguntas incómodas, que es mi deber como periodista en una democracia constitucional.”
Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado su apoyo a Ayyub. Por su parte, colegas y grupos de medios han emitido declaraciones instando a las autoridades a poner fin a la persecución de una periodista que solo es culpable de ejercer su profesión.
[Traducción: La edición del Washington Post de hoy dedica una página entera a la caza de brujas de la que soy víctima. No hay palabras para agradecer a mis colegas y al medio de prensa por su respaldo en un momento tan crítico para mí. Prometo seguir luchando por la verdad @elopezgross @washingtonpost @wppressfreedom]
La violencia contra Ayyub es un reflejo de las crecientes amenazas que enfrentan las periodistas musulmanas en la India. Recientemente, más de 20 periodistas fueron “subastadas” en una aplicación maliciosa que difundía fotos e información de contacto de las periodistas extraídas de sus perfiles de redes sociales. La aplicación fue eliminada y la policía asegura que ya arrestó a quienes la crearon, pero este último ciberdelito es solo una de las muchas formas de violencia que deben soportar y a la que deben sobreponerse las mujeres periodistas bajo un régimen cada vez más intolerante.
Rozina Islam es una periodista de investigación que trabaja para el medio de prensa Prothom Alo, en el que ha publicado informes sobre la corrupción y los problemas en la respuesta que se dio a la pandemia en Bangladesh. La galardonada periodista fue arrestada y detenida durante una semana tras reunirse con el Ministro de Salud en mayo de 2021. La policía inició una investigación en su contra aduciendo que se habían encontrado fotografías y documentos clasificados en su teléfono. Se le confiscó el pasaporte, el teléfono celular y las acreditaciones de prensa. También se le prohibió el ingreso a dependencias ministeriales, lo que le impidió desarrollar su labor periodística.
A Islam se le acusa de violar la Ley de Secretos Oficiales. Diversos grupos, entre ellos varios miembros de IFEX, firmaron una declaración conjunta denunciando la falta de un verdadero examen de fondo en la causa judicial en su contra y pidiendo al gobierno que respete el derecho al debido proceso. Al mismo tiempo, las organizaciones advierteron sobre el deterioro de la libertad de prensa en Bangladesh.
“El caso de Rozina es ilustrativo de una persecución más amplia y cada vez más violenta de la libertad de prensa en Bangladesh. En 2021, por lo menos 80 periodistas habrían sido agredidos, heridos o asesinados mientras ejercían su profesión. Corren riesgo sobre todo quienes exponen la corrupción gubernamental o manifiestan su oposición.”
Sincha Dimara lleva 33 años trabajando para EMTV, la emisora pública de Papua Nueva Guinea. Dimara fue separada de su cargo como directora de noticias de EMTV por supuesta injerencia política. Grupos de medios y periodistas de la región del Pacífico se unieron en apoyo a Dimara, que fue suspendida por 21 días sin sueldo por insubordinación. Según se informó, su suspensión tuvo que ver con una disputa editorial por una noticia en la que se criticaba un procedimiento policial y que molestó a un ministro de gobierno. Integrantes del personal de EMTV que realizaron un paro en apoyo a Dimara fueron primero suspendidos y luego despedidos.
Kora Nou, presidente de la Asociación de Noticias de las Islas del Pacífico, miembro de IFEX, manifestó su preocupación por la situación en EMTV News y exhortó a otros grupos de medios de la región a proteger su independencia editorial.
“A la luz de la situación actual en EMTV de Papua Nueva Guinea, exhorto a todas las organizaciones de noticias a defender y proteger siempre su independencia editorial a toda costa; eso es lo que los define como medios independientes e imparciales.”
Sri Lanka: Solidaridad con Ambika Satkunanathan
Ambika Satkunanathan es una destacada abogada y ex integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka. El 27 de enero Satkunanathan habló ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo sobre el deterioro del espacio cívico en su país bajo el gobierno del Primer Ministro Mahinda Rajapaksa. El gobierno de Sri Lanka calificó de engañosa y falsa a su intervención.
Ocho grupos de la sociedad civil respondieron expresando su profunda preocupación por la declaración del ministro de relaciones exteriores esrilanqués, que refutó lo dicho por Satkunanathan. Estos grupos afirmaron que la declaración “constituye claramente un acto de hostigamiento e intimidación” y señalaron que Satkunanathan había descrito con precisión una situación que ya había sido denunciada por las Naciones Unidas, así como por muchas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Satkunanathan señaló que teme que la declaración del gobierno pueda estar “dirigida a silenciar las críticas a políticas y medidas del gobierno”. También advirtió que luego de que el ministerio emitiera su declaración se difundió información falsa en su contra. Sin embargo, Satkunanathan reivindicó su derecho a denunciar los abusos cometidos por quienes están en el poder.
“Cuestionar las acciones de los representantes electos de este país que conducen al sufrimiento y la marginación de comunidades vulnerables es mi derecho y mi deber cívico como ciudadana de Sri Lanka, así como lo es exigir que se rindan cuentas de esas acciones.”
Aparición pública de Peng Shuai en las Olimpíadas de Invierno en “entrevista controlada”
La campeona de tenis china Peng Shuai conmocionó a sus seguidores y a la opinión pública el año pasado cuando acusó a un ex alto funcionario del Partido Comunista Chino de acoso sexual. Poco después, la tenista desapareció y sus cuentas en redes sociales fueron eliminadas, alarmando a sus fans y a organismos deportivos de todo el mundo.
