IFEX - ALC mira con profunda preocupación las posibles consecuencias del proyecto de ley que se discute actualmente en el seno de la comisión legislativa, cuya aprobación podría traducirse en serias consecuencias para la libertad de expresión y en un alejamiento directo del Estado uruguayo de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La iniciativa del Poder Ejecutivo uruguayo de derogar la vigente ley de Servicios de Comunicación Audiovisual deja el campo libre a una vuelta de disposiciones y limitaciones venidas del período dictatorial, que limitarían significativamente la libertad de expresión y el acceso a la información; y que amenazarían asimismo con el cierre de medios que, de acuerdo con lo que estime la autoridad gubernamental, atenten contra la “moral” o el “prestigio” de la República.
El pasado 15 de julio OBSERVACOM, expuso ante la Comisión Parlamentaria su posición contraria a la derogación de la Ley de Medios, apuntó que “no hay razón suficiente para la derogación total” y advirtió de sus consecuencias complejas, que “serían incompatibles con el derecho a la libertad de expresión [así como el acceso a] una internet libre y abierta.”
Del mismo modo, OBSERVACOM y Cainfo se unieron también a otras organizaciones de la sociedad civil, para hacer llegar una misiva formal al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertando sobre los efectos de la iniciativa de ley y pidiéndole hacer seguimiento a través de los canales de los que dispone la CIDH.
Entre otras consecuencias, la derogación de la ley eliminaría disposiciones consagradas a evitar la concentración mediática y también a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como otros derechos reconocidos a periodistas como el derecho a objeción de conciencia.
Otro aspecto preocupante es el retorno a una discrecionalidad completa en lo que respecta a la asignación de frecuencias para medios audiovisuales, elemento que permitió tanto al régimen de la dictadura militar y como a los dos gobiernos los que le siguieron la entrega arbitraria de concesiones a nuevos medios de comunicación bajo criterios políticos. Con esto se elimina la obligación de hacer llamados, concursos o proyectos y se deja de lado cualquier criterio de transparencia y participación pública.
En suma, la derogación de la ley constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos, particularmente la libertad de expresión, con fuertes impactos en el largo plazo a la democracia uruguaya. Por ello exhortamos al Parlamento del Uruguay a no derogar la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y con ello velar por que no se desestimen los esfuerzos que han hecho de Uruguay ejemplo y referente de democracia y de defensa de derechos humanos a nivel regional e internacional.
Sobre IFEX-ALC:
IFEX-ALC, de la red global de IFEX, está integrada por 24 organizaciones en 14 países de América Latina y el Caribe dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y la prensa libre.
