Vigilancia en las Américas: un resumen especial producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
La vigilancia digital sigue avanzando en la región, limitando el derecho a la privacidad y recortando libertades básicas en el espacio cívico, al tiempo que amenaza la seguridad de periodistas y defensores de los derechos humanos. En muchos casos, las nuevas tecnologías son utilizadas por regímenes autoritarios para invadir la privacidad de los ciudadanos, afectando a comunidades de inmigrantes, periodistas, defensores de derechos y opositores políticos. Esta práctica también trasciende fronteras. En particular en las Américas, herramientas desarrolladas y aplicadas con la excusa de que son necesarias para combatir la delincuencia y promover la seguridad no cumplen con estándares de derechos humanos básicos, mientras que iniciativas para construir ciudades más “inteligentes” se están convirtiendo en sistemas invasivos de recolección y explotación de datos sin la suficiente transparencia.
Pegasus: una forma de vigilancia violenta – y aún sin control – en manos de gobiernos
Ha pasado un año desde que un estudio de Amnistía Internacional reveló cómo gobiernos de todo el mundo utilizan el software espía Pegasus para vigilar a activistas de los derechos humanos, líderes políticos, periodistas y abogados, pero, aparte de un proyecto de ley presentado recientemente en Estados Unidos que busca sancionar a compañías estadounidenses que adquieran software espía desarrollado en el exterior, aún no se han adoptado medidas concretas para establecer una moratoria en el uso de ese software o regularlo de manera significativa, algo que ha pedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su Relator Especial.
Uno de los casos que salieron a la luz a principios de este año, gracias a una investigación encabezada por una coalición de organizaciones de derechos digitales (entre ellas Access Now, Citizen Lab y Social TIC), es el del galardonado medio de prensa centroamericano El Faro. La CIDH también ha expresado su profunda preocupación y ha instado al gobierno de El Salvador a esclarecer los hechos denunciados.
Al conocerse los hallazgos de esa investigación, los miembros de IFEX ARTICLE 19 Oficina México y Centroamérica, ARTIGO19 Brasil, Fundación Karisma, Derechos Digitales, R3D y EFF emitieron una declaración conjunta en la que exhortaban a organismos internacionales y regionales a tomar medidas urgentes.
De las 35 personas que se ha comprobado que están siendo vigiladas en El Salvador, casi la mitad son mujeres. En esos casos, el efecto de la vigilancia tiene matices particulares. Según testimonios de mujeres espiadas con Pegasus, que fueron recogidos y publicados por Access Now, la intimidación, el acoso y el lenguaje difamatorio utilizados contra ellas suelen ser de carácter sexual y apuntar a su vida privada y sus relaciones personales. La información sobre mujeres recabada a través de la vigilancia puede ser usada para atacar su imagen y dignidad, aprovechando un clima ya violento para agredirlas, sin mencionar los efectos psicológicos que supone para ellas la violación de su privacidad.
Esta forma de violencia de género ejercida a través de la vigilancia digital también fue señalada en abril de 2022 por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, quien señaló que en algunos países la “vigilancia digital selectiva se ha centrado de manera desproporcionada en mujeres periodistas”.
Los casos detectados en Centroamérica no son para nada excepcionales. México es otro caso bien conocido, destacado por los miembros de IFEX ARTICLE 19 y R3D México. En ese país se han denunciado más de 15.000 números de teléfono locales vigilados con Pegasus – aunque este software espía no es el único método empleado, ya que el Estado ha ido aumentado su control sobre los ciudadanos. Entre los vigilados están defensores de los derechos humanos y los familiares de los 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos en Ayotzinapa en 2014, así como el periodista Cecilio Pineda Brito, que fue asesinado en marzo de 2017, pocas semanas después de que se supiera que su número de teléfono figuraba en una lista de personas vigiladas con el software espía, según indican informes.
Venezuela: vigilancia en un contexto de comunicación ya limitado
A finales de junio de 2022, un informe de transparencia en las comunicaciones publicado por la telefónica española Movistar – casa matriz de Movistar Venezuela – reveló que la compañía había interceptado más del 20 % de las líneas telefónicas y de internet de sus clientes venezolanos. El informe indicó que estas intervenciones se realizaron en respuesta a órdenes y solicitudes del gobierno venezolano. Movistar Venezuela interceptó un total de 1.584.547 líneas en 2021. Según la organización local Ve Sin Filtro, no solo se monitorearon llamadas, sino también mensajes de texto (SMS) para establecer la ubicación de un usuario a través del uso de su teléfono celular o siguiendo sus movimientos en línea.
Pero las acciones no se limitan a monitorear la actividad de los usuarios. De hecho, 997.679 líneas de Movistar Venezuela fueron objeto de solicitudes de metadatos con el fin de obtener el nombre de usuario, datos para determinar el origen o destino de una llamada (incluidos el número de teléfono y el nombre de usuario utilizado para acceder a internet), fecha y hora de la comunicación, tipo de comunicación e identidades de dispositivos y ubicación del dispositivo en sí.
El informe señala que estos pedidos suelen provenir de organismos como el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y otras autoridades militares y policiales. Ve Sin Filtro subraya que no hay mención alguna en el informe de que las solicitudes estén acompañadas por una órden judicial o autorización de un juez.