El 7 de febrero, durante las Olimpíadas de Invierno, Shuai fue entrevistada por el medio francés L’Equipe, pero ese reportaje no logró tranquilizar a los seguidores de la tenista sobre su seguridad.
Peng denunció el acoso en noviembre, pero posteriormente se retractó. Los censores chinos no demoraron en filtrar las palabras clave relacionadas con el tema. En los últimos meses Peng apareció en público en alguna oportunidad, pero persistieron las dudas sobre si realmente puede expresarse y moverse libremente.
El periodista francés que entrevistó a Peng tampoco quedó totalmente convencido de que no corriera peligro. Luego de entrevistarla calificó al reportaje de “propaganda”, pues para realizarlo debió presentar las preguntas con antelación. Además, un funcionario olímpico chino estuvo presente en calidad de intérprete durante la entrevista a pesar de que Peng habla inglés.
Grupos de derechos humanos y la Asociación de Tenis Femenino (Women’s Tennis Association, o WTA) siguen exigiendo que se lleve a cabo una investigación independiente sobre las acusaciones realizadas por Peng.
Nighat Dad: “¿Por qué hacemos lo que hacemos?”
La abogada pakistaní Nighat Dad es la fundadora y directora del miembro de IFEX Fundación de Derechos Digitales (Digital Rights Foundation, o DRF). Su trabajo en materia de derechos digitales es reconocido a nivel internacional, en particular su defensa de los derechos digitales de las mujeres, las minorías y las disidencias. En un hilo de Twitter, Dad reflexiona sobre cómo el trabajo de DRF ha tenido un importante impacto positivo en la vida de muchas mujeres a través de su línea de ayuda a víctimas de ciberacoso. Dad describe también el enorme trabajo de su equipo en un caso concreto de violencia sexual que fue “extremadamente traumático” para la víctima, pero en el que a la larga se logró detener al agresor y llevarlo ante la justicia.
[Traducción: Hilo: ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cada tanto, en @DigitalRightsPK nos enfrentamos a casos que no solo nos plantean un desafío sino que también reafirman nuestra convicción por el trabajo que hacemos, y por qué lo hacemos. Entre los innumerables desafíos que enfrentamos como organización y equipo (…) Para nosotro/as es importante recordar que lo que estamos haciendo no solo llena un vacío en el abordaje de la violencia digital en Pakistán, sino que en muchos casos, ha salvado la vida de mujeres jóvenes tanto en ciudades como en zonas remotas.]
Camboya: Ataque a mujeres en huelga
El 18 de diciembre de 2021 más de 1.300 empleados y empleadas del Casino NagaWorld en Camboya, cuya mayoría son mujeres, fueron despedidas. Como respuesta, iniciaron una huelga exigiendo el pago de indemnización y su reintegro. Desde entonces, los huelguistas han sufrido diversas formas de violencia e intimidación a manos de las autoridades.
Grupos de la sociedad civil han señalado que “las acciones del gobierno para desarticular la huelga pacífica han estado dirigidas reiterada y desproporcionadamente” a mujeres huelguistas. Algunas incluso han acusado de acoso sexual a policías. Las autoridades también han invocado arbitrariamente los protocolos de COVID-19 para detener las movilizaciones. “Los actos de violencia contra las mujeres sancionados por el Estado, la aplicación arbitraria de medidas de mitigación de COVID-19 y el uso del poder judicial para reprimir la movilización pública son medidas injustificadas e ilegales tanto en el derecho internacional como en la legislación nacional.”
A pesar de estas dificultades, los y las huelguistas no han cedido y continúan reclamando sus derechos.
[Traducción: Ayer, dos grupos de trabajadores y sindicalistas de #NagaWorld intentaron continuar con su huelga pacífica. El primer grupo fue rodeado por guardias de seguridad. Unos 200 policías impidieron que el segundo grupo se congregara frente a Naga World II. Los policías subieron por la fuerza a los y las huelguistas a autobuses y se los llevaron.]
Protestas por prohibición del hiyab en el sur de la India
En febrero, mujeres estudiantes se manifestaron en protesta por la prohibición del hiyab, o pañuelo usado para cubrirse la cabeza, en algunas instituciones educativas estatales de Karnataka, estado del sur de la India.
La prohibición contó con el respaldo del partido de gobierno, Bharatiya Janata, que adujo que era necesaria para mantener el orden público. Pero grupos de derechos humanos sostienen que la prohibición es la “muestra más reciente de que las autoridades indias buscan marginar cada vez más a los musulmanes y exponerlos a más violencia.”
Las manifestantes denunciaron que se les impidió ingresar a sus aulas y que fueron abucheadas por nacionalistas hindúes. Además, los datos personales de las estudiantes que encabezaron las protestas se filtraron en internet.
Las estudiantes ya iniciaron una acción judicial cuestionando la constitucionalidad de la prohibición del hiyab.
Por su parte, la directora de Human Rights Watch para Asia Meridional, Meenakshi Ganguly, dio el siguiente consejo al gobierno local: “En vez de meterse en política comunitaria, las autoridades indias deberían dedicarse a proteger los derechos de todas las mujeres y las niñas, incluyendo su derecho a la libertad de culto y expresión y su derecho a la educación.”