Este y otros casos de gobiernos autoritarios que utilizan la tecnología para acosar y perseguir a sus ciudadanos y opositores políticos deberían alarmarnos, especialmente teniendo en cuenta la creciente tendencia mundial a que la represión digital trascienda fronteras y los numerosos periodistas y activistas que se ven obligados a huir del país por su seguridad y para poder seguir trabajando desde el extranjero.
Tú le llamas protección, yo le llamo vigilancia…
En los últimos años, la tecnología se ha impuesto como la solución preferida para combatir la delincuencia en la región. No obstante, esta tendencia de los gobiernos de la región hacia el tecno-solucionismo ha recibido amplias críticas, sobre todo por la ausencia de análisis complejos que son necesarios para garantizar que el uso de estas tecnologías sea compatible con el respeto a los derechos humanos. Una de las luchas actuales surge ante los continuos esfuerzos por parte de los gobiernos de instalar sistemas de reconocimiento facial y vigilancia masiva, sin consultar ni dar participación a la ciudadanía, empleando tecnologías desarrolladas fuera de la región sin mucho conocimiento del contexto en que se usarán.
Según un informe reciente dirigido por el miembro de IFEX, ADC, la tecnología de vigilancia que emplea datos biométricos continúa avanzando en Argentina, Brasil y Ecuador. El informe también señala a las compañías que están detrás de estas herramientas consideradas “peligrosas” y describe las políticas y prácticas implementadas por los gobiernos que vulneran los derechos de las personas. ADC indica que el uso de estas tecnologías se sigue propagando y subraya que es clave que el público en general esté informado y sea consciente de estas iniciativas, así como de sus aplicaciones problemáticas.
En otros casos se han logrado pequeñas victorias gracias a denuncias e investigaciones sobre el uso de la tecnología en espacios públicos y la recolección abusiva de datos. Así sucedió en Perú, donde la organización local HiperDerecho, junto con Access Now, presentó una denuncia que culminó el 14 de julio con la decisión de la Autoridad de Protección de Datos Personales de sancionar a la Municipalidad de La Victoria (Lima) por procesamiento de datos personales obtenidos a través de cámaras de seguridad.
Otra victoria para el derecho a la privacidad se dio en dos de las ciudades más grandes del continente: São Paulo, Brasil (en marzo) y Buenos Aires, Argentina (en abril). En ambos casos, la justicia local falló en contra de la utilización de sistemas de reconocimiento facial, dando esperanzas a los activistas de que se pueden lograr decisiones similares en el resto de la región.
Estados Unidos brindó un ejemplo extremo de cómo cambios radicales en la legislación pueden dar la razón a los defensores del derecho a la privacidad. La revocación de la sentencia conocida como “Roe contra Wade”, que eliminó el derecho al aborto como derecho constitucional, hizo saltar las alarmas sobre el uso de datos de salud reproductiva en línea. En este sentido, el miembro de IFEX, EFF, ha estado impulsando la aprobación del proyecto de ley “Mi cuerpo, mis datos”, dirigido a “proteger la privacidad y la seguridad de quienes buscan atención médica para cuestiones de salud reproductiva”, a la vez que sigue una investigación encabezada por tres integrantes del Congreso (iniciada en julio) sobre la recolección y venta indiscriminada de datos por agentes de datos.
Desde hace unos años, la vigilancia digital pública ha estado bajo la mira de varias organizaciones en las Américas y ha sido objeto de numerosas campañas de concienciación e intensas investigaciones que proporcionan una buena base para la labor actual y futura en defensa de derechos. Por ejemplo, el miembro de IFEX, Derechos Digitales, ha publicado informes sobre el uso de algoritmos para vigilar zonas urbanas y los impactos de la vigilancia más allá de la privacidad en los casos de Venezuela y Bolivia. En 2021, Derechos Digitales se unió a varias organizaciones, incluidos varios miembros de IFEX como Fundación Karisma, ARTICLE19 Oficina México y Centroamérica, R3D y FLIP, para advertir sobre los riesgos del ciberpatrullaje, es decir, la vigilancia de las actividades de los usuarios de internet por la policía y otras autoridades.
En breve
Continúa la violencia en Haití: Una nueva ola de violencia pandillera ha cobrado cientos de víctimas mortales y “profundizado la crisis humanitaria, política y de derechos humanos en el país”, informa Human Rights Watch. La organización exhorta a los gobiernos de Estados Unidos y de América Latina a que no deporten a inmigrantes haitianos y que apoyen urgentemente los esfuerzos de las organizaciones locales de la sociedad civil.
IFEX-ALC exhorta al parlamento uruguayo a no derogar la ley de medios vigente en ese país: de aprobarse, el proyecto de ley que se está debatiendo a nivel parlamentario podría afectar seriamente la libertad de expresión, reponer disposiciones y limitaciones del período dictatorial y traducirse en un alejamiento directo del Estado uruguayo de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo continúa su guerra contra los medios de comunicación independientes y la sociedad civil. A principios de julio, ya eran más de 800 los grupos y organizaciones en el país que habían sido obligados a cerrar sus puertas, mientras que las viviendas de dos trabajadores del periódico La Prensa fueron allanadas por la policía y algunos miembros del personal fueron detenidos.
